¿Cómo afectaría a la transparencia la propuesta de desaparecer al INAI?
La propuesta del presidente López Obrador haría que el gobierno sea juez y parte en materia de transparencia y acceso a información pública
El acceso a la información pública, así como la protección de la privacidad y datos personales, son derechos humanos que están reconocidos en la Constitución desde 2002, por lo que la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) significaría restar estos derechos fundamentales de la esfera jurídica de todos los mexicanos.
En los hechos, eso es lo que plantea la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se pretende extinguir algunos organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI.
El documento propone que el derecho a conocer la información que genera la administración pública federal esté a cargo de la Secretaría de la Función Pública, una institución integrada a la misma administración y subordinada a la presidencia del país.
Es decir, en vez de contar con un organismo autónomo que posee las facultades para exigirles transparencia a todas las dependencias gubernamentales en el ámbito federal, el mandatario propone ser juez y parte en ese tema.
Lo mismo sucedería en las entidades federativas, pues serían los gobernadores, a través de las Contralorías estatales, los que manejarían la transparencia en sus demarcaciones.
Con esto, si al presidente o al gobernador en turno no le conviene que se conozca una información, simplemente no habría forma de exigirla.
Adicionalmente, la iniciativa desaparece por completo la protección de los datos personales en poder de los entes gubernamentales, mientras que la información de este tipo en poder de los particulares, quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente.
Ejercicio de DDHH
La reforma constitucional que propone el mandatario, al menos en lo que se refiere a la extinción del INAI, considera que este organismo “ha sido una institución onerosa, con una estructura burocrática obsesa, que no ha garantizado el acceso a la información y ha solapado la corrupción”.
Sin embargo, los datos contradicen esta afirmación, pues desde 2003, y hasta el pasado 22 de enero, el INAI ha recibido 3 millones 229,402 solicitudes de información, y 637,942 solicitudes sobre datos personales.
En total, la suma de estas dos cifras es de 3 millones 867,344 solicitudes en las que los mexicanos hemos ejercido ambos derechos: El acceso a la información pública y la protección de datos personales.
En estos 20 años y 22 días, considerando las estadísticas del INAI a partir del 1 de enero de 2003, en promedio esta institución ha recibido diariamente 503 solicitudes, o una media anual de 193,367 peticiones.
Comparativamente, en Estados Unidos, que tiene una población de 332 millones de habitantes, en 2022 se hicieron 328,217 solicitudes de información pública a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA, por sus siglas en inglés).
En México, con 126 millones de habitantes en ese mismo año el INAI registró 326,907 solicitudes de información, y 53,470 de datos personales.
Esto demuestra que, aunque la población de Estados Unidos casi triplica a la mexicana, en 2022 el INAI solo recibió 1,310 solicitudes menos que las que se registraron a través de FOIA en el país vecino.
Regreso al presidencialismo
Actualmente, además de las entidades gubernamentales, los partidos políticos y los sindicatos también están obligados a cumplir las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que, si incumplen con alguna solicitud que se les haga, es el INAI el encargado de exigirles la entrega de información.
En cambio, en la iniciativa presidencial para desaparecer a este organismo, las solicitudes de información para sindicatos que reciban recursos públicos estarían a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entes dedicados a resolver conflictos laborales, no de Transparencia.
En lo que se refiere a la información que deben proporcionar los partidos políticos, esta se regularía a través del llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, organismo que sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE), según el paquete de reformas constitucionales presentado por el presidente López Obrador la semana pasada.
En síntesis, con esta propuesta, se desdeña la importancia del derecho a la información pública, se elimina el derecho humano a la privacidad y protección de datos personales, además de que, con la extinción del INAI, se suprimiría un importante contrapeso que a lo largo de las últimas dos décadas ha servido para fortalecer nuestra incipiente democracia, acotando al presidencialismo mexicano.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.