México quiere reactivar demanda perdida en contra de fabricantes de armas
En una Corte de Apelaciones, las empresas Smith & Wesson, Barret y Colt, entre otras, argumentaron que se debe ratificar el fallo que les favoreció.
México perdió desde finales de 2022 la demanda que entabló en Estados Unidos en contra de 8 empresas fabricantes de armas, entre las que se destacan Smith & Wesson, Barrett y Colt, firmas que ya comparecieron ante una Corte de Apelaciones solicitando se ratifique el fallo que les favoreció, emitido en contra de México por un juez del estado de Massachusetts.
En una audiencia celebrada en Boston, sede de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito estadounidense, los abogados de Smith & Wesson argumentaron ante tres magistrados que sus defendidos no son responsables de que las armas que fabrican lleguen ilegalmente a México, causando decenas de miles de víctimas a manos del crimen organizado.
“Los acusados no venden directamente a nadie, tienes fabricantes legales que venden a distribuidores legales, que a su vez se comunican con minoristas legales”, por ende, si en esa cadena comercial “alguien va a utilizar el producto para dedicarse a alguna actividad ilegal, no es suficiente para satisfacer la responsabilidad de complicidad”, enfatizó el litigante Noel J. Francisco, de acuerdo con las transcripciones de la audiencia, cuya copia posee ALTO NIVEL.
México acudió a la apelación intentando reactivar la demanda promovida en contra de las compañías Smith & Wesson; Barrett Firearms; Campfour; Century International Arms; Colt’s Manufacturing; Remarms; Sturm, Ruger & Company; e Interstate Sales Corporation, luego de que el juez Frank Dennis Saylor IV desestimara los reclamos hechos por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese fallo, los argumentos del gobierno mexicano resultaron insuficientes para entablar un juicio civil, en el que se buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas de actos “deliberados y maliciosos” que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, han causado un daño sustancial en nuestro país. Este fue calculado en 10,000 millones de dólares.
La desestimación de la demanda no solo quiere decir que el gobierno mexicano perdió en la Corte de Distrito de Massachusetts ante las compañías que manufacturan armas, pues la decisión del juez Saylor también implica que esas empresas pueden cobrarle a nuestro país los gastos erogados en su defensa. Por eso estos consorcios buscan que México también pierda la apelación.
Excepciones a la ley
La demanda perdida del gobierno mexicano en contra de los fabricantes considera que estos, “al producir y comercializar sus armas de asalto de estilo militar”, han causado “una pérdida de dinero o bienes, incluyendo, pero sin limitarse a ello, gastos significativos en servicios de policía, emergencia, salud, fiscalía, correccionales y otros, así como otras pérdidas económicas extensas”.
México dice, por ejemplo, que Barrett fabrica un rifle de francotirador calibre .50 “que puede derribar helicópteros y penetrar vehículos ligeramente blindados y vidrios a prueba de balas”, el cual “se ha convertido en una de las armas preferidas de los cárteles”.
El ocurso añade que Smith & Wesson conocía que sus productos serían traficados de manera ilícita a México, “para ser utilizados por los cárteles de la droga”. Incluso, la demanda asegura que esta empresa “sabía que su marketing (sic) y publicidad atraerían a personas y organizaciones (…) para luchar contra el ejército y la policía, incluidos los militares y la policía de México”.
Estos mismos argumentos son los que el gobierno de nuestro país llevó a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con el fin de que esta instancia autorice la demanda, revocando la desestimación hecha por el juez Frank Dennis Saylor IV.
El problema es que existe una norma en el país vecino que protege a los fabricantes de armas, en caso de que sus productos sean utilizados para cometer algún delito. Específicamente, desde 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) establece que estas compañías no pueden ser responsabilizadas, ni civil ni penalmente, de los ilícitos que se lleven a cabo utilizando sus pertrechos.
México quiere que se aplique una excepción a esa ley, y que -al mismo tiempo- una Corte estadounidense juzgue a las ocho empresas demandadas considerando la legislación de nuestro país y no la de Estados Unidos.
En ese tenor, uno de los magistrados participantes en la audiencia a la que acudieron los abogados de las empresas de armas preguntó cómo es que México pretende tener razón al pedir que se aplique la ley mexicana en un tribunal estadounidense.
“Ellos están pidiendo que se aplique la ley mexicana en nuestra regulación de armas”, dijo el abogado Noel J. Francisco, de Smith & Wesson. “Destacaría que están completamente equivocados en la elección” de la norma que debe regir, agregó.
Según la Cancillería mexicana, los fabricantes de armas “deben cumplir con la ley de responsabilidad civil” de nuestro país al ser juzgados en Estados Unidos, en este caso la pretensión es que a los demandados se les sancione con base en el Código Civil Federal de México.
De acuerdo con la demanda desestimada, los fabricantes de armas “tienen el deber de no crear ningún riesgo que perjudique a una persona o entidad” en suelo mexicano, ya que este “Código impone a los Demandados la obligación de no incurrir en ninguna conducta ilícita negligente o perjudicial que cause daño a otro”.
Comercio transfronterizo
Si bien la mayoría de los vendedores de armas no las comercializa para que se utilicen en la comisión de algún delito, México ha asegurado que una minoría de distribuidores estadounidenses (menos del 10%) “vende alrededor de 90% de las armas para delinquir”.
Según el gobierno federal mexicano, cerca del 50% de las armas que se recuperan en nuestro país, en escenarios criminales, provienen de Estados Unidos. En cambio, en el país vecino se dice que solo el 2% de las armas que se manufacturan en esa nación se trafican ilegalmente en México.
La Secretaría de la Defensa Nacional calcula que anualmente llegan a territorio mexicano más de 200,000 armas, de las cuales el 70% provienen de Estados Unidos, aunque no todas se usan para cometer delitos.
El año pasado, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, reconoció que “hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país”.
Por parte del gobierno de Estados Unidos, a nivel federal esa nación ha implementado la llamada “Operación Southbound”, con la que se pretende frenar el tráfico de armas hacia México.
Con base en esta política, según reportó recientemente la Embajada estadounidense en nuestro país, en la primera mitad del año fiscal 2023 se incautaron casi 2,000 armas de fuego, y más de 80,000 municiones, lo que representa un aumento del 65.8 % respecto del mismo período del año anterior.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.