Saldos jurídicos de 2020: Litigios, decretos ilegales, y 4 cambios a la Constitución

Cuatro reformas constitucionales, la consulta en contra de los expresidentes del país; la militarización de la seguridad pública y de las aduanas; los casos de Emilio Lozoya, Rosario Robles, y del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; así como la extinción de los fideicomisos públicos, y los amparos ganados por las empresas de energías renovables, son algunos de los temas más destacados que en el ámbito jurídico nos dejó este 2020.

A diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando se registraron siete cambios a la carta magna, en este año que fenece la Constitución mexicana solo fue reformada en cuatro ocasiones, la última el pasado 24 de diciembre, con adiciones a los artículos 4 y 73 de nuestra máxima ley en materia de juventud, de acuerdo con el decreto publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con estos cambios, ahora se establece que el Estado “promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes”. Esta última reforma es similar a la que registró la Constitución el pasado 18 de diciembre, que incorporó a sus artículos 4, 73, 115 y 122 el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial.

El artículo cuatro de la carta magna, el más reformado en este año, también sufrió un cambio el pasado 8 de mayo con la publicación en el DOF que crea un sistema de salud para el bienestar, “para garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”. Además, desde el 7 de marzo de 2020, en México quedaron prohibidas las condonaciones de impuestos al reformarse el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución.

Litigios ganados vs. el gobierno

En este año también se destaca el fracaso en tribunales de la nueva política energética que intentó aplicar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los amparos promovidos por más de 60 empresas de energías limpias revirtieron un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que pretendía impedir las pruebas y operación de esos consorcios.

Lo mismo sucedió con la Secretaría de Energía que debió suspender la aplicación de un acuerdo en el que se expresaba una nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. En este último caso, fue el gobierno de Tamaulipas el que obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de ese acuerdo, que intentaba cancelar la reforma que en esa materia aprobó el Congreso en 2013.

Otro yerro para el gobierno federal fue la presentación, a inicios de 2020, de una reforma penal que pretendía imponer prisión preventiva para todos los delitos, y que iba a permitir que el Ministerio Público obtuviera pruebas de manera ilícita o violando derechos fundamentales.

El documento, que fue presentado en el Senado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acompañado de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente López Obrador, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue retirado ante la evidente trasgresión de derechos humanos que implicaba esa reforma, por lo que ni siquiera fue analizado por los senadores.

Decretos inconstitucionales

En contraste, lo que sí está vigente, a pesar de que es completamente inconstitucional, es la militarización de las aduanas a partir de un anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que generó -en el mes de julio- la renuncia del secretario de Comunicación y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

El que las fuerzas armadas se hagan cargo de las aduanas y puertos de México es contrario a los artículos 14, 16, y 21 de la carta magna, pues el personal castrense ya realiza actividades de revisión e investigación que solo deben llevar a cabo los civiles y el Ministerio Público Federal. 

También violatorio de la Constitución fue el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que eliminó los aguinaldos a los altos funcionarios de su administración, lo que trasgrede los artículos 123 y 127 de la carta magna, y el numeral 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Más grave aun es el acuerdo, publicado en octubre en el DOF, que traslada a los militares que integran la Guardia Nacional, la supervisión de las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva. Este documento es inconstitucional debido a que la administración de justicia debe estar a cargo de civiles.

El artículo 21 de la Constitución establece que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, que en ningún caso puede ser militar.

Esa medida se añade a la anunciada el 11 de mayo pasado cuando López Obrador decidió que la seguridad pública del país, en el ámbito federal, fuera de carácter militar, a partir de un acuerdo del mandatario que ordena a las Fuerzas Armadas a participar en esa labor junto con la Guardia Nacional, hasta el próximo 27 de marzo de 2024.

La militarización de la seguridad pública en México violenta los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, lo que tergiversa el sistema jurídico en materia de prevención e investigación del delito que deben manejar solo autoridades civiles.

Expedientes emblemáticos

A estos casos se añade la polémica desaparición de 109 fideicomisos públicos, en los que presuntamente había corrupción, y que estaban dedicados a apoyar a víctimas del delito, cineastas, deportistas, investigadores, científicos, periodistas, defensores de derechos humanos, y micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Con la desaparición de estos instrumentos financieros, que se regulaban en 17 leyes, el Congreso autorizó que 120,000 millones de pesos pasarán a ser manejados por el Ejecutivo federal, a través de la Tesorería de la Federación.

A su vez, el 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, con importantes cambios, la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que deberá realizarse el primer domingo de agosto de 2021. Este ejercicio ya no implica la posibilidad de juzgar a los expresidentes del país, aunque esa es la intención del gobierno lopezobradorista.

La Corte cambió por completo la pregunta a fin de que esta pudiera estar acorde con la carta magna, por lo que el próximo año se cuestionará a los ciudadanos si se está o no de acuerdo “en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Escándalos sin juicios

Los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; y del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, también se destacan en lo sucedido durante 2020.

A finales de julio pasado, después de aceptar su traslado a México desde España, el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue vinculado a proceso por ser presunto responsable de los delitos de cohecho, asociación delictuosa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó que se le mantuviera en prisión.

Desde entonces, Lozoya negocia en libertad la aplicación de un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, a cambio de proporcionar información al Ministerio Público sobre los actos de corrupción que se registraron en la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El otro caso relacionado con corrupción que se dirime en tribunales, pero que ha recibido un tratamiento distinto al de Lozoya por parte de la Fiscalía, es el de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. La exfuncionaria tiene más de un año en prisión preventiva acusada por dos delitos de ejercicio indebido de funciones, ambos cometidos de manera continuada, con los que el erario público habría tenido una afectación de 5,000 millones de pesos.

En agosto pasado, la FGR pidió al juez de la causa que Robles Berlanga sea sancionada con 21 años de prisión. Con Robles la autoridad ha aplicado un doble rasero: Mientras al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se le permite seguir su proceso en libertad, a pesar de que este admitió haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, a la también exsecretaria de Desarrollo Agrario se le mantiene en prisión preventiva por el riesgo de que pudiera evadirse.

Ante esto, desde el 23 de noviembre, la exfuncionaria busca obtener la condición de testigo colaborador, negociando con la FGR para que esta le aplique un criterio de oportunidad, a cambio de que Robles Berlanga proporcione información sobre el presunto desvío de recursos públicos que se habría registrado en el sexenio pasado.

Quien también permanece sin ser juzgado es el general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien en octubre pasado fue detenido en Estados Unidos por ser presunto responsable de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Esas acusaciones fueron desestimadas temporalmente en Estados Unidos en el mes de noviembre, lo que permitió que el militar fuera trasladado a México como un hombre libre, bajo la condición de que -presuntamente- sería investigado en nuestro país.

En México será muy difícil que Cienfuegos Zepeda sea realmente investigado o llegue a prisión, a pesar de que los fiscales estadounidenses insisten en que cuentan con pruebas sólidas de la presunta participación del exfuncionario en hechos de narcotráfico. En caso de que la FGR decidiera procesarlo, siempre y cuando coincida con sus pares de Estados Unidos en cuanto a la validez de la evidencia, el militar, de 72 años, tiene derecho a seguir desde su domicilio todas las actuaciones de un eventual juicio.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.