¿Se declararía inconstitucional la Ley de Remuneraciones de AMLO?
Sin embargo, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán debe obtener al menos ocho votos de los once miembros del pleno de la Corte
La ley que reglamenta los salarios de la administración pública federal, que ordena que ningún servidor público gane más que el presidente, es inconstitucional porque no establece los parámetros con los que fue fijado el sueldo del titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.
Así mismo, en la aprobación de esa norma el Congreso mexicano incurrió en varias violaciones al proceso legislativo, por lo que es procedente declarar la invalidez de la totalidad de esa ley, impugnada en las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108, ambas de 2018, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversos senadores de oposición a Morena.
Sin embargo, para que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sea declarada inconstitucional, el proyecto debe aprobarse con al menos ocho votos de los once ministros que integran el pleno de la Corte, por lo que aún es incierto el resultado, considerando la nueva integración del máximo tribunal que incorporó, en diciembre y marzo pasados, a dos ministros claramente afines a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Principio de legalidad
La norma impugnada, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre de 2018, aunque fue suspendida por el ministro Pérez Dayán el 12 de diciembre del año pasado.
Posteriormente, el mismo Congreso corrigió muchos de los errores que se encontraban en esa ley, en una reforma publicada en el DOF el 12 de abril de este año.
No obstante, incluso con esos cambios subsisten los vicios de inconstitucionalidad, según el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que todavía no es público, aunque fuentes de la Corte proporcionaron a la prensa una parte de la argumentación del texto.
A diferencia de los ciudadanos que podemos actuar en libertad en cualquier ámbito, siempre y cuando no lo prohíba la ley, los servidores públicos solo pueden hacer lo que les autorizan las normas. Esto se conoce como principio de legalidad, y es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios, incluyendo quienes ocupan cargos de elección popular, como los legisladores.
Si la autoridad no observa este mandato, contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, se transgrede el Estado de Derecho, dando paso a la arbitrariedad.
Esto es justo lo que se intenta combatir con las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y los senadores de oposición a Morena, pues el Congreso tenía la obligación de incluir en la Ley de Remuneraciones los criterios técnicos y la metodología para determinar el monto de las percepciones presidenciales, pues estas son el parámetro con el que se fijan todos los sueldos de los demás servidores públicos.
Como el Poder Legislativo no incluyó en la ley dichos parámetros, el Congreso incurrió en una omisión que abre la puerta a un actuar arbitrario, en detrimento de los derechos laborales de los empleados del Estado mexicano, de acuerdo con la demanda de la CNDH, con la que coincide el proyecto de Pérez Dayán.
La Ley de Remuneraciones debía establecer “las bases por virtud de las cuales, de manera objetiva, se fije el salario del presidente de la República, sin que este pueda ser aumentado o disminuido a discrecionalidad”, pues de ese sueldo –el del presidente- dependen las remuneraciones de toda la estructura gubernamental, apunta la demanda del Ombudsperson mexicano.
De su lado, los senadores de oposición argumentaron que la norma pone “en riesgo la vigencia de diversos derechos fundamentales” de los servidores públicos, y de los ciudadanos en general, pues los gobernados tenemos derecho a que prevalezca la división de poderes, la legalidad y la seguridad jurídica.
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Escenarios adversos
Ambas acciones cuestionan que el presidente Andrés Manuel López Obradorse haya fijado a sí mismo un sueldo de poco más de 108,000 pesos (54,238.85 pesos a la quincena), en contraposición con los 209,135 pesos mensuales que recibía en funciones, antes de impuestos, el ahora expresidente Enrique Peña Nieto.
Este tope salarial, según las Acciones de Inconstitucionalidad de la CNDH y de los senadores de oposición, debió ser fijado por el Congreso federal con parámetros técnicos y con una metodología específica, lo que no está señalado expresamente en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Debido a la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que se prevé discutir en el pleno después de la segunda quincena de mayo, podría ser desestimado al no conseguir los ocho votos necesarios para que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
De ser este el caso, la Ley de Remuneraciones cobraría su vigencia plena, y no podría volver a impugnarse a menos que sea sometida a una nueva reforma.
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