Estas serán las consecuencias si desaparecen los organismos autónomos
El presidente enviará al Congreso iniciativas para eliminar el INAI, reformar el Poder Judicial federal, y para mantener militarizada a la Guardia Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que al iniciar el próximo año enviará varias iniciativas al Congreso para reformar la Constitución y eliminar a algunos de estos órganos, además de que también pretende se avale la militarización de la Guardia Nacional, y que los ministros de la Suprema Corte, además de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, sean electos por el voto popular.
Los organismos constitucionalmente autónomos son entes que no se encuentran adscritos ni subordinados a ninguno de los tres Poderes del gobierno en México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Son instituciones del Estado que realizan funciones técnicas y especializadas con las que se garantizan derechos humanos, por lo que su desaparición implicaría retroceder en el reconocimiento de derechos fundamentales.
Las propuestas, según ha anunciado el mandatario, intentarán la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debido a que López Obrador considera que se trata de estructuras burocráticas onerosas que “no sirven para nada”.
Sin embargo, todos los organismos constitucionalmente autónomos desempeñan una importante función que nos beneficia a todos, pues su origen obedece a la necesidad de superar el presidencialismo que vivió nuestro país durante más de 70 años.
En ese periodo, el titular del Poder Ejecutivo federal emanaba de un partido político hegemónico y actuaba al margen de la carta magna, llevando a cabo actos a los que se les denominó metaconstitucionales, aunque en realidad en la mayoría de los casos eran claras violaciones a la Constitución.
Es decir, estos organismos se crearon para garantizar derechos fundamentales de los mexicanos, manteniendo relaciones de coordinación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sobre todo para acotar el poder del presidente.
Retroceso prohibido
Son nueve los organismos constitucionalmente autónomos que hay en nuestro país: El Banco de México (Banxico), que garantiza el derecho humano a vivir en una economía estable, regulando el poder adquisitivo de nuestra moneda; el Instituto Nacional Electoral (INE), que con sus funciones hace posibles nuestros derechos político-electorales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señala las trasgresiones a estos derechos por parte de autoridades gubernamentales; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que, al suministrar información veraz y oportuna, coadyuva con el desarrollo nacional, y por ende con los derechos económicos y sociales de los mexicanos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuya información fortalece las políticas públicas para avanzar en la garantía de los derechos fundamentales, en especial de los grupos que se encuentran en desventaja económica.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que garantiza el derecho humano a la libre competencia y concurrencia económicas; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que permite fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones en beneficio de los ciudadanos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que garantiza nuestro derecho humano a la privacidad, y el derecho de acceso a la información pública; y la Fiscalía General de la República (FGR), con la que podemos ejercer nuestro derecho a la procuración de justicia.
Es decir, la desaparición de cualquiera de estos organismos implica eliminar los derechos humanos que estos garantizan, trasgrediendo el principio de progresividad que señala el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, que consiste en la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos fundamentales, de tal forma que estos siempre estén en constante evolución, y bajo ninguna justificación en retroceso.
Así lo ha señalado en varias jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el principio de progresividad de los derechos humanos forma parte de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano en diversos tratados internacionales.
Costos políticos y réditos electorales
Al proponer la desaparición del INAI, el presidente muestra que prefiere la opacidad a la transparencia, lo que negaría nuestro derecho humano a saber qué es lo que hace el gobierno con los recursos del erario que aportamos todos los mexicanos con nuestros impuestos.
Asimismo, una reforma al Poder Judicial de la Federación, para que sus integrantes sean electos con el voto popular, debilitaría a la Suprema Corte, y a los Juzgados y Tribunales, cuya función principal es servir de contrapeso a todas las autoridades cuando estas actúan trasgrediendo la Constitución.
Y es igualmente grave pretender que la Guardia Nacional sea una institución a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando la Corte ya declaró que la militarización de ese cuerpo de seguridad no solo es inconstitucional, sino -sobre todo- violatoria de derechos humanos.
Con esto último se intenta desconocer que la interpretación de la carta magna es facultad exclusiva de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, lo que evidencia un ejercicio presidencial autoritario.
No obstante, el presidente López Obrador sabe que ninguna de estas iniciativas va a prosperar en el Congreso, pues su partido no cuenta con la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución.
En realidad, se trata de propuestas retóricas que serán utilizadas para golpear a la oposición durante el periodo previo a las elecciones federales, con el fin de apoyar a los candidatos de Morena, empezando por la abanderada presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo.
El rechazo de estas propuestas en el Congreso también le servirá al presidente y a Morena para responsabilizar de ese fracaso a la oposición, y para promover que los ciudadanos no voten de manera diferenciada, a fin de que ese partido logre una mayoría calificada en el Poder Legislativo.
Además, al no concretarse estos cambios, habrá un costo político que será asumido por la actual administración, en beneficio de todos los políticos del partido oficial que asumirán funciones en un nuevo gobierno, en caso de ganar los comicios en 2024.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.