Juez abre juicio en contra de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht
No obstante, debido a su presunta ilegalidad, la FGR no podrá presentar las pruebas clave que tenía para acusar al exdirector de Pemex
El juez federal Gerardo Alarcón López decretó la apertura del juicio oral en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, junto con su madre, Gilda Margarita Austin, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, por los que la Fiscalía General de la República (FGR) pide 46 años de cárcel para el exfuncionario, y 21 años de prisión para su progenitora.
Sin embargo, el enjuiciamiento no podrá iniciarse debido a que la defensa de Lozoya promovió un amparo para, una vez más, tratar de llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía, mediante un pago de 200 millones de pesos, en tanto que el Ministerio Público federal también anunció que apelará la decisión del juez, debido a que este desechó las pruebas clave que la FGR presentaría en contra del detenido, al presumirse que son ilegales.
La demanda de amparo que interpuso el abogado de Emilio Lozoya, el penalista Miguel Ontiveros, busca suspender momentáneamente la apertura del juicio, “de tal manera que se abre un tiempo prudente para que podamos materializar el último paso del criterio de oportunidad que es la reparación del daño”, dijo a la prensa el litigante.
Además de esto último, el ocurso también intenta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex dejen de ser parte de este proceso, en el que figuran como dependencias ofendidas o víctimas indirectas que habrían sufrido un daño por los ilícitos presuntamente cometidos por Lozoya Austin.
De hecho, según la defensa del exservidor público, Pemex y la UIF serían quienes se oponen a que el caso sea cerrado con un acuerdo reparatorio, pues este -de concretarse- tiene como efecto el fin de la acusación, siempre y cuando el acusado pague el daño cometido.
De su lado, la FGR apelará el desechamiento que hizo el juez de varias pruebas fundamentales para la acusación, y la aceptación de 28 elementos de descargo que el juzgador le admitió a la defensa del exfuncionario, lo que pone en clara desventaja a la autoridad.
Desde el viernes de la semana pasada, el togado consideró que es ilegal la información financiera de Lozoya Austin que el gobierno de Suiza entregó a México, en la que se detallan los recursos recibidos por el acusado, mediante sobornos, de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
El juez Alarcón López argumentó que la FGR no pudo probar la obtención lícita de esas pruebas, ya que se desconoce si las autoridades suizas consiguieron la información mediante una orden judicial.
Otras pruebas de la FGR rechazadas por el juzgador incluyen los documentos bancarios que Brasil le entregó a México, con los que se pretendía probar que Odebrecht depositó sumas millonarias que beneficiaron a empresas off shore utilizadas por el exdirector de Pemex.
Según la FGR, Emilio Lozoya habría recibido en total 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña, con los que luego compró una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, a través de una cuenta bancaria de su madre, Gilda Margarita Austin, y mediante la creación de un fideicomiso en el que se encontraban su esposa y sus hijos.
Hasta ahora, la Fiscalía se niega a aceptar el acuerdo reparatorio propuesto por Emilio Lozoya, con el que pagaría 200 millones de pesos para reparar el daño causado en la trama de corrupción protagonizada por Odebrecht, firma que habría obtenido diversos contratos de parte del gobierno federal mexicano, a partir de sobornar al hoy exfuncionario.
Asimismo, hay otro proceso penal en contra de Lozoya Austin por la compra a sobreprecio que hizo Pemex de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes que en realidad era inservible.
En este último caso, la FGR ha solicitado una pena de prisión de 15 años para Emilio Lozoya, aunque este proceso se encuentra detenido -igualmente- porque la defensa quiere llegar a un acuerdo con el Ministerio Público federal.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.