Las implicaciones que tiene la iniciativa de Morena para la SCJN

A través de un viejo mecanismo que en el mundo jurídico se le conoce como court-packing, usado para controlar y cambiar las posturas ideológicas de los tribunales constitucionales, la bancada de Morena en el Senado propone aumentar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incorporando a cinco nuevos ministros.

Actualmente, el máximo tribunal del país se conforma por 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, y dos salas con cinco ministros cada una, toda vez que el presidente de la SCJN no es parte de ninguna sala.

La iniciativa, elaborada por el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, plantea incorporar a cinco ministros más que también se integrarían al pleno, y conformarían una nueva sala especializada en anticorrupción, lo que en los hechos permitiría que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contara con al menos siete ministros afines a sus intereses.

Con ese número de ministros ninguna ley o política implementada por el Ejecutivo federal podría ser declarada inconstitucional, ya que para ello se requerirían al menos once votos, de acuerdo con la propuesta morenista que pretende reformar siete artículos de la Constitución.

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Nombramientos a modo 

En lo que va de la administración lopezobradorista, el mandatario mexicano ha nombrado, a través de los procedimientos constitucionales establecidos, a dos ministros de la Suprema Corte para cubrir las vacantes que dejaron –por jubilación- los ministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.

Juan Luis González Alcántara, cuya amistad con Andrés Manuel López Obrador es públicamente conocida, llegó al máximo tribunal del país en diciembre de 2018, mientras que Yazmín Esquivel Mossa, esposa del constructor José María Riobóo, ambos también cercanos al presidente, ocupa el lugar que dejó Margarita Luna desde mediados de marzo pasado.

Cinco ministros más, que serían electos por el Senado a partir de igual número de ternas enviadas por López Obrador, tal y como propone Monreal, harían que las decisiones más importantes del máximo tribunal del país dependieran del voto de los siete ministros emanados de las ternas propuestas por el Ejecutivo federal.

Suprema Corte de Justicia

Por ejemplo, hoy para que una ley aprobada por el Congreso sea declarada inconstitucional, tal y como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior, se requiere el voto de al menos ocho ministros de los once que integran el pleno de la Corte.

De aprobarse la reforma a la carta magna presentada el jueves por Ricardo Monreal, se necesitarían como mínimo once votos del total de 16 ministros para lograr la inconstitucionalidad de una norma.

Si siete ministros coinciden con el presidente, o con las leyes aprobadas por la mayoría que Morena tiene en el Congreso, del otro lado solo habría nueve votos que se le opondrían, es decir, nunca se alcanzarían los 11 votos necesarios para declarar que una ley viola la Constitución.

Con esto, la mayoría legislativa de Morena en el Congreso podría aprobar leyes que trasgredieran nuestros derechos humanos, sin que la Corte pudiera declararlas inconstitucionales, lo que nos deja –como ciudadanos- en una completa indefensión.

Lo mismo podría suceder con las empresas e inversionistas, y hasta con la propiedad privada, todos los derechos humanos, políticos y económicos podrían restringirse o anularse con leyes que violenten la Constitución.

Cooptación de la Corte

La figura del court-packing, cuya traducción literal es “embalaje de la Corte”, es una forma que han utilizado los presidentes para cooptar a los tribunales constitucionales a través del aumento de sus integrantes.

El término data de finales del siglo XIX, pero se popularizó en el derecho constitucional en 1937, cuando el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt anunció la ampliación de la Corte Suprema de ese país con el pretexto de hacerla más eficiente.

En realidad pretendía contar con un máximo tribunal que no le declarara inconstitucional la mayor parte de la legislación del llamado new deal (nuevo trato), como la Suprema Corte estadounidense lo había hecho en numerosas ocasiones desde 1935.

Durante todo el siglo XX los regímenes autoritarios utilizaron el court-packing para controlar a su Poder Judicial, lo que les permitió excederse en sus facultades e implantar gobiernos antidemocráticos.

Sofía Ugalde

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Más recientemente, en el siglo XXI, esto ha ocurrido en países como Hungría, Turquía y Venezuela, donde los presidentes son cuasidictadores, pues llegaron al poder mediante el voto popular, utilizando las instituciones de la democracia, aunque luego la hayan subvertido al hacerse del control de los poderes Legislativo y Judicial.

En el caso de la iniciativa de reforma a la Constitución presentada por el coordinador de Morena en el Senado, la justificación para ampliar los ministros de la Corte es la lucha anticorrupción.

Se plantea que cinco nuevos ministros integren una sala especializada, la cual –en términos jurídicos- no es necesaria, pues un tribunal administrativo o incluso uno nuevo especializado, inferior a la Suprema Corte, pueden hacerse cargo de esa materia.

Esto ya ocurre por ejemplo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia encargada de todos los asuntos electorales del país, y cuyas decisiones son inapelables en el caso de su Sala Superior.

Si tanto interesa castigar efectivamente la corrupción no es necesario cambiar la composición de la Suprema Corte, con establecer un Tribunal Anticorrupción bastaría para que nuestro país tenga verdaderos operadores jurídicos que apliquen las normas en contra de estas conductas lesivas.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.