SCJN analizará si Tren Maya debe ser de seguridad nacional y manejado por el Ejército
Legisladores de oposición consideran que es inconstitucional que los militares estén a cargo de esa obra de infraestructura de manera indefinida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya admitió a trámite dos Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición a Morena, en las que se impugna que el Ejército maneje el Tren Maya de manera indefinida, y que el gobierno federal considere como obras de seguridad nacional a ese transporte y al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En esta ocasión, los legisladores demandantes consideran que las reformas introducidas a tres leyes federales, que están vigentes desde el pasado 4 de mayo, trasgreden diversas disposiciones constitucionales, pues con esos cambios se autorizó al Ejército el manejo permanente del Tren Maya, además de que se facultó al presidente para realizar asignaciones directas de servicios públicos, cuando dichas actividades sean calificadas como de seguridad nacional.
En específico, diputados y senadores de los partidos de oposición presumen que es inconstitucional la reforma al artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y las adiciones aprobadas por el Congreso, con el voto mayoritario de Morena, a las leyes Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales.
Esos cambios, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo pasado, establecieron que el Tren Maya fuera manejado, de manera indefinida, por la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que esa obra es considerada como de seguridad nacional por la administración del presidente.
El ministro ponente que elaborará el proyecto de sentencia de estas Acciones de Inconstitucionalidad es Alberto Pérez Dayán, quien -por ejemplo- el pasado 22 de mayo voto a favor de anular al completo, por ser inconstitucional, el acuerdo en el que Andrés Manuel López Obrador determinó como áreas de seguridad nacional a los proyectos y obras asociados a infraestructura de su gobierno.
En esa ocasión, con el voto de ocho de los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte se invalidó el llamado “decretazo” publicado por el mandatario en noviembre de 2021, debido a que este trasgredía el derecho constitucional a la información e interfería en las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al considerarse como de seguridad nacional las construcciones prioritarias de la administración lopezobradorista, la transparencia que deben observar las mismas quedaba anulada, pues la información de esas obras se podía reservar, manteniendo en la opacidad todos los datos oficiales, incluyendo los recursos públicos invertidos, las compras de materiales, junto con las licitaciones o concesiones a empresas privadas, entre otros.
Reforma también fomenta opacidad
La reforma a las leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales, como el “decretazo” que ya fue anulado por la Corte, permite -de nueva cuenta- la opacidad de los proyectos de infraestructura desarrollados por el gobierno.
Además, esos cambios exceden a lo que dispone la Constitución con respecto a las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal, ya que la reforma le autoriza a este a realizar asignaciones directas de servicios públicos -de manera permanente- a cualquier empresa paraestatal.
De manera textual se introdujo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que el título de asignación a favor de entidades paraestatales “tendrá una vigencia indefinida”, además de que, una vez otorgada dicha asignación, “no podrá cederse o transferirse bajo ningún título”, a menos que ya no existan las consideraciones de utilidad pública, interés social o razones de seguridad nacional.
Es decir, cuando el mandatario realice cualquier asignación a una paraestatal, esta no podrá cederse o transferirse, y solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que dicha asignación carece de utilidad o interés público, o que el servicio prestado ya no se considera de seguridad nacional.
Desde febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa Olmeca-Maya- Mexica, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, administraría el Tren Maya y los nuevos aeropuertos de Tulum y Chetumal en Quintana Roo, además del aeródromo de Palenque en Chiapas.
Lo mismo sucede con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo manejo también está militarizado a través de la Secretaría de Marina.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.