¿Cómo puede resolverse la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Hay dos posibles soluciones para esta crisis que ha dañado el TEPJF, una institución fundamental para la joven democracia de México.
Un Tribunal Electoral opaco, politizado y en crisis, dos presidentes que dicen dirigir a la institución, y varias normas constitucionales que han sido interpretadas a conveniencia de las partes en conflicto, son el resumen del culebrón que esta semana protagonizaron los siete magistrados de la última instancia jurisdiccional que en materia electoral tenemos en nuestro país.
El problema no solo es que -de manera inédita- cinco magistrados hayan votado por remover a José Luis Vargas Valdez como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya actuación al frente de esa instancia es más que cuestionable, sino que lo hicieron acomodando varios artículos de la Constitución como fundamento legal de esa medida, a pesar de que esta última no está contemplada en ninguna norma, mucho menos en la carta magna.
Si bien la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdez en el TEPJF era ya insostenible, debido a que, entre otras faltas, ha sido acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos, la forma en la que sus pares decidieron removerlo de la titularidad de la Sala Superior del Tribunal tampoco fue la más adecuada, pues ni el artículo 99 constitucional, ni los numerales 171 y 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contemplan esa posibilidad.
Asimismo, Vargas Valdez aprovecha esta laguna para aferrarse al cargo de presidente del Tribunal Electoral, a pesar de que ha perdido la confianza de sus compañeros magistrados, quienes le acusan de mantener -desde hace casi un año- una actitud parcial, discrecional, poco ética y altamente politizada a favor de Morena, que pone en duda la independencia que formalmente deben tener todos los órganos jurisdiccionales.
De su lado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue nombrado presidente en sustitución de Vargas, con el voto de cuatro magistrados, aseguró en varias entrevistas radiofónicas que, desde su perspectiva, el cargo y la sesión pública en la que se le nombró para dirigir la Sala Superior gozan de legalidad.
¿Quién tiene la razón?
Los cinco magistrados opositores a Vargas, de los siete que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, sesionaron válidamente después de convocar a José Luis Vargas Valdez, quien no respondió a dicha convocatoria celebrada el miércoles pasado, considerando el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala que “bastará la presencia de cuatro magistrados o magistradas para que (la Sala Superior) pueda sesionar válidamente”.
Esa sesión se llevó a cabo luego de que el presidente del Tribunal suspendiera una sesión pública previa, en la que sus pares le pedían analizar su comportamiento al frente de esa instancia jurisdiccional.
No obstante, aunque la sesión en la que solo participaron cinco magistrados haya sido legal, la decisión de remover a José Luis Vargas Valdez del cargo de presidente no tiene fundamento en ninguna norma, pues jurídica y materialmente la titularidad del Tribunal Electoral no estaba vacante.
El artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación considera que solo “en caso de renuncia la Sala Superior procederá a elegir a una nueva presidenta o presidente, quien lo será hasta la conclusión del período para el que fue electo o electa el o la sustituida”.
Este numeral no contempla la posibilidad de que los magistrados remuevan al presidente de la Sala Superior, y nombren a uno nuevo por faltas cometidas por el primero.
Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo ya citado considera que, para designar a un nuevo presidente, en este caso interino, debe haber una ausencia del presidente de la Sala Superior de más de 30 días y no menor a seis meses, en tanto que el nombramiento de un presidente sustituto debe hacerse cuando la ausencia excede un semestre, lo cual no es aplicable al caso de José Luis Vargas Valdez.
Ergo, legal y constitucionalmente hablando, no puede considerarse válida la decisión tomada por los cinco magistrados con la que -de facto- se destituyó de la presidencia al magistrado Vargas. Esto no significa defender la actuación de este último, quien no solo debe dejar de ser presidente del Tribunal Electoral, sino además ser sancionado por las graves faltas que ha cometido.
¿La realidad supera lo legal?
Pese a lo anterior, en los hechos la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ya han desconocido el liderazgo de Vargas Valdez, aunque tácitamente reconocen que hay una severa crisis constitucional en esa institución, por lo que el jueves acudieron a entrevistarse con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
De su lado, José Luis Vargas presentó un escrito dirigido al pleno de la Suprema Corte solicitando su intervención para que el máximo tribunal del país dirima la controversia con base en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Esto último no es procedente pues ese numeral solo se refiere a las controversias que puede resolver el pleno de la Corte en la interpretación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución, por lo que los conflictos del Tribunal Electoral no están contemplados, ya que esa instancia está normada en el artículo 99 constitucional.
Por lo tanto, en esta crisis solo pueden vislumbrarse dos posibilidades: La primera ya fue planteada por el mismo Vargas Valdez, quien expresó en una entrevista que él estaría dispuesto a renunciar a la presidencia de la Sala Superior para que legalmente se elija una nueva.
Esto implicaría el reconocimiento de los cinco magistrados opositores de que su actuación el miércoles pasado no fue legal, lo que obviamente es muy difícil que ocurra por las consecuencias jurídicas que operarían en su contra.
La otra posible solución es recurrir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y en específico a la Comisión de esa instancia que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral, la cual debe estar integrada por el presidente del mismo TEPJF, un magistrado de la Sala Superior, y tres miembros de ese Consejo, de acuerdo con el décimo párrafo del artículo 99 de la Constitución.
De cualquier forma, independientemente de cómo se solucione constitucional y legalmente este conflicto, lo cierto es que la crisis del Tribunal Electoral muestra que, producto de la intervención que han hecho todos los partidos políticos, los ciudadanos hemos perdido a una institución fundamental para nuestra joven democracia.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.