Jueza ordena a Ejército permitir ayuda en Acapulco de ONG’s y particulares
El personal castrense no puede impedir la entrega de víveres transportados por particulares, pues eso viola los artículos 1, 11, y 29 de la Constitución.
El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, y en general todas las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben permitir que ciudadanos y organizaciones civiles ingresen a las inmediaciones de Acapulco para “entregar víveres y ayuda humanitaria a los damnificados” por el huracán Otis, ordenó el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.
Esta determinación fue emitida por la jueza Celina Angélica Quintero Rico al conceder una suspensión de plano en un Juicio de Amparo promovido en contra del presidente López Obrador; del secretario de la Defensa; del titular de la Marina; del comandante de la Guardia Nacional; de la secretaria de Seguridad Pública; de la gobernadora del estado de Guerrero, y de cualquier otra autoridad que impida la entrega de ayuda.
La suspensión de plano, que hace las veces de suspensión definitiva, se otorgó debido a que el promovente del amparo, el abogado Abraham Cano, “ha tenido conocimiento que elementos de la Guardia Nacional, Marina y otras autoridades, están impidiendo el paso de vehículos y personas civiles con ayuda humanitaria” para los damnificados de Acapulco y las comunidades afectadas por el meteoro.
De hecho, desde el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que “todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. No es a través de organizaciones”, apuntó el mandatario en referencia a la ayuda destinada a Acapulco.
Con esto, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa establecieron diversos retenes en las entradas de esa ciudad costera, con el fin de que la ayuda transportada por particulares se entregara al personal castrense, lo que es violatorio de los artículos 1, 4, 5, 9, 11, 14, 16 y 29 de la Constitución.
Ante esto, la suspensión de plano concedida, cuya copia posee ALTO NIVEL, determina que, “de acuerdo con los estándares internacionales en materia de desastres, durante la emergencia, las autoridades deben adoptar una perspectiva centrada en los derechos humanos de las personas damnificadas”, considerando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad, y no discriminación.
Todos estos principios incluyen que “las autoridades responsables” deben permitir el ingreso de particulares y Organizaciones No Gubernamentales para “entregar víveres y ayuda humanitaria a los damnificados”, pues el derecho al libre tránsito, garantizado en el artículo 11 constitucional, no está suspendido en Acapulco.
El sábado, en un largo video posteado en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente López Obrador se quejó de las críticas recibidas en medios de comunicación y redes sociales, ante el retraso de la ayuda a los afectados por Otis.
En ese mensaje, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, actualizó la cifra de personas fallecidas en Acapulco. La funcionaria detalló que Otis dejó 39 decesos, 29 hombres y 10 mujeres, cuyos cuerpos no habían sido identificados por sus familiares.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.