¿Qué consecuencias tendrá la renuncia a la Suprema Corte del ministro Arturo Zaldívar?
Su salida de la Corte, seguida de su adhesión a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, plantea un panorama cuesta arriba para la oposición.
La renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y su inmediata incorporación a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dibuja un panorama no del todo halagüeño para los partidos de oposición, pues las consecuencias de su salida anticipada del máximo tribunal serán eminentemente políticas, más que jurídicas.
Al fungir, ahora sí abiertamente y no de manera soterrada, como un aliado del oficialismo “para avanzar en la transformación del país”, como lo mencionó Sheinbaum en una publicación de X (antes Twitter), la nueva conformación de la Corte -presente y futura- será decisiva para el país, y para el resultado de los varios litigios que legisladores de oposición mantienen en la Corte.
Para que cualquier norma reformada pueda declararse inconstitucional, a través de las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, se requieren al menos ocho votos de los integrantes del Pleno de la SCJN.
Al dimitir Zaldívar, los consensos serán más difíciles, considerando que hay dos ministras claramente identificadas con Morena y con el presidente: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. Con esto, basta que un solo ministro decida votar por la constitucionalidad de las reformas impugnadas para que no se alcance la mayoría de ocho votos necesaria.
No debemos olvidar que la Corte aun tiene pendiente resolver las Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas por legisladores de oposición en contra de la desaparición del Insabi, del Conacyt y de la Financiera Rural, así como los cambios hechos por el Congreso -en abril pasado- que le otorgan al Ejército el manejo permanente e indefinido del Tren Maya, junto con el permiso para que la Secretaría de la Defensa Nacional cuente con una línea aérea.
Asimismo, diputados contrarios a Morena también impugnaron la constitucionalidad de la reforma que permite a la Secretaría de la Función Pública encabezar todas las contrataciones del sector público, en tanto que la Corte también deberá resolver los litigios en contra de las nuevas disposiciones mineras, las cuales reducen de 50 a 30 años el término de las concesiones en ese sector.
Es decir, si bien todos estos asuntos versan sobre cuestiones jurídicas, y en específico sobre la inconstitucionalidad de muchas de las reformas, al final las resoluciones de la Corte terminarán teniendo un efecto político, a favor o en contra de la administración lopezobradorista.
Por ello la ausencia de un ministro es importante, a pesar de que Arturo Zaldívar ya mostraba, con sus votos en el Pleno, su cercanía con el partido oficial. De hecho, fueron varias las ocasiones en las que el hoy exministro tuvo que acudir a las redes sociales para explicar sus decisiones, debido a la notoria incongruencia de sus más recientes criterios, en contraste con la línea jurisprudencial que había mantenido hasta antes de 2018.
Cooptación de la Corte
Otra consecuencia de la salida anticipada de Zaldívar del máximo tribunal, pues aun le quedaba un año de gestión, será el diferendo en el que se entramparán los senadores de Morena y de la oposición, ya que -en primera instancia- deben aprobar la renuncia del ministro y, posteriormente, elegir a un nuevo integrante de la Corte, cuando el presidente envíe su propuesta a través de una terna.
La dimisión ya fue aceptada por el titular del Poder Ejecutivo federal, a pesar de que el documento no cumple con los requisitos que establece la Constitución, cuyo artículo 98 establece que “las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves”.
Zaldívar no expresa dichas causas, lo que seguramente no será obstáculo para que la Cámara alta avale su salida de la Corte, tal y como ocurrió el 8 de octubre de 2019 con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora.
El verdadero problema vendrá cuando los senadores tengan que votar al nuevo ministro que se integrará al máximo tribunal, a partir de una terna que debe enviar el presidente López Obrador. Obviamente el mandatario no propondrá a un jurista independiente, sino a alguien que coincida con su proyecto político, como Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
El Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, debe elegir al nuevo ministro en un plazo improrrogable de 30 días. Si no se realiza la designación en ese lapso, el cargo de ministro lo ocupará la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente, de acuerdo con el artículo 96 constitucional.
Lo mismo ocurre si la Cámara alta rechaza la primera y una segunda terna enviada por el mandatario, pues si la segunda propuesta no es aprobada, el nuevo ministro lo nombrará directamente López Obrador.
Con esto iniciará la previsible cooptación de la Corte, suponiendo que el voto ciudadano favorezca a la aspirante presidencial de Morena, pues el primer día de diciembre de 2024, el ministro Luis María Aguilar Morales cumple su periodo de 15 años para el que fue designado por el Senado en 2009. Dos años después, en 2026, también el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pasará a retiro.
De esta forma podría darse el mecanismo que en el mundo jurídico se le conoce como court-packing, usado para controlar las posturas ideológicas de las Cortes Supremas, a través de la cooptación política de quienes serán los próximos ministros del máximo tribunal mexicano.
La figura del court-packing, cuya traducción literal es “embalaje de la Corte”, es una forma que han utilizado los presidentes para mantener de su lado a los integrantes de los tribunales constitucionales. Se trata de un término que data de finales del siglo XIX, pero que se popularizó en el derecho constitucional en 1937, durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos.
Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI los regímenes autoritarios han utilizado el court-packing para controlar a su Poder Judicial, lo que permite que los Ejecutivos se excedan en sus facultades para implantar gobiernos antidemocráticos.
Asesor, fiscal o consejero
En cuanto al destino inmediato de Arturo Zaldívar, al unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum solo puede fungir como asesor, y no como litigante que acuda a presentar casos a juzgados y tribunales.
Tampoco puede ser titular de la Fiscalía General de la República, ni secretario de Estado, ni legislador, ni gobernador, y mucho menos consejero jurídico de la Presidencia, ya que este último cargo implica representar al titular del Ejecutivo federal ante el Poder Judicial.
Para ocupar esos cargos deberá esperar hasta noviembre de 2025, acatando lo que establece el artículo 101 de la Constitución, que prohíbe a los exministros de la Corte actuar en esas posiciones administrativas y políticas dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro o renuncia.
El incumplimiento a esta disposición de la carta magna se sanciona con la pérdida de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo le correspondan, es decir, se le retiraría la pensión de jubilación que Zaldívar disfrutará de manera proporcional a sus 14 años de servicio como ministro.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.