“Soberanía energética”, violencia e incertidumbre limitan inversión y crecimiento en México: Moody’s
La calificadora analizó los factores de riesgo y limitantes a la inversión que padece el país.
Los cambios regulatorios en el sector energético del país, en aras de priorizar la llamada “soberanía energética”, ya han desalentado las inversiones en México, particularmente en energías renovables, las que se supone que son el futuro del mundo.
El gobierno mexicano ha procurado asignar un rol estelar a las empresas energéticas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero estas acciones han desalentado las inversiones y la participación del sector energético privado, con capitales que son esenciales.
Todo lo anterior se desprende de un análisis elaborado por Moodys´s Investor Services llamado “Descontento social y político en curso amplifican los riesgos crediticios en toda la región“, un informe especial sobre Latinoamérica.
El análisis contempla a las seis economías más importantes de la región, desde el punto de vista de Moody’s: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Perú, y detalla lo que desde el punto de vista de sus analistas son los factores de riesgo que han profundizado el descontento social en estas naciones, ante la descomposición del entorno social y económico.
En el caso de nuestro país, la agencia calificadora hace énfasis en la situación del sector energético que, al ser tomado como una de las banderas económicas del gobierno, no ha logrado los resultados esperados. Sin embargo, hay otros factores que también impactan en el desarrollo económico del país, el de la inseguridad y violencia que azota desde hace años y hasta la fecha en México.
En el aspecto energético, Moody’s señala que las políticas adoptadas en este sector han frenado el progreso de descarbonización de México. La presente administración paralizó reformas aprobadas previamente, hizo una contrarreforma, aunque la Suprema Corte de Justicia ha impedido que el gobierno tome el control de los reguladores independientes federales, incluida la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Pero, de cualquier modo, los reguladores se han enfrentado a reducciones significativas de presupuesto y personal, una forma de minarlos limitando su capacidad operativa, o de plano tienen nuevos líderes alineados con la administración.
En este contexto, aunque el Congreso del país ha rechazado los intentos del gobierno de modificar el marco legal y regulatorio constitucional en el sector eléctrico, estos intentos han dañado la inversión privada en el sector porque generan incertidumbre en el estado de derecho.
Para la calificadora, a menos que cambie la política actual, en el futuro la demanda de electricidad probablemente superará la capacidad de generación; de suceder, aumentará la dependencia de México de las importaciones de gas natural y conducirá a mayores subsidios gubernamentales o más costos a largo plazo de la electricidad y riesgos de seguridad energética. Es decir, la “soberanía energética” no parece ir por buen camino, ya que a la larga desembocará justamente en lo que se pretende evitar.
“El cambio de política ha llevado a Pemex y CFE a diferentes estrategias comerciales, con un apoyo gubernamental más explícito para hacer frente a la deuda financiera y cambios regulatorios que les otorguen un trato preferencial frente al sector privado. Como su dependencia de recurrentes transferencias o subsidios del gobierno ha aumentado, la calidad crediticia se ha vuelto más ligada al gobierno tanto para Pemex como para CFE. Los cambios en la regulación que favorecen a CFE sobre los competidores privados han llevado a una disputa comercial en curso con Estados Unidos y Canadá, que han calificado las medidas como incompatibles con el acuerdo comercial. La disputa presiona aún más la inversión privada en el sector de la energía y en la infraestructura en general”, advierte Moody´s.
Por si fuera poco, también hay incertidumbre en el sector minero por los cambios propuestos por el gobierno, mismos que desalentarían la inversión en el sector del país. El gobierno mexicano presentó en marzo pasado dos proyectos de ley al Congreso que cambiarían leyes que rigen los sectores de minería y agua de México. Si se aprueban como se proponen, los cambios aumentarían la regulación de los productores mineros.
Las tendencias de Nearshoring podrían no ser aprovechadas por el país ante los escenarios antes descritos. Las cifras son contundentes, de acuerdo con Moody’s: “la formación bruta de capital fijo se contrajo desde finales de 2018 hasta 2022, expandiéndose sólo débilmente a principios de 2023. Para fines de 2023, la inversión total disminuirá al 20% como porcentaje del PIB, frente al 22% registrado en 2018. Por su parte, la inversión en infraestructura para el periodo 2018-22 se redujo en un 20% con respecto a los niveles del periodo 2017-18″, expone Moody’s.
Concentración del poder, violencia e inseguridad
Además de la situación en el sector energético, México tiene una concentración excesiva de poder, ya que la formulación de políticas de la administración se concentran más en la presidencia respecto a administraciones anteriores, lo que hace que la discreción política sea más importante y aumenta el riesgo de una menor capacidad administrativa.
En ese sentido, Moody´s observa un débil control de la corrupción y el estado de derecho, que dan a México una puntuación de riesgo de gobernabilidad moderadamente negativa (G-3): riesgo más alto que la mayoría de las economías más grandes de América Latina, excepto Argentina (G-5).
Por si fuera poco, la intensificación de la violencia, que amenaza la seguridad física, especialmente en varios estados, limitan las perspectivas económicas de México y se traducen en un riesgo social moderadamente negativo (S-3); además, en la subcategoría de salud y seguridad, el envejecimiento de la población plantea más riesgos sociales, con un sistema de seguridad social con fondos significativamente insuficientes y mayores demandas sociales para el futuro.
La situación de violencia e inseguridad en México no es novedosa, pero ya se ha convertido en un factor que incluso es advertido por analistas extranjeros como limitante para el desarrollo nacional, ya que limita la inversión.
Todos los factores anteriores vistos con una perspectiva de largo plazo no son favorables para el desempeño económico de México porque limitan las inversiones y la generación de infraestructura, ambos rubros son esenciales y explican el lugar que ocupan hoy la mayoría de los países industrializados en el concierto económico global.
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