Las mentiras que dijeron los candidatos durante el primer debate

Nota del editor de Verificado 2018: En una primera versión de la verificación sobre a frase del candidato del Frente, Ricardo Anaya, se tomó como falso que hayan aumentado el secuestro 88% en la Ciudad de México entre 2000 y 2005.

El equipo del candidato envió las cifras en las que se basó Anaya. Verificado 2018 revisó los datos, lo dicho por el candidato es cierto.

Ambos indicadores, tanto el utilizado por el candidato Anaya, como el utilizado por Verificado 2018, son correctos. En lo que difieren es en la metodología utilizada y, por lo tanto, arrojan resultados distintos.

Varias oraciones de los candidatos fueron falsas durante el primer debate presidencial. El equipo de Verificado 2018 corroboró la veracidad de las aseveraciones de los presidenciables y estos fueron los resultados. El análisis, en el cual se apunta cuáles fueron verdad y cuáles fueron mentira, está ordenado de acuerdo a los bloques en que se dividió el debate.

Seguridad y violencia

Frase

“Es muy grave la situación de violencia en el país, y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN (…) hay más de un millón de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz”: López Obrador

“Van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios, no está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar”: Ricardo Anaya.

Ninguno de los dos candidatos mencionó el origen de los datos ni a qué se refieren con “víctimas”, pero el equipo de Verificado 2018 revisó las fuentes para medir victimización en México y encontró que la cifra dada por ambos candidatos es falsa.

Los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que, tan solo en los años 2015, 2016 y 2017, hubo 839 mil 621 víctimas. Los delitos de Lesiones y homicidio lideran la estadística.

Esto significa que, en un periodo de casi tres años, el número de víctimas está cerca del millón. Los dos candidatos hablaron de dos sexenios.

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Frase

“Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo”: Jaime Rodríguez

Una revisión a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) prueban que la frase del candidato independiente es falsa.

Las cifras revelan que la incidencia delictiva, en los delitos del fuero local y federal, se incrementó un 12.88%, de 2015 a 2017, los años en que gobernó El Bronco.

En el caso de los homicidios dolosos, las cifras indican que éstos también se incrementaron. En 2015, se cometieron 451 y al cierre de 2017 fueron 613, por lo que la tasa por cada cien mil habitantes pasó de 9 a 12.

En homicidios absolutos, el incremento fue del 35% de 2015 a 2017, según las cifras del SNSNSP.

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Frase

“¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades federativas, prácticamente en todo el país”: Ricardo Anaya

El equipo de Verificado 2018 corroboró, con cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los datos del candidato son correctos, su frase es verdadera.

Primero se revisaron los números absolutos de carpetas de investigación/averiguaciones previas de homicidios dolosos de 2014 y 2017 y se comprobó que Anaya tiene razón e incluso se quedó corto: son 30 los estados con un aumento de homicidios.

El estado que no contabilizó Anaya con aumento de homicidios fue Yucatán que pasó de 42 casos en 2014 a 46 casos en 2017. Los únicos estados donde hubo un descenso fueron Coahuila y Durango.

Verificado 2018 también revisó el dato de violencia por tasa de homicidios dolosos y el escenario es aún peor: en 30 de los 31 estados del país la tasa anual de homicidios creció en los últimos tres años. La única excepción es Durango.

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Frase

“Del 2011 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir”: José Antonio Meade

Verificado 2018 revisó la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) sobre los índices de incidencia delictiva en todo el país en los años citados por Meade y lo que encontró es que el dicho del candidato es verdadero.

Del 2011 al 2014 se muestra una disminución en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, que continúa en disminución en 2015 y que comienza a subir en 2016 y repunta en 2017.

La tasa en 2011 fue de 1,505 delitos por cada cien mil habitantes, en 2012 se mantiene la misma tasa que el año anterior, en 2013 la tasa disminuye a 1,440 y en 2014 es de 1,355, de acuerdo con las cifras del SESNSP, hasta alcanzar una tasa de 1,463 delitos en 2017.

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Frases

“Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera la seguridad, por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%, él va a decir que no es cierto, que son los números de la ‘mafia del poder’, entonces ¿por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno?”: Ricardo Anaya

“Cuatro de cada 10 robos de vehículo en el país era en la ciudad, 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad, tú gestión en la ciudad fue un desastre, las familias estaban inseguras”: José Antonio Meade

“Nada más aclarar, que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%, mientras a nivel nacional en el gobierno del PAN creció 3 veces y a las pruebas me remito”: Andrés Manuel López Obrador

“Reduje la incidencia delictiva y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui, voy a dar un dato: en el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios, el año pasado en la Ciudad de México, 1084 homicidios y si comparamos lo que ha sucedido a nivel nacional desde luego que fue exitosa nuestra experiencia”: Andrés Manuel López Obrador.

En el debate presidencial, la gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada. Ricardo Anaya y José Antonio Meade acusaron al tabasqueño de que su gobierno fue “uno de los peores” en materia de seguridad e incluso hubo una marcha multitudinaria por este tema. Criticaron particularmente el número de secuestros.

López Obrador, por supuesto, defendió su mandato y lo puso como un ejemplo para una estrategia de seguridad.

El equipo de Verificado 2018 revisó las cifras oficiales delictivas de 2000 a 2005 y encontramos que efectivamente Andrés Manuel logró bajar el número de secuestros en la capital.  Sin embargo, la cifra sobre el incremento del 88%, que manejó Ricardo Anaya, se refiere al peso de los secuestros que ocurrieron en la CDMX, comparados con lo sucedido a nivel nacional.

De 2000 al 2005, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México se redujo un 27.22%. En el 2000 se registraron 141 averiguaciones por secuestro y en 2005 bajó a 103. Hubo dos años que reportaron crecimiento: 2001, cuando hubo 148 averiguaciones previas por secuestro, y 2004, cuando hubo 145 y también cuando se realizó una de las marchas más grandes en la capital con motivo de la inseguridad, en específico el secuestro.

Cuando Anaya se refiere a un aumento de 88% de los secuestros, por cada 100 casos en el país, no habla del número de secuestros total ni a la tasa por cada 100 mil habitantes, como usualmente se mide la incidencia del delito.

Anaya se refiere a la proporción de secuestros que sucedieron en el entonces Distrito Federal respecto del total de secuestros del país.

López Obrador, a su vez, dijo que en los gobiernos panistas se triplicó el número de secuestros. En el periodo de Vicente Fox, sin embargo, la tasa aumentó 15.25%. En el sexenio de Felipe Calderón efectivamente se triplicó y los registros pasaron de 428 casos a mil 421.

José Antonio Meade, a su vez, habló de secuestro y de robo de autos, pero las cifras no son exactas, son engañosas. Del 2000 al 2005, el total de secuestros en la Ciudad de México representaron el 32% de los que se cometieron a nivel nacional, no el 40%.

Sobre el robo de vehículos, entre 2000 y 2005 se tiene un total de 883 mil 411 robos en todo el país de 2000 a 2005, y en la Ciudad de México ocurrieron el 24% de estos delitos, es decir 208 mil 916.

Además, la incidencia delictiva bajó 12.87% durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. De 176 mil 747 delitos a 153 mil 977. Esto incluye delitos patrimoniales, delitos sexuales, homicidios, lesiones, secuestro, robo común, robo de ganado, robo en carretera, robo en instituciones bancarias y otros delitos.

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Frase

“En El Salvador (con una amnistía) se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir 5 veces más de lo que tenemos en el país”: Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente insistió en que El Salvador demostró que las amnistías no funcionan e incluso dijo que los homicidios aumentaron, gracias a ella, a 108 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, esos datos no son ciertos. En El Salvador, el gobierno impulsó una tregua de pandillas entre 2012 y 2013 para reducir la violencia y a cambio dio beneficios a los líderes de las pandillas que estaban encarcelados.

Las tasas de homicidios cayeron a la mitad, hasta reducirse a seis homicidios diarios, en promedio. La ruptura de la tregua, en 2014, hizo que la cifra subiera a 10.7 muertes violentas diarias y la tendencia alcanzó las 14 víctimas al día para 2015.

Roberto Valencia, periodista del medio salvadoreño El Faro, dijo que “no es un tema de blancos o negros: si has visto las cifras, estas indican que una vez se concretó la negociación, comienza la época con las cifras de homicidio más bajo en una década. Antes de la tregua había un promedio de 14 asesinatos diarios, y en un chasquido, de un día para otro, el país se instala en 5 o 6 diarios de manera sostenida durante 15 meses”.

Leer: ¿En qué consiste la amnistía que propone AMLO?

El periodista señala que “estas negociaciones fueron especiales porque el Gobierno nunca las reconoció, se enturbió todo por una serie de resoluciones judiciales, y la campaña política presidencial que complicó todo aún más con la violencia partidista. Tanto, que en la postregua, en especial en 2015, se tuvieron cifras de homicidios muy por encima de las que había antes. ¿Consecuencia directa de las negociaciones? No lo creo. Ese repunte viene materializado por esos mismos actores criminales, la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18; inequívocamente son corresponsables del repunte de violencia en 2015 y 2016. Pero eso no es atribuible directamente a la negociación, es atribuible a la mala negociación final y al no cumplimiento de ciertos compromisos adquiridos del gobierno”.

A partir de ahí, “se pueden hacer interpretaciones legítimas antagónicas, pero mi opinión es que la cita del candidato no se ajusta a la realidad”, concluye Valencia.

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Frase

“En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista”: Jaime Rodríguez Calderón.

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró en el debate que en Nuevo León no existen programas asistencialistas, lo cual es falso.

Un programa asistencialista es una transferencia de recursos monetarios o bienes a la población para aliviar problemas sociales, pero sin necesidad de resolverlos, según la organización civil Frente a la Pobreza. Y con base en esta definición, es fácil concluir que El Bronco se equivoca.

Entre los programas del gobierno de Nuevo León están la entrega de pasajes para transporte, el pago de servicios funerarios, para medicinas, hospedaje, “además de brindar otros servicios de asistencia social”.

Hay las acciones a favor de las personas que viven en pobreza y extrema vulnerabilidad, que consisten en: “apoyar a la economía familiar y complementar la dieta alimentaria de las personas más vulnerables mediante el suministro temporal y/o permanente de una dotación mensual de artículos de despensa”.

Además, en Nuevo León también hay apoyos para adultos mayores y para personas con discapacidad, de $700 pesos mensuales en ambos casos.

Esta información está disponible en el sitio web del gobierno del estado en el área de “Programas de asistencia, atención y apoyo del DIF Nuevo León”.

En estos links se pueden consultar otros apoyos del gobierno local:

http://www.nl.gob.mx/series/programas-de-asistencia-atencion-y-apoyo-del-dif-nuevo-leon

http://www.nl.gob.mx/servicios/apoyo-economico-al-adulto-mayor

http://www.nl.gob.mx/servicios/apoyo-economico-personas-con-discapacidad

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Frase

“Propongo a los 100 días de mi gobierno lograr un código penal único para que los delitos que más te lastiman como robo, extorsión feminicidio se castiguen iguales todo el país”: José Antonio Meade.

Esta propuesta no es nueva. Al menos desde hace 11 años se ha mencionado, pero el Poder Legislativo no la ha aprobado, ni cuando tuvo mayoría del PAN ni tampoco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La primera vez la propuso Felipe Calderón en 2011, cuando anunció un paquete de iniciativas entre ellas la de crear un Código Penal único para que existiera un solo criterio en el país en cuanto a delitos locales y federales. Sin embargo el Congreso no aprobó dicha iniciativa.

Luego fue el propio presidente Enrique Peña Nieto quien, desde su primer día de gobierno, propuso que se crearía un solo código único penal, pero tampoco pasó en el Congreso.

Apenas en 2017 el propio presidente Peña de nueva cuenta, la Procuraduría General de la República y hasta el PRI han vuelto a formular la idea que sigue sin ser sometida siquiera a un análisis en comisiones.

¿Y qué tan benéfico sería el Código Penal único que propone Meade en su plan contra la violencia y la impunidad?

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, consideró que se trata de un recurso que conciliaría algunos procesos, pero aclaró que ese no es el problema de fondo en materia de investigación de los delitos.

“El problema de la impunidad es la debilidad institucional y la falta de transparencia. La incapacidad de los Ministerios Públicos para generar investigaciones, primeros respondientes que no están preparados. El problema fundamental no está en el Código Penal” dijo en entrevista con Verificado 2018.

La experta en derecho penal y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michelle Salas, coincidió en que el código penal único no es una medida que vaya a resultar de utilidad frente al problema de inseguridad y falta de eficacia en procuración de justicia.

“Las reformas legislativas nunca han sido la solución, la historia lo muestra. Ya se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales hace dos años y la impunidad sigue arriba del 98 por ciento. El problema no es la inconsistencia en los tipos penales o que las penas varíen en cada estado sino factores como corrupción o falta de recursos materiales y humanos” dijo.

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Frase

“Nuevo León es el único estado en donde ha bajado la pobreza (…) Hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. Seremos el único estado del país que levantará bandera blanca en ese tema”: Jaime Rodríguez Calderón. 

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, asumió la gubernatura de Nuevo León en octubre de 2015 y dejó el cargo en diciembre de 2017; es decir, estuvo al frente de la administración pública en dicha entidad por dos años y dos meses.

Para saber si durante la gubernatura de Rodríguez Calderón se redujo la pobreza, es necesario comparar las dos últimas mediciones oficiales en la materia, realizadas en los años 2014 y 2016.

Las estadísticas oficiales publicadas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que, en 2014, un total de 20.4% de la población de Nuevo León se encontraba en el rango de “pobreza”, cifra que, dos años después, disminuyó a 14.2%.

Eso quiere decir que en el bienio 2014-2016, la pobreza en el estado disminuyó 27.9%, lo que coincide con el dicho de Rodríguez Calderón. Sin embargo, lo que falso es que en ese periodo Nuevo León fuera el “único estado” en donde bajó la pobreza.

Según el Coneval, en los años 2014-2016, la pobreza disminuyó en todos los estados del país, salvo en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, entidades en las que el índice de pobreza se mantuvo o aumentó.

Lo que sí revelan esas estadísticas es que, aún cuando no fue el único estado en donde disminuyó la pobreza, Nuevo León sí es el estado con mayor disminución en dicho rubro.

Durante el debate, Rodríguez Calderón también aseguró que particularmente en el rubro de “pobreza extrema”, el estado de Nuevo León experimentó una disminución de 20% durante su gobierno.

Las estadísticas oficiales del Coneval señalan que, en 2014, el 1.3% de la población de Nuevo León se encontraba en pobreza extrema, aproximadamente 66 mil 700 personas.

Según estas mismas estadísticas, dos años después, es decir, para 2016, la población neoleonesa que enfrentaba pobreza extrema había disminuido a 0.6%, cerca de 31 mil 500 personas. 

Corrupción y combate a la impunidad

Frase

“El patrimonio de AMLO no refleja tres departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad”: José Antonio Meade.

Se trata del departamento 102 en la Calle Heriberto Frías 1519, de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México; y de dos departamentos en los números 301 y 302 de la calle Odontología 57, en la delegación Coyoacán, también de la capital mexicana.

Ninguna de estas propiedades figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo pública en abril de 2016.

El primer caso se trata de un departamento que era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien a su vez se lo vendió a Julio Scherer Ibarra, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así consta en el documento con número de folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de Comercio.

De acuerdo con este documento, Beatriz Gutiérrez Müller compró ese departamento en mayo de 2002, cuando aún no era esposa del candidato de Morena. El primer aviso de venta de Beatriz Gutiérrez a Julio Scherer se registra en diciembre de 2015, ya como esposa del tabasqueño. Y en agosto de 2017 la compraventa queda formalmente registrada ante notario.

Aquí puedes checar el documento de la compra-venta.

En cuanto a los departamentos adyacentes 301 y 302 de la calle Odontología 57, se trata de dos propiedades que reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal en una nota publicada en abril de 2016, en la que documentó que los inmuebles no habían sido incluidos en la declaración pública de bienes de López Obrador.

En respuesta a esta información, en noviembre de 2016 el abogado de López Obrador proporcionó documentos al diario estadounidense que muestran que las propiedades habían sido transferidas a uno de sus hijos en el año 2005.

Sin embargo, López Obrador aún figura como propietario de los inmuebles, de acuerdo con las actas con número de folio real 613504 y 613505, respectivamente, que están disponibles en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.

Aquí puedes checar el documento con folio 613505.

César Yáñez, vocero de Morena, explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que López Obrador aún aparece como propietario de los dos inmuebles porque se encuentran en un juicio testamentario. En 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos están en litigio, señaló Yáñez.

El vocero de López Obrador dio esta entrevista en septiembre de 2016. Y más de un año y medio después, en abril de 2018, las propiedades aún figuran a nombre del candidato de Morena, según los documentos que constan en el Registro Público de la Propiedad.

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Frase

“Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”: Jaime Rodríguez Calderón.

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso “mocharle la mano” a los funcionarios públicos que roben, como una sanción viable y ejemplar, y afirmó que, de ser electo, presentaría la iniciativa. Sin embargo, este castigo está prohibido por la Constitución y es incompatible con tratados internacionales de los que México forma parte. La frase es ridícula.

La sanción propuesta por el candidato presidencial contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohibe en su artículo 22 “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Al mismo tiempo, actos como la mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; esto se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.

La prohibición de utilizar la mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981.

En el mismo sentido está la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), del cual México forma parte desde 1986. Esta convención obliga a los Estados participantes prohibir “actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) entiende en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que las torturas también son “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física”.

“Mochar las manos”, como sugirió el quinto y último candidato en sumarse a la contienda por la presidencia de México, requeriría no sólo una reforma legal, sino que implicaría realizar reformas constitucionales, además de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte.

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Frase

“Yo llevo todo la vida en la política y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió, yo continúo viviendo en la casa de siempre, por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos”: Margarita Zavala.

Es cierto, Margarita Zavala y Felipe Calderón reportan como su hogar la casa que tienen en la colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón: una propiedad que adquirieron en 2003, en realidad hace 15 años, y no 20, como dijo en el debate.

Lo que Zavala no dijo es que, en esos 15 años, su hogar prácticamente cuadruplicó de tamaño, al pasar de 450 metros cuadrados en 2003 a mil 623, según lo reportado en su declaración 3de3.

De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Lizárraga, el crecimiento del patrimonio de la pareja Calderón-Zavala se dio durante su sexenio, a través de compras de terrenos a nombre de Zavala, cuando ella no percibía ingresos en su papel de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y financiados por créditos bancarios que eran pagados prácticamente de inmediato.

Según documentó el periodista, Calderón habría usado dos líneas de crédito para el crecimiento patrimonial de los Calderón Zavala, uno con el banco Ixe por 4.7 millones y otro más con Santander, por 3.6 millones de pesos. El primer crédito fue saldado en dos años, el segundo en 11 meses.

Al asumir la Presidencia, Felipe Calderón reportó entre otras propiedades un terreno de 450 metros cuadrados a nombre de su esposa, Margarita Zavala, por el que pagaron 2.5 millones de pesos en 2003, ubicado en la colonia Las Águilas de la ciudad de México.

En enero de 2013, una vez concluida su gestión, Calderón Hinojosa reportó en su declaración patrimonial (consultada en la página servidorespublicos.gob.mx) que ese terreno había crecido a 541 metros cuadrados, sin superficie construida. A pesar del crecimiento del terreno, el valor reportado seguía en 2.5 millones de pesos, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales del exmandatario y de la declaración 3de3 que presentó recientemente Zavala Gómez del Campo como candidata presidencial.

Casi cuatro años después, en diciembre de 2016, el mismo terreno triplicó su tamaño y ahora mide mil 623.15 metros cuadrados y tiene una construcción 800 metros cuadrados valuada 5.1 millones de pesos y sigue en copropiedad entre Calderón y Zavala, de acuerdo con la declaración 3de3 que la candidata independiente hizo pública.

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Frase

“La corrupción es el principal problema de México”: Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de Morena a la presidencia ha insistido que, para los mexicanos, el principal problema es la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se ha levantado cada dos años desde 2011, en realidad son la inseguridad y la delincuencia que los mexicanos ubican en primer lugar. Su frase es falsa.

En las encuestas de 2015 y 2017, la corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba en esa posición en 2011 y 2013.

El objetivo de la ENCIG es recabar información sobre la percepción de la población respecto de los trámites y servicios públicos de todo tipo, y reporta resultados cada dos años.

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Frase

“…Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos deben ser transparentes, eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda”: José Antonio Meade.

Las contrataciones que realizan las dependencias gubernamentales son públicas y están a disposición de los ciudadanos desde el 9 de noviembre del 2017, cuando —en efecto— José Antonio Meade era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pero los contratos abiertos no fueron iniciativa de él y tampoco se transparentaron todos. Su afirmación es Engañosa.

Su aplicación en distintas dependencias y entidades gubernamentales fueron producto de un largo proceso cuya iniciativa no fue propuesta por el ahora candidato. El origen de la iniciativa fue un esfuerzo global para crear gobiernos abiertos en el 2012 y el gobierno de Enrique Peña Nieto la retomó como parte de la Estrategia Digital Nacional, la cual tenía como uno de sus pilares la transparencia a través de Gobierno Abierto.

La Estrategia Digital Nacional arrancó el 25 de noviembre del 2013. En marzo del 2017 se firmó una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado con el fin de diseñar un Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, en la que se discutieron los términos, así como las cantidades máximas y mínimas para poder denominar un contrato como abierto.

De acuerdo con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, la iniciativa de Contratos Abiertos es de carácter global, inició en el 2012 y en México fue es impulsada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI y Transparencia Mexicana.

“En esta administración se subieron sets de datos de presupuesto y contratos del gobierno central. No es la totalidad de los contratos del gobierno”, aclaró a Animal Político.

“Se integraron las bases de datos de transparencia presupuestaria y CompraNet buscando cumplir con el estándar de datos de Contrataciones Abiertas. No es la totalidad de los contratos del gobierno federal”, dijo el director de Transparencia Mexicana.

Esta “cuota” de datos, están obligados por el gobierno federal:

De acuerdo con el artículo 14 del PEF2018 “las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria”.

Es aquí donde la Secretaría de la Función Pública se coordina con la SHCP para integrar la información al sistema CompraNet.

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Frase

“En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios del país, para ser precisos, el Presidente”: Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el caso de corrupción de Odebrecht estaría implicado directamente el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esta afirmación no se puede probar, porque —en contraste con lo que ocurre en otros países— la Procuraduría General de la República no ha terminado las pesquisas, no ha girado órdenes de aprehensión, ni se ha consignado a algún funcionario.

Lo cierto es que la denuncia del caso implica el supuesto pago de 10 millones de dólares por parte de la empresa a altos funcionarios del Gobierno Federal para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Leer: Odebrecht, la historia del gigante que corrompió a México

Hasta ahora, lo que se sabe es lo que reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción titulada ‘El señor de los sobornos’, la cual expuso que Luis Alberto de Meneses, quien presuntamente negoció los sobornos de Odebrecht en México, declaró ante la justicia brasileña haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en presuntos sobornos a Emilio Lozoya.

Cuatro de esos millones, según el testigo protegido, se habría entregado en 2012, cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros seis millones cuando ya era el director de Pemex. Lozoya negó en octubre de 2017 las acusaciones de corrupción.

La investigación periodística también refiere que Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora brasileña, se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011. Y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto. No obstante, se desconoce si la PGR está investigando estos encuentros entre el empresario y los presidentes del Ejecutivo.

El tabasqueño también aseguró que cinco millones de dólares provenientes de sobornos a Odebrecht se utilizaron “en la campaña de Peña Nieto”, y que “en Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón”.

Sobre estas dos aseveraciones la justicia mexicana tampoco se ha pronunciado, ni ha ofrecido resultados, por lo que tampoco se pueden comprobar.

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Frase

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad, y el que la haga la pague”: Margarita Zavala.

En realidad, en ningún país del mundo se ha terminado con la impunidad. Ni siquiera están cerca. Lo que promete Zavala es imposible.

El Índice Global de Impunidad 2017 muestra que los 10 países mejor calificados del mundo tienen índices de impunidad “baja” o “muy baja”, pero no están cerca del cero. En dicho índice México se ubica hasta la posición 66 de 69 países que fueron medidos.

En el que es considerado el delito que más afecta a la sociedad, el homicidio doloso, la tasa global de condenas es de 43 criminales por cada 100 víctimas de homicidio, de acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013).En Europa, el continente con la mejor tasa de condenas, es de 81.

Y si nos limitamos a México la viabilidad de dicha promesa también queda en entredicho por una razón importante: la inmensa mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian y por lo tanto quedan en la impunidad.

En 2016, en más de nueve de cada diez delitos cometidos (93.6%) no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)de INEGI.

De los delitos por los que sí se inició averiguación previa, en casi la mitad de los casos (49%) “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, de acuerdo con el INEGI.

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Frase

“Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina pero un juez federal lo sacó”: Jaime Rodríguez.

En efecto, Rodrigo Medina fue internado en el penal de Topo Chico el 26 de enero de 2017. Pero 19 horas después, el juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva debido a que se había incumplido el debido proceso.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta resolución sobre el amparo 39/2017, que promovió la defensa de Medina.

Luego, el 8 de febrero de este año, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda de Nuevo León volvió a confirmar el auto de vinculación a proceso por el mismo delito contra del exgobernador Medina.

El subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, señaló que la resolución aguantaba cualquier revisión de amparo, esta había tenido 13 amparos, y se confirmaba la posición inicial de vinculación contra Medina. Sin embargo, el juez Garza Castañeda volvió a dictar no vinculación sobre el caso, después de que un juez federal pidió dictar una nueva resolución.

“Es una instancia más en donde vemos una protección a Rodrigo de parte del Gobierno federal, en este caso del Juez de amparo. (…) Hay que preguntarse por qué de esta protección, ¿qué fichas a cambio, con qué pagó Rodrigo Medina o por qué razón el Gobierno federal lo protege?”, indicó Canales.

Las próximas audiencias sobre el caso serán el 28 de mayo y el 5 de julio, informó la fiscalía de Nuevo León.

Democracia y grupos vulnerables

Frase

“IMSS para trabajadoras del hogar”: José Antonio Meade.

El candidato del PRI ofreció incluir a dos millones de trabajadoras del hogar al Seguro Social. Pero habría que anotar que desde el arranque del actual sexenio existe la misma promesa, que no se ha cumplido.

Más aún, el grupo parlamentario del PRI, partido que lo postula, no ha ratificado en el Senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, primer paso para implementar esta propuesta.

Como Secretario de Hacienda, Meade sostuvo durante 2017 una serie de reuniones con CONAPRED y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Hogar Justo Hogar, Nosotrxs y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir), en las cuales propuso hacer deducible de impuestos el pago de cuotas al IMSS a aquellos empleadores que registraran a las trabajadoras que tuvieran un solo patrón, beneficio que recibiría 10% del total de trabajadoras. Sin embargo, nunca se concretó.

A lo anterior se suma que el pasado 31 de marzo, Día Internacional de los Trabajadores del Hogar, Meade propuso que las aportaciones voluntarias de patrones para la seguridad social sea deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo a favor de la ratificación del Convenio 189 han señalado que esta propuesta no garantiza la seguridad social para los trabajadores del hogar, toda vez que mantiene el esquema voluntario que existe actualmente y la demanda es que sea obligatorio.

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Frase

“Las mujeres, haciendo el mismo trabajo, con la misma capacitación, ganan un 30% menos”: Ricardo Anaya.

Aunque la cifra que arroja el candidato es cierta, según el último estudio del CONAPRED, los datos varían en función de la institución que lo mide.

En promedio, las mujeres ganan 34.2% menos que los hombres por hora trabajada con posiciones ocupacionales y escolaridad similares, según el estudio Discriminación estructural y desigualdad social, publicado por Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en octubre de 2017.

El estudio contempla la brecha salarial en diez grandes grupos ocupacionales de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones, descontando las diferencias en niveles de escolaridad.

Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que el salario promedio de las mujeres fue un 12.3% menor que el de los hombres en 2017; la tercera parte de las cifras del CONAPRED.

La diferencia entre ambos porcentajes es que este último habla sobre brecha salarial de los trabajadores que cotizan en el IMSS; es decir, los que tienen un empleo formal, “que por definición son una pequeña parte de los ocupados; mientras que el CONAPRED habla de la población ocupada en su conjunto, sean formales y no formales”, explica Luis Mauricio Torres, economista e investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también maneja una cifra diferente. Según esta organización, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en 2015 fue de 16.7%, dos puntos por encima del promedio de la organización.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en su reporte anual de brecha de género 2017 señaló que en México “experimenta una disminución en la igualdad salarial para un trabajo similar” y calificó a México con 0.49 sobre un índice en el que 1 es desigualdad total y 0 es igualdad.

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Frases

“Se roban, los políticos corruptos y los traficantes de influencia, alrededor de 500 mil millones de pesos al año de presupuesto”: Andrés Manuel López Obrador.

“500 mil millones de pesos es lo que gasta todo el Gobierno Federal con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército”: José Antonio Meade.

Dos candidatos presidenciales manejaron la cifra de 500 mil millones de pesos. Uno, Andrés Manuel López Obrador, para referirse a lo que se “roban” los políticos y el otro, José Antonio Meade, para dimensionar esa cifra, en relación al gasto total del gobierno.

En el caso de López Obrador, la frase no se puede probar, porque no existe un estudio oficial ni independiente que permita afirmar que la estimación del costo de los actos de corrupción de los políticos y gobernantes ascienda a 500 mil millones de pesos anuales, mucho menos del presupuesto.

Una forma de estimar cuánto dinero del erario no ha sido comprobado y, por tanto, puede considerarse “perdido” puede calcularse si retomamos la cifra de 276 mil millones de pesos del rubro “por recuperar o aclarar” (suma nominal de auditorías realizadas en periodo 2000-2016) que señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su página de datos en http://www.asfdatos.gob.mx. Pero la cifra se refiere a 16 años completos.

Por otro lado, AMLO ha mencionado varias veces públicamente que, según el Banco Mundial, “los políticos corruptos del país” se roban alrededor del 20% del presupuesto nacional, es decir, el equivalente al 9% del PIB.

Si bien Verificado.mx reporta que el Banco Mundial no cuenta con un estudio que sustente los dichos de AMLO, existen estimaciones que ubican el costo entre el 0.4% y el 10% del PIB.

Por ejemplo, “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB”, según la nota de Verificado.mx.

Hay especialistas que mencionan que la corrupción podría costar 5% del PIB e incluso se habla de 900 mil millones de pesos y hay cálculos del Fondo Monetario Internacional que estiman un costo del 2%, reporta la nota de Verificado.mx.

¿Y cuánto gasta el gobierno?

Sobre lo que dice José Antonio Meade, la cifra no es exacta. El gasto total del Gobierno Federal en 2017 fue de 4 billones de pesos y, si a ese gasto le quitamos el gasto realizado en las Secretarías de Marina, Defensa y Educación Pública, el gasto es de 3 billones 658 mil millones de pesos.

El gasto total de las secretarías de Marina, Defensa y Educación pública representan 363 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos, sobre un total de 3 mil 789 millones, por lo que el dato mencionado por el candidato del PRI es incorrecto.

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Frase

“Yo no tengo spots, renunciamos al dinero público y yo espero que ellos renuncien”: Margarita Zavala.

Durante el debate presidencial, la candidata independiente Margarita Zavala mencionó dos veces que para la campaña electoral no cuenta con spots publicitarios. A pesar de tener un número mucho menor que los candidatos con partido, el Instituto Nacional Electoral asignó a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez —ambos independientes— 115 mil 107 spots en radio y televisión.

Para las campañas electorales, el INE repartió entre partidos políticos y candidatos 22 millones 959 mil 180 spots publicitarios, de los cuales 690 mil 642 spots, el 3%, se destinaron para candidatos independientes a los cargos de presidente, diputados federales y senadores.

De este total, a los candidatos presidenciales les corresponden 115 mil 107 spots.

¿Cuánto reciben los otros partidos?

De acuerdo con el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el 30% del total de tiempo de spots publicitarios es dividido de manera igualitaria entre partidos o coaliciones y el 70% restante según el porcentaje de votos de cada partido político en la última elección federal de diputados. Por este motivo, los partidos nuevos y candidatos independientes no tienen acceso al 70% de spots distribuidos.

La coalición Todos por México, encabezada por José Antonio Meade, tiene acceso a 9 millones tres mil 234 spots; la coalición por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, tiene acceso a ocho millones 673 mil 468 spots; y la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador aparecerá en 4 millones 591 mil 836 anuncios publicitarios.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que los partidos no pueden destinar más de 70% del tiempo de spots a un mismo tipo de campaña (presidencial o legislativa). Suponiendo que los partidos destinarán el máximo de tiempo posible de sus campañas a los candidatos presidenciales (70%), entonces por cada spot que tendrá Zavala o Rodríguez Calderón, López Obrador obtendría 29; Anaya, 52; y Meade, 54.

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Frase

“Cuando él fue jefe de Gobierno (López Obrador), las inversiones cayeron 40%. Por una razón muy simple: porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y la paz en el país”: Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya, candidato a Presidente de la República de la coalición Por México al Frente, declaró que las inversiones cayeron 40% en la Ciudad de México durante el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno, señalando que el tabasqueño “espanta las inversiones”.

El cambio porcentual de la inversión extranjera directa entre 2001 y 2005, periodo en el López Obrador fue jefe de Gobierno, sí fue efectivamente de -39%. Sin embargo, esto se produjo directamente por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001.

En realidad, la Ciudad de México culminó el 2001 con una inversión extranjera de 10 mil 201 millones de dólares de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En los dos años posteriores, la cifra de inversión directa extranjera en la capital disminuyó, pero de 2003 a 2005 esta fue a la alza y en 2005 cerró con una inversión de 6 mil 239 millones de dólares.

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Frase

“Los que estamos aquí, ninguno logrará ni 15 millones de votos”: Jaime Rodríguez Calderón.

Aunque no es posible adivinar los números que arrojará la jornada electoral de este 1° de julio, es posible calcular cuáles serían los escenarios que llevarían a una elección en la que ningún candidato, ni siquiera el ganador, obtuviera, al menos, 15 millones de votos.

Para ello, hay que partir de dos grupos de datos:

Por un lado, la lista nominal de 2018 está integrada por 87 millones 838 mil 148 personas —es decir el total que cuenta con credencial de elector vigente y podrá emitir su voto para presidente este año—. Ese es el total de votos que se pueden obtener.

El segundo dato relevante es la participación electoral: cuántos de esos 87 millones efectivamente votarán. En 2006, la participación fue de 58.6% de la lista nominal y, en 2012, de 63.3%. Un promedio de 61% de participación, que en esta elección serían 53 millones 581 mil 270 votos.

Con estos datos, se puede considerar que al menos el ganador o ganadora de la elección obtendría esos 15 millones de votos con el 27.99% de los votos.

Usando la intención de voto reflejada en la última encuesta de Grupo Reforma, publicada el 18 de abril, así estarían los candidatos:

• AMLO: 25 millones 719 mil 9 votos (48%)
• Ricardo Anaya: 13 millones 931 mil 130 votos (26%
• José Antonio Meade: 9 millones 644 mil 628 votos (18%)
• Margarita Zavala: 2 millones 679 mil 63 votos (5%)
• Jaime Rodríguez: 1 millón 607 mil 438 votos (3%)

Si el ganador obtuviera el 39% de los votos, esto aún supera los 15 millones: serían 20 millones 896 mil 605 votos.

¿Qué tan baja tendría que ser la participación este 1° de julio para que la afirmación de El Bronco se cumpliera?

Con un 40% de participación electoral, los cinco candidatos estarían compitiendo por una bolsa de 35 millones 135 mil 259 votos. En esa situación, los 15 millones de votos señalados por Rodríguez Calderón equivaldrían a 42.6% de la votación efectiva.

Nota del Editor: Este texto fue elaborado por Verificado 2018, plataforma con la que Alto Nivel tiene alianza para otorgar a nuestros lectores una mejor cobertura del proceso electoral.

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Verificado 2018