Falta transparencia en gasto de obra pública, advierte el CIEP
Un 90% del gasto en inversión no cumple con todos los criterios de transparencia y acceso a la información.
La creación de infraestructura por parte de los gobiernos garantiza o impulsa el crecimiento económico, y también ayuda a disminuir la brecha de la desigualdad social.
Por eso es esencial siempre, en cualquier economía, el gasto gubernamental; un gobierno es por lo general el mayor impulsor de la economía con su gasto, orientado en origen al impulso de la economía.
Con su gasto, los gobiernos de todos los países generan las condiciones para el impulso económico y el gasto consecuente de la iniciativa privada, que siempre lo secunda.
Pero este gasto en infraestructura tiene que cumplir con una condición esencial: ser transparente.
La opacidad es un mal indicador en el sentido de que algo no se hace bien, y quizás no se gasta como se debería gastar, o en lo que de verdad impulse en el largo plazo el crecimiento económico.
Lamentablemente México es un ejemplo de lo anterior, de acuerdo al estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), al que denominó “Presupuesto para Proyectos Prioritarios 2018-2024. Fortalecer la transparencia y priorizar la inversión”.
Los tres principios de la inversión pública
El CIEP resalta en su documento lo relevante que es el gasto en infraestructura, así como su transparencia como condición inherente.
Para ello, el CIEP define que, para el seguimiento y cumplimiento oportuno del gasto asignado en obra pública, se requiere de tres principios: planeación, priorización y transparencia de estos recursos.
De acuerdo con sus cifras, en 2023, del total del gasto de inversión, un 75 por ciento correspondió a obra pública, de ese tamaño es la relevancia.
El CIEP analizó dichos principios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su relación con los proyectos prioritarios.
Una de las primeras conclusiones detalla que, a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que todo recurso destinado a gasto de inversión pública debe cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información; en 2023 sólo el 10% del gasto asignado a inversión es obra pública abierta y cumple con tales características.
Es decir, 9 de cada 10 partidas monetarias destinadas al gasto de inversión por parte del gobierno federal no cuentan con los requisitos necesarios para ser considerados con la transparencia suficiente.
El CIEP asegura que dichos recursos cuentan con clave de cartera asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que es posible consultar los análisis costo-beneficio en el sitio web de la secretaría.
Además, el 17 por ciento cuenta con clave de cartera no abierta; es decir, no se pueden consultar los análisis costo-beneficio. Por su parte, un 48 por ciento no cuenta con clave de cartera y, por lo tanto, no se puede dar seguimiento al presupuesto de tales obras.
Opacidad en gasto de infraestructura
Ante dicha situación y de acuerdo con las cifras del CIEP, lo anterior ha dificultado el seguimiento del gasto de algunas obras, dada su atribución de interés público y seguridad nacional, el ejemplo más claro lo tenemos el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos considerados como prioritarios.
Más todavía, debido a que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 fue aprobado en los términos que envió el Poder Ejecutivo, se destinarán un total de 1 billón 506 mil 415 millones de pesos para obras prioritarias en la actual administración. Los proyectos con mayor presupuesto serán la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, con el 55.9 por ciento y 34.1 por ciento del total, respectivamente.
Pero la falta de transparencia no obedece solamente al hecho de que algunas obras son consideradas de seguridad nacional, sino que la falta de acceso a la información impide que se le dé seguimiento oportuno al gasto de obra pública.
Por ejemplo, el CIEP dice que no es posible consultar los análisis costo-beneficio del Tren Maya, que tiene un gasto de 514,217 millones de pesos (mdp), mientras que la refinería Dos Bocas, con un costo de 841,952 mdp, no tiene análisis costo-beneficio.
La opacidad es un indicador de riesgo que quizás no refleja sus efectos de inmediato, pero tarde o temprano se conoce la forma y en qué se gastó, lamentablemente casi siempre es demasiado tarde para corregir los errores y el país lo debe pagar.
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