Más de 700 trabajadores del Poder Judicial se amparan contra extinción de fideicomisos
En esos instrumentos no solo hay recursos públicos, sino también aportaciones monetarias de los trabajadores de este poder.
El primer Juicio de Amparo colectivo en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) fue presentado este lunes por 761 trabajadores, quienes buscan -primero- la suspensión de la reforma aprobada por el Congreso, y su posterior invalidez, ya que los cambios legislativos, que están vigentes desde el sábado pasado, afectan derechos adquiridos de los empleados.
La reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 27 de octubre, trasgrede el principio de irretroactividad de la ley, viola “el principio de progresividad de los Derechos Humanos”, en tanto que afecta las obligaciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución, detalló en entrevista con ALTO NIVEL el abogado Rodolfo Martínez, representante de los trabajadores inconformes.
El letrado, integrante del despacho Trusan & Roma, Abogados, añadió que “estos fideicomisos están conformados esencialmente “por recursos aportados por los propios empleados del Poder Judicial, por ejemplo, los fideicomisos que son aportaciones complementarias para pensiones”.
La reforma avalada por el Congreso adiciona un párrafo al artículo 224 de la ley que rige al PJF, estableciendo que en este “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales” al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.
El problema es que parte de los 15,000 millones de pesos que se integran en los 13 fideicomisos que deberán extinguirse con estos cambios, es “dinero de los propios trabajadores, no es propiamente dinero público, es dinero que ellos van aportando para que, cuando se jubilen, (eso) se le sume a su pensión del ISSSTE”, explicó el litigante.
Asimismo, otro de los fideicomisos se destina para apoyar, de manera complementaria, los gastos médicos de los empleados de Juzgados y Tribunales, se trata de recursos en los que los trabajadores igualmente tienen una aportación, ya que el objetivo del instrumento es servir para solventar gastos extraordinarios en los casos de emergencia o enfermedades graves.
“Como puedes ver lo que tenemos ahí es una afectación directa, un agravio directo a dinero que es de ellos, o sea es un robo en despoblado prácticamente”, sentencia Rodolfo Martínez.
Trasgresión a derechos humanos
Al presentarse una privación a los derechos de los empleados en activo y de los que ya están jubilados, con la reforma se actualizan violaciones a los artículos 1, 14, 16, y 134 de la Constitución. En específico, en estos numerales de la carta magna se establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos, de conformidad con el principio de progresividad.
La progresividad de los derechos fundamentales implica que, cuando ya se posee un derecho, este no puede ser eliminado o revertido, por el contrario, se debe buscar ampliarlo, de acuerdo con el artículo 1 constitucional.
A su vez, el artículo 14 de la Constitución garantiza que ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de las personas, además de que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Además, el artículo 16 constitucional prohíbe los actos de molestia de parte de cualquier autoridad en contra de los ciudadanos, a menos que exista un mandamiento por escrito emitido por una autoridad jurisdiccional (juez).
En cuanto al numeral 134 de la carta magna, en este se determina que todos los recursos económicos de los que disponga la Federación “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
El abogado Rodolfo Martínez prevé que en las próximas semanas su despacho estará presentando otros amparos colectivos, pues la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a la totalidad de empleados de este poder, en el que laboran 55,000 trabajadores.
De igual forma, legisladores de oposición anunciaron que promoverán una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica del PJF, la cual deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial federal, de un total de 14, en realidad no está motivada por criterios de austeridad como argumentaron los diputados y senadores de Morena, pues los 15,000 millones de pesos contenidos en dichos instrumentos equivalen al 2.69% de los 557,712 millones de pesos que posee el Poder Ejecutivo federal también en fideicomisos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.