El TEPJF descarta exonerar a Pío López Obrador, hermano del presidente; continuará investigación
El Instituto Nacional Electoral deberá continuar con la investigación en contra del familiar del Ejecutivo federal, quien en un video aparece recibiendo dinero.
Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, debe continuar siendo investigado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así lo determinó la tarde de este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó la reanudación de las pesquisas en contra del familiar del Ejecutivo federal, quien fue captado en un video recibiendo dinero.
Con una votación de cinco magistrados a favor y dos en contra, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral consideró que el INE debe agotar su investigación contra Pío López Obrador, al tratarse de un proceso en el que podría configurarse la comisión de delitos electorales.
Como se recordará, en agosto de 2020 el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un video en el que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparecía recibiendo un paquete que contenía dinero, de parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.
La recepción de los recursos fue admitida por el mandatario mexicano quien dijo que no se trataba de un acto de corrupción, sino de aportaciones ciudadanas en favor de su movimiento.
Sin embargo, este miércoles la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron que el INE debe reanudar su investigación, y determinar si el hermano del presidente amerita ser sancionado en el ámbito administrativo, o si en su caso se configura la comisión de algún delito.
“La única vía en la que se puede llegar a tener certeza sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados, así como de la fecha en que se consumó algún ilícito en materia electoral, es permitiéndole justamente al INE desplegar su facultad investigadora”, apuntó la magistrada Janine Otalora al fundamentar su voto en contra de un proyecto que pretendía exonerar a Pío López Obrador.
El magistrado José Luis Vargas Valdéz presentó al pleno de la Sala Superior, integrado por siete magistrados, un proyecto de sentencia en el que se cerraba el caso, debido a que -desde su perspectiva- los presuntos delitos cometidos habrían prescrito en el año 2018, por lo que ya no era procedente que la indagatoria continuara.
En cambio, cinco magistrados electorales rechazaron el proyecto al estimar que aun no existe certeza sobre el momento exacto en el que fue recibido el dinero, por lo que tampoco se puede determinar la prescripción de los ilícitos, lo que deberá ser determinado por el INE.
Aportaciones irregulares
Al dar y recibir dinero, tanto Pío López Obrador como David León podrían ser encontrados responsables del delito de financiamiento ilícito a partidos políticos, conducta que se sanciona con penas de entre cinco y hasta treinta años de prisión, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Los dos personajes no solo deben explicar el destino de los recursos que se entregaron en un sobre, según se aprecia en el video hecho público, sino que también deben dar detalles sobre el origen exacto de las presuntas aportaciones, ya que sin esa información también cabría sospechar la posible comisión de delitos fiscales, y aquellos que se ejecutan en contra del erario público.
La legislación electoral en México obliga a los partidos políticos a reportar todas las aportaciones que reciban de los particulares, circunstancia que fue omitida por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que, según el presidente, habría sido el destinatario de esos recursos.
De manera específica, el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos establece que, como los institutos políticos son entes que reciben recursos públicos, deben “expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante”.
De igual forma, todas las aportaciones de este tipo deben “depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político”, por lo que -de entrada- el solo hecho de que sean entregadas en efectivo, ya constituye una irregularidad que muestra una intención manifiesta de evadir la fiscalización de las autoridades.
Todos estos detalles deberán ser analizados por la Unidad de Fiscalización del INE para deslindar las posibles responsabilidades que pudieran imputarse al hermano del presidente.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.