Iniciativa de reforma energética, un retroceso hasta los años 70
Con sus iniciativas de reforma constitucional, el presidente quiere eliminar la competencia y la participación de empresas privadas en la industria eléctrica
La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la conversión de las “empresas productivas” del Estado en solo “empresas públicas del Estado”, que deberán evitar el lucro y no regirse por el concepto de “mejores prácticas”, son los principales elementos de la propuesta de reforma energética que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los hechos, se pretenden eliminar las bases fundamentales de la reforma energética de 2013, acotando los principios de competencia y libre concurrencia, lo que ocasionaría un retroceso de unas cinco décadas, ubicándonos en la situación que se tenía en los años 70, cuando el mundo no estaba globalizado.
Si bien no se prohíbe la generación de electricidad por parte de empresas particulares, en la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas sí hay un veto a la iniciativa privada en el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Asimismo, se aclara que los consorcios “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado” encargada del servicio eléctrico del país, es decir, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con eslóganes políticos e ideológicos, errores en las definiciones, y prejuicios con respecto a lo que debe ser la buena administración de cualquier empresa, pública o privada, el mandatario plantea que se deben modificar los artículos 25 y 28 constitucionales, debido a que estos actualmente contienen “recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal”.
Así, se proyecta “eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las “mejores prácticas” porque, de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública”, se argumenta.
En realidad, las mejores o buenas prácticas empresariales son todas las acciones que deben seguirse en cualquier consorcio para que este sea más eficiente en su operación y administración, a fin de evitar la pérdida de recursos, que en el caso de las empresas estatales provienen del presupuesto público, al que aportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Dominio estatal sin competencia
En cuanto a la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), es importante aclarar que no son organismos constitucionalmente autónomos.
Ambas son órganos reguladores coordinados en materia energética que forman parte de la administración pública centralizada, es decir, dependen del Poder Ejecutivo federal, aunque poseen autonomía técnica, operativa y de gestión.
No obstante, el presidente López Obrador propone su desaparición dentro de la iniciativa en materia de extinción de organismos constitucionalmente autónomos, debido a que, desde su perspectiva, solo han “beneficiado a las empresas privadas, en perjuicio de las empresas públicas del Estado”.
Ergo, la competencia en la industria eléctrica mexicana desaparecería en caso de que esta iniciativa se apruebe, pues -aunque una empresa particular produzca electricidad a menor costo que la CFE- la prevalencia estará en la paraestatal, sin importar que sus costos sean más elevados.
A esto se suma que las “mejores prácticas” ya no se aplicarían en las empresas del Estado, haciendo que la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras firmas estatales regresen a los tiempos en los que eran monopolios gubernamentales, cuya administración arrojaba pérdidas constantes.
De hecho, la mala administración padecida durante varias décadas por la Comisión Federal de Electricidad es uno de los factores que explican su ineficiencia actual, los altos costos de producción, y su enorme pasivo laboral.
Según el estado financiero consolidado de la CFE del tercer trimestre del año pasado, hasta el 31 de septiembre de 2023 el pasivo laboral de la paraestatal era de 431,467 millones de pesos, cifra 18.5% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2022.
El pasivo laboral son todas las deudas que se generan en una empresa durante los años que prestan sus servicios los trabajadores, incluyendo los pagos de las pensiones para los jubilados.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.