Las claves de la investigación del Poder Judicial contra Arturo Zaldívar
El exministro de la Corte, y varios de sus excolaboradores, están acusados de diversos actos de corrupción en beneficio de la administración de AMLO.
Desvío de recursos, falta de imparcialidad y profesionalismo; enriquecimiento oculto; cohecho y abuso de funciones, son algunos de los dardos que apuntalan la investigación en contra del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y con los que se ha abierto, además de una controversia jurídica, un conflicto político entre los poderes del Estado.
Las conductas presuntamente cometidas por el exministro, hoy integrante de la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, si llegaran a probarse, constituyen causales de responsabilidad administrativa. El problema es que no existe legislación que permita imponerle sanciones.
De entrada, hay que aclarar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no está investigando a Zaldívar, sino solo a varios de sus hoy excolaboradores en la Corte, quienes -junto con el exministro- fueron señalados de presuntamente realizar actos de corrupción entre 2019 y 2022.
El Consejo de la Judicatura, cuya titular es la también presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, no tiene facultades para investigar y mucho menos para sancionar al exministro Arturo Zaldívar.
Sin ley previa no hay pena
A la par de la indagatoria que ha emprendido el CJF en contra de exservidores públicos que laboraron con Zaldívar, la ministra presidenta ordenó que este fuera investigado por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte.
Esa instancia es la que deberá recabar las pruebas que -en su caso- pudieran comprobar las acusaciones que señalan a Arturo Zaldívar como un hombre que supuestamente actuó en contra de la independencia de jueces y magistrados, con el fin de obtener sentencias a modo en beneficio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, aunque en la indagatoria se pruebe y concluya la responsabilidad del expresidente de la Corte, el Pleno del máximo tribunal del país no tiene facultades para imponerle ninguna sanción.
El artículo 11, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala claramente que es atribución del Pleno de la SCJN “resolver sobre las responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respecto de las faltas de las y los ministros y las faltas graves cometidas por las y los servidores públicos de la Suprema Corte”.
Esta disposición es clave para entender por qué este caso, en el fondo, es un conflicto político: Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea hoy es un activista de Morena, ya no es ministro, por lo que ningún órgano de la Suprema Corte está facultado para imponerle una sanción de resultar ciertas las acusaciones.
Beneficios políticos y económicos
La denuncia en contra de Zaldívar, cuya copia posee ALTO NIVEL, precisa que este, cuando era presidente de la Corte, habría amenazado a un centenar de togados para que sus sentencias favorecieran los intereses del titular del Ejecutivo federal, y para presuntamente obtener beneficios económicos para sí mismo y sus colaboradores.
El modus operandi de Arturo Zaldívar para influir en las decisiones de los titulares de diversos órganos jurisdiccionales, siempre de acuerdo con las acusaciones del escrito de denuncia, habría sido el siguiente:
- Se citaba a magistrados, jueces e incluso a secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal.
- Ahí se les presionaba o se les exigía que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos.
- Si lo anterior no funcionaba, a los juzgadores se les “extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa”.
- Otra de “las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos. (sic) un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal”.
La denuncia agrega algunos casos específicos en los que habría existido presión desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, que encabezada Zaldívar, en los litigios en los que se dirimían los proyectos más importantes de la actual administración.
Entre estos figuran en el documento los Juicios de Amparo en contra de las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, “el Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco”, además del Tren Maya, entre otros.
Algunas de las resoluciones de los jueces y magistrados que llevaron esos casos hoy están bajo sospecha, sobre todo aquellas en las que la balanza se inclinó a favor del Ejecutivo federal mediante rebuscadas interpretaciones legales con las que -en realidad- se escondían intereses políticos.
Por eso, si se prueban las conductas ilícitas que presuntamente habría cometido Arturo Zaldívar, la consecuencia para este y para el país no será jurídica, al menos no en el ámbito de las responsabilidades administrativas.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.