Buscador
Ver revista digital
Actualidad

Así es como fracasó el gobierno de AMLO en su promesa de resolver el caso Ayotzinapa

26-09-2023, 9:04:49 AM Por:

A partir de este 26 de septiembre, al mandatario solo le quedan 371 días en el poder y será muy difícil conocer con exactitud qué pasó con los normalistas.

Han pasado 3,287 días desde la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Son nueve largos años en los que sus familiares han recibido respuestas parciales y tergiversadas, incluyendo las emitidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración también fracasó en su promesa de esclarecer el caso.

A partir de este martes 26 de septiembre, al mandatario solo le quedan 371 días en el poder, por lo que -lamentablemente- será muy difícil que antes del 1 de octubre de 2024 se pueda conocer con exactitud el paradero de los normalistas, y las circunstancias exactas en las que fueron secuestrados, privados de la vida, y desaparecidos.

Inicialmente, la voluntad política de López Obrador para desenredar la madeja de yerros y complicidades de la investigación era evidente y manifiesta, de hecho, su primer decreto como titular del Ejecutivo federal fue la creación de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Este documento se firmó en un acto público el 3 de diciembre de 2018, solo dos días después de asumir como jefe del Estado mexicano, y fue publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, el compromiso del presidente para dar luz a lo ocurrido con los 43 estudiantes, expresado durante su campaña como candidato, y reiterado a lo largo de los últimos cinco años, ya es una promesa incumplida a la que han contribuido tanto la Secretaría de la Defesa Nacional (Sedena) como la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), y hasta el mismo titular de la Comisión para la Verdad, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

El problema central que empantana el caso es el mismo que el registrado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, surgido desde los primeros minutos posteriores a los hechos: La connivencia, auxilio y complicidad de autoridades locales y federales con los carteles del narcotráfico.

Por acción y omisión, sobre todo de la Sedena y la FGR, la desaparición de los jóvenes no ha sido esclarecida, pues los mandos castrenses de nuestro país, junto con el presidente López Obrador, insisten en que solo participaron algunos elementos de la milicia, quienes no auxiliaron a los normalistas del ataque que estaban sufriendo aquella trágica noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En vez de reconocer que se trata de un problema estructural e institucional, tanto el Ejecutivo federal como el Ejército pretenden reducir el caso a un tema de omisiones aisladas que llevaron a cabo unos cuantos elementos. Esta perspectiva también ha impregnado el trabajo de la Fiscalía, lo que ha provocado la revictimización de los padres de los estudiantes, haciendo más grave la violación a sus derechos humanos.

Investigación secreta

De acuerdo con los seis informes rendidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la participación del Ejército en los hechos de Iguala va más allá de conductas individuales, presumiblemente delictivas. De hecho, quienes ordenaron la desaparición de los normalistas forman parte, están relacionados, o ejercen control en el corrupto entramado que ha desviado las investigaciones.

El ejemplo más claro de esto es el seguimiento, y la indagatoria secreta realizada por la Sedena a partir del momento en el que inició el ataque en contra de los estudiantes. Una parte de esa información fue entregada al GIEI por orden del presidente, no obstante, cuando los expertos pidieron profundizar en la documentación castrense, el Ejército respondió con mentiras y evasivas.

“Cuando se intentó contar con toda la información existente, SEDENA señaló que no había mayor documentación o que desconocía su procedencia, y otras respuestas que faltan a la verdad y suponen un ocultamiento de informaciones muy relevantes para el esclarecimiento del caso”, reveló el VI y último informe del GIEI en julio pasado.

En este reporte final, los expertos aseguran que la evidencia documental muestra “que dichas respuestas no son ciertas”, por lo que –de facto- la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en uno de los actores institucionales que en la actual administración han bloqueado el avance de las investigaciones.

Madeja de complicidades

Otra institución de relevancia para la tergiversación de los hechos de Iguala ha sido la Fiscalía General de la República (antes PGR), instancia cuyo mal funcionamiento es histórico, por lo que no sorprende que haya sido esta dependencia la encargada de fabricar, desde finales de 2014, una versión que en vez de resolver la desaparición de los normalistas sirvió para encubrir y diluir las responsabilidades de todos los involucrados.

Las complicidades tejidas desde entonces entre la Fiscalía y aquellos que fueron partícipes de las 43 desapariciones se han mantenido en la actual administración, pues no hay otra forma de explicar por qué, en vez de concentrar en una misma causa penal a los presuntos responsables, se decidió distribuir las decenas de acusaciones en juzgados federales de distintos estados.

Esto no ha sido corregido durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como tampoco se ha logrado una verdadera independencia del Ministerio Público federal, ya que los pocos avances registrados en la indagatoria se frenaron abruptamente, justo cuando ya no podía ocultarse que el Ejército y la Marina también intervinieron en varias de las violentas etapas ocurridas en Iguala, el municipio guerrerense escenario de los trágicos hechos sufridos por los jóvenes.

Oportunidad perdida

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el evidente fracaso de la investigación para esclarecer este grave delito a lo largo de dos administraciones presidenciales, son la emblemática y dolorosa muestra de la descomposición social e institucional que se ha padecido en nuestro país en los últimos veinte años.

Si intentamos explicar por qué los padres de los normalistas siguen viviendo la angustiosa incertidumbre que genera el no saber qué pasó con sus seres queridos, la respuesta más lógica y plausible nos remite a las fallas cometidas tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como en el del presidente López Obrador.

Sin embargo, resalta que es en la actual administración, autodenominada como transformadora, cuando se perdió la oportunidad no solo de resolver las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, sino de iniciar un proceso de justicia transicional que, como sociedad, nos hubiera permitido vislumbrar soluciones para este y otros casos en los que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

MÁS NOTICIAS:

autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.

Comentarios