¿Bajará el tráfico de armas si México gana la demanda contra fabricantes de EE UU?
En enero se reactivó la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas, a las que les reclama una indemnización de 10,000 millones de dólares.
Cada año ingresan a nuestro país medio millón de armas ilegales que son traficadas a través de la frontera con Estados Unidos, lo que tiene un impacto -en detrimento de México- que supera los 114,000 millones de dólares, al menos esos son los cálculos con los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logró revivir una demanda promovida en contra de ocho fabricantes estadounidenses de armas.
El ocurso, que México había perdido desde finales de 2022, ya se reactivó en este mes de enero gracias a que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, ordenó a una Corte de primera instancia admitir -excepcionalmente- la demanda mexicana, en la que nuestro país pide una indemnización de 10,000 millones de dólares.
Este proceso de carácter civil en el que México demandó a las empresas Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Camfour; Century International Arms; Colt’s Manufacturing; Remarms; Sturm, Ruger & Co.; e Interstate Sales, podría tardar en resolverse al menos dos años, a partir de la primera audiencia que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero.
No obstante, en caso de que el gobierno mexicano logre un fallo a su favor, ¿este será suficiente para que disminuya el tráfico de armas a nuestro país?
De acuerdo con un extenso documento del congresista de Texas Joaquín Castro, del Partido Demócrata, la respuesta es no, pues tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México deben coordinarse para interrumpir el tráfico de armas de fuego.
El político argumenta que los dos países deben “aumentar la colaboración interinstitucional para identificar, atacar, interrumpir y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales, responsables de la exportación de armas de fuego y municiones” a México.
Castro, miembro del subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (diputados), y los congresistas Dan Goldman y Mike Thompson, presentaron a finales de 2023 una iniciativa que propone crear la Ley de Desarme de Cárteles (Disarming Cartels Act), pues -en su opinión- las armas que se fabrican en su país “potencian el tráfico de personas y drogas” que realizan las organizaciones criminales mexicanas.
La propuesta plantea que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que depende del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, debe establecer un mecanismo para compartir información con México sobre las armas de fuego que se venden en el sur de la frontera norteamericana.
Asimismo, propone que debe mejorarse la coordinación entre las autoridades de las dos naciones, “para aumentar las inspecciones de salida” de los ciudadanos que se trasladan a México, sobre todo vía terrestre.
Los legisladores también quieren exigir al secretario de Seguridad Nacional de su país, Alejandro Mayorkas, que proporcione informes anuales sobre las acciones del gobierno federal estadounidense para interrumpir el contrabando de armas de fuego.
Esa misma rendición de cuentas se pide al Departamento de Comercio, institución que -según Joaquín Castro- ha desarrollado una “mediocre supervisión de las exportaciones de armas de asalto” a México.
Frontera endeble
La frontera entre México y Estados Unidos es sumamente porosa: Del lado estadounidense no logran frenar el tráfico de drogas, y lo mismo sucede con las armas en el área territorial que las autoridades mexicanas deben vigilar.
Evidentemente, aunque nuestro país llegara a ganar la demanda en contra de los fabricantes de armas, la millonaria indemnización que se obtendría no implica que vaya a detenerse el flujo ilegal de armamento, porque -incluso- ambos gobiernos ni siquiera saben con exactitud cuántas armas se trafican desde Estados Unidos a México.
En la demanda mexicana contra las compañías que fabrican armas solo se mencionan cifras estimadas, y estas se basan -principalmente- en un estudio realizado en 2013 por la Universidad de San Diego. Es decir, los datos no están actualizados.
Los autores del estudio, Topher McDougal, David A. Shirk, Robert Muggah y John H. Patterson, cuya copia posee ALTO NIVEL, concluyeron hace once años que los esfuerzos gubernamentales para regular el comercio y el tráfico de armas de fuego “son en gran medida ineficaces”.
Los académicos reconocen que, entre 2008 y 2009, México mejoró en la incautación de armas de fuego ilícitas. Sin embargo, esos decomisos “todavía son escasos en relación con el volumen total de armas” que entonces cruzaban la frontera.
El mismo análisis reporta que las autoridades mexicanas incautaban en 2013 aproximadamente el 12.7% del comercio total anual de armas ilícitas, mientras que Estados Unidos interceptaba alrededor del 2%.
LEE: México quiere reactivar demanda perdida en contra de fabricantes de armas
En ese tenor, en los últimos cinco años el Ejército mexicano ha incautado un total 82,821 armas, logrando un aumento del 81.14% entre los pertrechos decomisados en 2019 y aquellos que se incautaron en 2023.
No obstante, si tomamos como referencia los datos que México expone en su demanda contra los ocho fabricantes de armas, esos decomisos equivalen al 3.31% de las 2 millones 500,000 armas que habrían ingresado de manera ilícita a México en el último lustro.
De acuerdo con la acción emprendida por México en la Corte de Massachusetts, al menos el 10% de los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses vende alrededor del 90% de las armas que se usan para delinquir en nuestro país. En contraste, en el país vecino se dice que solo el 2% de las armas que se manufacturan en esa nación se trafican ilegalmente en México.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.