Morena quiere militarizar el ciberespacio
Se pretende avalar una Ley de Ciberseguridad en la que el Ejército podrá monitorear internet, y realizar operaciones militares en el ciberespacio.
Diputados de Morena, y de los partidos del Trabajo (PT), y Verde Ecologista (PVEM), impulsan una iniciativa para crear una Ley de Ciberseguridad en la que el Ejército y la Marina se encargarían de “monitorear el ciberespacio para prevenir, identificar y neutralizar ciberamenazas y ciberataques”, facultades que pondrían en riesgo los derechos humanos de los usuarios de internet en México.
La propuesta, cuyo autor es el diputado Javier López Casarín, del Partido Verde, también proyecta permitir al personal castrense “realizar operaciones militares y navales en el ciberespacio, a fin de disminuir” riesgos.
Además, autoriza que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina ejerzan “el derecho de legítima defensa ante toda ciberamenaza y ciberataque que ponga en riesgo la soberanía, los intereses nacionales, (y) las Infraestructuras Críticas de Información”.
A su vez, la iniciativa plantea la implementación de una política nacional de ciberseguridad, y propone crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, dependencia que, entre otras funciones, deberá generar un “Registro de Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos Públicos y Privados”.
Oscuridad e imprecisiones
El proyecto del legislador López Casarín muestra decenas de imprecisiones y ambigüedades jurídicas que denotan una deficiente técnica legislativa, por lo que buena parte de las disposiciones contenidas en la Ley de Ciberseguridad trasgreden el principio de taxatividad, contemplado en el artículo 14 de la Constitución.
Este principio exige que las normas sean claras y precisas cuando en estas se describan conductas que, de llevarse a cabo, ameritarían una sanción.
Por ejemplo, al otorgar al Ejército la facultad de monitorear el ciberespacio, la iniciativa de ley no define exactamente en qué consistirían esas actividades, las cuales -de cualquier forma- son violatorias del artículo 129 constitucional.
Este numeral de la carta magna establece claramente que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.
Tampoco se mencionan cuáles serían los límites y requisitos que deberá cumplir la Sedena para ejercer “el derecho de legítima defensa ante toda ciberamenaza”, frase que se presta a todo tipo de interpretaciones, ya que la definición de ciberamenaza, que expone la misma iniciativa, igualmente es oscura y ambigua.
El documento explica que una amenaza en internet es una “fuente potencial interna o externa a través del Ciberespacio, con capacidad de provocar un funcionamiento incorrecto, pérdida de valor o efecto adverso en los activos”.
Riesgo de censura
La iniciativa, que podría ser aprobada en las próximas semanas, pretende “penalizar actividades cibernéticas ilegales y otorgar atribuciones a las autoridades encargadas de perseguirlas”.
Así, la Agencia Nacional de Ciberseguridad estaría facultada para “solicitar la baja inmediata a proveedores de servicio o administradores, de direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet a través de los cuales se realicen conductas ilícitas”.
Esto último invade las facultades que posee -desde la Constitución- el Poder Judicial, además de que las “actividades cibernéticas ilegales” no se describen adecuadamente en esta norma, abriendo la puerta a la censura y a posibles abusos de autoridad.
Lo mismo sucede con la definición de los delitos cibernéticos: Para el proyecto de ley son “acciones u omisiones delictivas que utilizan como medio o como fin a las tecnologías de la información”.
Si bien en ninguna ley pueden incluirse todos los delitos contemplados en el Código Penal Federal, susceptibles de cometerse en internet, cuando se habla de “actividades cibernéticas ilegales”, los legisladores tienen la obligación de estipularlas sin ninguna ambigüedad.
No hacerlo implica dejar al criterio de los funcionarios, y del personal del Ejército, la determinación de lo que podría ser una conducta ilegal en internet, lo que igualmente violenta diversos preceptos constitucionales, ya que son los jueces, y no las autoridades administrativas, los únicos que tienen competencia para autorizar alguna intervención en las comunicaciones de las personas.
En ese tenor, la organización civil Artículo 19 advirtió que esta iniciativa de ley “amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa”.
El colectivo enfatizó que -con la propuesta- las fuerzas armadas profundizarán “las tareas de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas de la población”, poniendo en riesgo la privacidad de los mexicanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.