Caso Tlatlaya, en riesgo de quedar impune si FGR no concluye indagatoria en 30 días
Un juez de amparo ordenó a la FGR a definir la acusación en contra de los militares que, en 2014, habrían cometido 22 ejecuciones extrajudiciales.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un plazo de 30 días hábiles para definir formalmente la acusación en contra de varios militares sospechosos de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en contra de 22 presuntos delincuentes, en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Este lapso fue concedido a la FGR “por última ocasión” por parte del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, instancia que desde 2017 falló en contra de la Fiscalía debido a que esa dependencia ha sido omisa en la investigación de estos hechos.
El Ministerio Público federal debe realizar “un estudio acucioso y pormenorizado de la indagatoria”, y “determinar en definitiva la averiguación previa” en contra del personal castrense que habría participado en las ejecuciones extrajudiciales, ordenó a la FGR el juez Erik Zabal Goitia Novales.
El ultimátum que ha impuesto el togado a la Fiscalía, cuya copia posee ALTO NIVEL, forma parte de un amparo que se le otorgó en 2017 a la madre de una de las víctimas de Tlatlaya. Como se recordará, en ese municipio del suroeste del Estado de México, el 30 de junio de 2014 fueron asesinadas 22 personas que, según el Ejército, eran delincuentes.
De acuerdo con los testimonios de tres mujeres que sobrevivieron a esos hechos violentos, al menos 15 personas de las 22, fueron ejecutadas por los militares. De hecho, en la sentencia del amparo ya concedido se da cuenta de la existencia de instrucciones específicas -recibidas por los soldados- con las que se “ordena el abatimiento en horas de oscuridad” de los sospechosos.
Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió, en octubre de 2014, una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de la República, tras haberse acreditado que en Tlatlaya se cometieron violaciones graves a derechos humanos.
El Ombudsperson mexicano, cuyo titular hace nueve años era Luis Raúl González Pérez, detalló que en estos hechos se registraron actos de privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como conductas violatorias de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
En ese mismo sentido se concedió el amparo en el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, pues se probó que la FGR “ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos” de Tlatlaya, “con lo cual se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados a favor de la víctima, en el artículo 20, apartado B, constitucional”.
“Consecuentemente también se tiene acreditado la omisión de investigar respecto de la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados en los hechos”, se reitera en la sentencia de amparo.
En caso de que la FGR incumpla con el plazo y con esta sentencia, el Ministerio Público federal incurriría en uno de los delitos que se enlistan en la Ley de Amparo. El artículo 267 de esa norma prevé una pena de cinco a diez años de prisión, destitución, e inhabilitación hasta por diez años para desempeñar cargos públicos, a las autoridades que incumplan los fallos definitivos de un amparo.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.