Llega a la SCJN impugnación del decreto que declara al Tren Maya obra de seguridad nacional
Además, legisladores de oposición ya preparan las demandas con las que se impugnarán las reformas que en abril fueron aprobadas vía fast track.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya recibió la primera impugnación en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, emitido el pasado 18 de mayo, en el que se declararon como obras de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de la actual administración, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Se trata de una Controversia Constitucional presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda, quien cuenta con facultades para promover este tipo de demandas ante el máximo tribunal del país, sin necesidad de que lo apruebe el pleno de la Cámara baja.
En contra de la opinión de los legisladores de Morena, Creel Miranda informó que el decreto presidencial invade las facultades del Congreso mexicano, además de que violenta diversos derechos humanos, en especial el de acceso a la información pública de las obras que se realizan con recursos del erario.
Como se recordará, cuatro horas después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó -por ser inconstitucional- un acuerdo emitido en 2021 por el presidente, en el que se consideraban como obras de seguridad nacional el Tren Maya y otros proyectos emblemáticos del actual gobierno, el mandatario decidió desafiar a la Corte emitiendo un nuevo decreto en los mismos términos que el anterior.
En ese documento, que se publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo, se establece que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación” e infraestructura de transportes del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, además de los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo.
En ese tenor, la Controversia Constitucional presentada por Santiago Creel considera que la categoría de “seguridad nacional” otorgada a las obras excede las facultades constitucionales que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal. Además, dicha calificación tiene consecuencias negativas en la transparencia a la que está obligada la administración pública.
“El decreto impugnado constituye una limitante al principio de trasparencia que debe regir en los procedimientos de licitación pública”, pues al ser consideradas como obras de seguridad nacional, toda la información de estas será reservada, apunta la demanda del presidente de la Cámara de Diputados.
El legislador añadió que el decreto del presidente “crea un ámbito de excepción” en el sistema jurídico de nuestro país, lo que -formalmente- no está contemplado como una facultad del presidente.
En esta demanda Creel Miranda solicitó que la Corte suspenda el decreto del presidente, en lo que se resuelve el fondo de la Controversia Constitucional. No obstante, antes de eso, el máximo tribunal del país primero debe admitir el ocurso y turnarlo a un ministro instructor, quien será el encargado de determinar si es procedente o no conceder esta medida cautelar.
Seguirán las impugnaciones
Además de la Controversia Constitucional promovida por Santiago Creel, los senadores de oposición adelantaron que presentarán en los próximos días, también en la Suprema Corte, al menos siete demandas en contra de igual número de leyes que fueron reformadas, vía fast track, el último día del periodo ordinario de sesiones de la Cámara alta, el pasado 28 de abril.
Entre las normas reformadas cuya constitucionalidad será cuestionada por la oposición están la Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil, cuyos cambios crearon la Aerolínea del Bienestar que operará la Secretaría de la Defensa Nacional.
También se demandará el aval del Congreso para que el Ejército maneje el Tren Maya de manera indefinida; y los cambios jurídicos con los que la protección y seguridad del espacio aéreo mexicano quedó a cargo también del personal castrense.
Los senadores contrarios a Morena demandarán además la inconstitucionalidad de la reforma que permite a la Secretaría de la Función Pública encabezar todas las contrataciones del gobierno, lo que la ubica como juez y parte de estos procedimientos, ya que la tarea principal de esa dependencia es hacer la supervisión de las compras gubernamentales.
Aunque los legisladores de oposición no han anunciado si también impugnarán las nuevas disposiciones de la Ley Minera, incluidas en esa norma junto con las demás reformas avaladas sin discusión en el Congreso, la empresa canadiense First Majestic Plata ya promovió un amparo en su contra.
El jueves, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional para que no se aplique a ese consorcio la reforma a la Ley Minera. En específico, la medida cautelar que beneficia a esta firma impide que el gobierno deseche sin mayor trámite las solicitudes de nuevas concesiones en el sector, tema que fue incluido en las modificaciones aprobadas en el Poder Legislativo.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.