Estos problemas enfrenta el nombramiento del fiscal general en México

Imparcialidad, autonomía y consenso social, son solo tres de las características que deberá tener el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con organizaciones civiles y dirigentes de partidos políticos, quienes se pronunciaron al respecto tras la renuncia de Raúl Cervantes como procurador general del país.

La FGR, que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR), es una institución que se introdujo en el sistema jurídico mexicano con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Su objetivo es lograr que ese órgano sea completamente autónomo, según lo establece el artículo 102 de la Constitución mexicana.

A continuación te decimos cuáles son los atributos que deberá mostrar quien aspire a dirigir la FGR, y los problemas que ya enfrenta la Cámara alta para su nombramiento.

1. Un fiscal químicamente puro

La carta magna de nuestro país señala que el Ministerio Público de la Federación, es decir, la institución encargada de perseguir los delitos en México, se organizará en una Fiscalía General autónoma que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como ocurre con otros órganos constitucionalmente autónomos, cuya característica principal es la de no ser parte del Poder Ejecutivo.

Como ejemplos de este tipo de entidades tenemos al Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Por ende, la autonomía de quien será el nuevo fiscal es un requisito previamente establecido en la misma Constitución.

Además, el titular de la FGR deberá ser “eficaz e independiente”, de acuerdo con la organización #VamosPorMás, la cual plantea que el nombramiento del fiscal, a cargo del Senado, se lleve a cabo luego de una “discusión abierta a la sociedad”.

Para ello, “es necesaria una discusión amplia sobre el artículo 102 constitucional y el diseño de la fiscalía”, manifestó en un comunicado este grupo, conformado por académicos, actores y ciudadanos. No se aclara de manera tácita si esa discusión implicará una nueva reforma a la carta magna, aunque se infiere que la organización pretende que se modifique el método de selección del fiscal.

De su lado, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho apuntó en su cuenta de Twitter que la renuncia de Raúl Cervantes abre la puerta a una discusión de Estado -y no solo de gobierno- sobre el futuro de la fiscalía. Otro colectivo que hizo pública su postura fue México Unido contra la Delincuencia que manifestó la necesidad de volver a reformar el artículo 102 constitucional.

A su vez, el líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, manifestó que el nuevo fiscal “debe ser apartidista, autónomo y con solvencia moral probada”, en tanto que para el PRD el fiscal no debe estar identificado “con ningún grupo político”, dijo Fernando Belauzarán, vocero de la Iniciativa Galileos, una de las corrientes del partido del sol azteca.

2. Un nombramiento secuestrado

El encargado de nombrar al nuevo fiscal general es el Senado de la República, se trata de una facultad que la Cámara alta deberá ejercer con base en una terna y la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes, según lo establece la fracción I del inciso A del artículo 102 de la Constitución.

El procedimiento para la elección del fiscal es el siguiente:

• El Senado debe integrar una lista de al menos diez candidatos, la cual debe ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes.
• La lista aprobada se envía al titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, quien deberá formular una terna en un plazo de diez días, misma que se reenvía a la Cámara alta.
• Con base en esa terna, y previa comparecencia de las personas propuestas, el Senado debe designar al fiscal con el voto de las dos terceras partes de los presentes, en un plazo de diez días, contados a partir de que se reciba la terna del presidente.
• Si el Senado no cumple con esto último, el fiscal lo designará el Ejecutivo Federal de entre los candidatos de la terna.

Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que “la definición de un fiscal o un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no puede estar secuestrada por la efervescencia política”. De hecho, el mandatario mexicano planteó la posibilidad de que el titular de la FGR sea nombrado hasta después de las elecciones de 2018.

3. Una reforma de la reforma

La transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, y su correspondiente autonomía constitucional, está condicionada a que entren en vigor las leyes secundarias que regirán a esa institución, en específico la Ley Orgánica de la Fiscalía, la cual no ha sido aprobada por el Poder Legislativo. Además, el artículo decimosexto transitorio de la reforma que crea la FGR establece que el Congreso deberá emitir una “declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía”, lo que tampoco ha ocurrido.

A estas omisiones se agrega que la misma reforma Constitucional establece que el Procurador General de la República en funciones será designado como el primer fiscal del país, cuando el Congreso declare la autonomía constitucional de la FGR ya mencionada.

Justo es esta disposición, que se denominó “pase automático”, la que mantenía las tensiones entre el PRI y la oposición, pues esta rechazaba la candidatura a fiscal del hoy extitular de la PGR, Raúl Cervantes. Bajo esa lógica, con la renuncia de este deberían solventarse los diferendos en la Cámara alta, sin embargo la realidad es otra, ahora se pide una reforma de la reforma constitucional de febrero de 2014.

Los partidos de oposición en el Congreso consideran que, antes de nombrar al nuevo fiscal, se debe modificar el artículo transitorio de la reforma que estableció el “pase automático” del procurador.

De hecho, el 29 de noviembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en el Senado una iniciativa que elimina esa disposición, pero para enredar más las cosas, esa propuesta no ha sido aprobada porque no cuenta con el consenso de los legisladores del PRI, sí, el mismo partido al que pertenece el mandatario federal.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.