¿Qué cambiaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública?
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, aprobada por la mayoría de los diputados de Morena le otorga nuevas facultades a Gobernación y a Hacienda, y crea los súperdelegados estatales
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles 14 de noviembre, una profunda reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con esta medida se crean la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, y los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo, entre otras figuras.
Los cambios, cuya finalidad es adecuar la ley a los “objetivos y estrategias asumidos en campaña” por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fueron considerados ilegales, metaconstitucionales y antidemocráticos de parte de los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD).
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De hecho, la sesión tuvo que ser suspendida antes de la discusión particular de la reforma debido a una protesta de los diputados del PAN, quienes tomaron la tribuna de la Cámara baja mostrando una enorme pancarta con la leyenda “No a la Dictadura Obradorista”.
Twitter PAN La sesión tuvo que ser suspendida antes de la discusión particular de la reforma debido a una protesta de los diputados del PAN.
El dictamen aprobado, que aun debe avalar la Cámara de Senadores, también le otorga nuevas facultades a las secretarías de Gobernación y de Hacienda, desaparece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y elimina la facultad de la Secretaría de la Función Pública para coordinar la política de contrataciones del sector público.
‘Súpersecretarías’ de Seguridad y de Hacienda
Las políticas y programas para garantizar la seguridad pública del país estarán a cargo de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, facultada para dirigir la Policía Federal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Centro Nacional de Inteligencia, entidad que sustituirá al CISEN, que actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Esta secretaría también asumirá la conducción del Sistema Nacional de Protección Civil, que al igual que el CISEN hoy está a cargo de Gobernación.
A su vez, en todas las secretarías de Estado desaparecerán las Oficialías Mayores, y en su lugar se crean Unidades de Administración y Finanzas, a excepción de las secretarías de la Defensa, Marina y Hacienda, que conservarán sus respectivas Oficialías Mayores.
En ese tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) designará a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de todas las demás secretarías, al tiempo que concentrará la política de contrataciones públicas, facultad que ahora ejerce la Secretaría de la Función Pública.
Lo mismo sucederá con las compras de todo el Poder Ejecutivo Federal, cuyos procedimientos serán consolidados por Hacienda.
Con esto, de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, se pretende evitar la corrupción, pues todos los insumos que requieran las secretarías de Estado serán autorizados y adquiridos por la SHCP.
“Súperdelegados” presidenciales y de Bienestar
La reforma aprobada en la Cámara baja instituye la Secretaría de Bienestar, en lugar de la de Desarrollo Social (Sedesol). También crea los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo, los cuales, jerárquicamente, estarán adscritos a la presidencia de la República, y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar.
Estos delegados tendrán a su cargo la implementación de planes y acciones “para el desarrollo integral” de los habitantes de los estados, al tiempo que supervisarán los programas a cargo de todas las secretarías.
De hecho, los representantes de estas últimas deberán informar de sus actividades a los “súperdelegados”, como los llamó la oposición a Morena.
Todos los programas “que ejercen algún beneficio directo a la población” estarán a cargo de los delegados.
Hay que aclarar que las secretarías de Estado mantendrán su presencia en las entidades federativas, pero en vez de denominarse delegaciones, como hasta ahora, la reforma las llama “representaciones”, a fin de que no se confundan con la nueva figura de los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo.
El nombramiento de estos últimos estará a cargo del titular de la Secretaría de Bienestar, quien los designará a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, también de nueva creación.
Comunicación social presidencial
La política de comunicación social de todo el gobierno federal será conducida por la Oficina de la presidencia, con intervención de la Secretaría de Gobernación.
Este despacho también definirá las políticas de informática, de tecnologías de la información y del gobierno digital. Para lograrlo se establecerá un modelo organizacional y de operación en las unidades administrativas que realicen estas actividades en las distintas dependencias del Ejecutivo federal.
Esto implica que ya no habrá direcciones de comunicación social en las distintas secretarías de Estado, sino unidades administrativas cuyas directrices establecerá la Oficina de la presidencia.
Comisiones consultivas, también presidenciales
En otro dictamen que fue aprobado con 328 votos a favor y 18 en contra, se reformó el artículo 21 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de permitir que el presidente mexicano constituya comisiones consultivas -a través de decretos- “para el mejor despacho de los asuntos a su cargo”.
Esas comisiones se conformarán por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, con el objetivo de “resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema”.
Sin embargo, las conclusiones de estos cuerpos colegiados no serán vinculantes (obligatorias).
Estas nuevas figuras podrán integrarse por exservidores públicos o funcionarios de otros poderes. Serán grupos de trabajo especiales con funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, o emisión de propuestas e informes, los cuales servirán para la toma de decisiones del presidente.
Oposición preocupada
Los partidos de oposición a Morena en la Cámara de Diputados dijeron estar preocupados por “la concentración de poder” presidencial que otorgan las reformas. La molestia de los legisladores llegó al grado de calificar estos cambios como “dictactoriales”.
En específico, los diputados del PAN corearon a gritos “es un error tener un dictador”, haciendo mofa de la frase “es un honor estar con Obrador”, que suelen expresar los miembros de Morena.
Los ánimos se caldearon al grado de que Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, levantó abruptamente la sesión luego de conminar -sin éxito- a sus pares para que guardaran el orden.
Una hora después, cuando se reanudó la sesión para discutir y aprobar en lo particular el dictamen, la bancada de Acción Nacional decidió ausentarse.
Quienes sí participaron en la discusión final, reservando decenas de fracciones de la reforma, fueron los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Estos advirtieron que el nuevo marco jurídico violenta el pacto federal y la autonomía de las entidades federativas, transfiere atribuciones a la Oficina de la presidencia no permitidas por la Constitución, y concentra gravemente el poder en el titular del Ejecutivo federal. Ninguna de las propuestas de la oposición fue aceptada por la mayoría de Morena.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.