Combate al fentanilo en México, ¿problema de seguridad o de salud pública?
Mientras bajan las importaciones de esta droga en EEUU, el consumo del opioide ha aumentado en México, aunque no hay datos exactos de ello.
El tráfico ilegal de fentanilo, un opiáceo 100 veces más fuerte que la morfina, no solo ha fortalecido a los grupos del crimen organizado mexicano debido a las multimillonarias ganancias obtenidas por su trasiego, también es un problema de salud pública que podría agravarse en nuestro país si en Estados Unidos se logra disminuir la circulación y consumo de esa droga.
Por lo pronto, las exportaciones ilícitas de fentanilo que llegaban desde México al país vecino ya han decrecido, producto de un aumento en los decomisos realizados por las autoridades estadounidenses.
De hecho, en el año fiscal de esa nación, que va de octubre de 2022 a septiembre de 2023, se detuvo el ingreso de 11,607 kilogramos de fentanilo, lo que representa un aumento de más de 400% en comparación con los decomisos realizados en el año fiscal de 2020, cuando la incautación total del opioide solo fue de 2,173 kilogramos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Es decir, las importaciones de los narcotraficantes que operan en suelo norteamericano están bajando, lo que quiere decir que sus pares mexicanos no han podido aumentar el envío de esa droga al país vecino.
Esto último no solo se reflejará en una disminución de las ganancias del crimen organizado en México, también es previsible que aumente la circulación y consumo de fentanilo en nuestro país.
Debido a que el comercio ilegal de psicotrópicos se comporta como cualquier otro mercado, si la demanda baja, la oferta de la mercancía aumenta, lo que implica que habrá más fentanilo en suelo mexicano que no podrá exportarse a la Unión Americana.
Medición deficiente en México
Desde 2018, en nuestro país “se ha constatado un crecimiento” en el uso de fentanilo entre la población, destacándose las ciudades de Mexicali y Tijuana, en Baja California; Ciudad Juárez, en Chihuahua; y San Luis Río Colorado, en Sonora, reconoce la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
De su lado, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ha reportado que, entre 2013 y 2022, 122 personas acudieron a instituciones públicas solicitando un tratamiento para eliminar la adicción al fentanilo. Asimismo, según la Secretaría de Salud, en nuestro país se registraron, entre 2020 y 2021, 45 muertes relacionadas con el consumo del opioide.
Ciertamente, estas cifras son insignificantes si se les compara con la epidemia que sufre Estados Unidos por el uso de fentanilo, donde este ha causado la muerte de más de 107,000 personas solo en 2021 y 2022.
Sin embargo, el problema en México es que no hay una metodología uniforme para medir con exactitud la adicción a esta droga, y lo mismo sucede con los datos de los decomisos, la destrucción de laboratorios, y la incautación de precursores que se importan para fabricar fentanilo en suelo mexicano, pues no hay información certera sobre lo que en estos temas ha hecho el gobierno federal.
Un claro ejemplo de esto es la disparidad de cifras, y la poca coordinación que existe entre las autoridades federales y los gobiernos de los estados fronterizos del norte del país: El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas ha reportado una tendencia al alza en las defunciones directamente relacionadas con el consumo de opiáceos.
Mientras que en 2011 se reportaron 10 muertes provocadas por sobredosis de algún opioide, en 2020 se registraron 26 fallecimientos. No existen datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas más allá de 2020, a pesar de que se trata de un organismo que depende de la Secretaría de Salud.
En contraste, en julio de este año, el Servicio Médico Forense de Baja California aseguró que en 2022 se recibieron 200 cuerpos de personas que fallecieron por el consumo de drogas, de estos, en al menos 60 casos (30%), los decesos se produjeron por sobredosis de fentanilo.
En cuanto a los decomisos, las autoridades mexicanas tampoco se ponen de acuerdo, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta septiembre de 2022, se habían destruido 1,063 laboratorios clandestinos en todos los estados, decomisándose 5,128 kilogramos de fentanilo.
En cambio, la Fiscalía General de la República ha informado que, de enero de 2019 a junio de 2022, se aseguraron 1,694 kilogramos de fentanilo en nueve entidades, además de 16.3 millones de pastillas de esa droga.
A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta que entre diciembre de 2018 y julio de 2023, los decomisos de fentanilo sumaron 7,569 kilogramos, de los cuales 1,731 corresponden a incautaciones realizadas en los primeros siete meses de este año.
Evidentemente, al no tenerse cifras uniformes, año por año, el gobierno federal mexicano muestra que no ha dado un seguimiento puntual del fenómeno que representa el tráfico y consumo de fentanilo, por lo que -en los hechos- el problema de salud pública por el uso de esta droga podría ser mucho mayor.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.