El Congreso inicia sesiones con polarización extrema en temas electorales
En el Senado se terminará de aprobar el polémico Plan B electoral de AMLO, mientras que los diputados deberán elegir a 4 nuevos consejeros del INE.
La Constitución y las normas electorales que contiene nuestra carta magna estarán a prueba a partir del miércoles 1 de febrero, por el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, donde el Senado terminará de aprobar el polémico Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual será impugnado en la Corte, y posiblemente en juzgados y tribunales, en tanto que los diputados deberán ponerse de acuerdo para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE.
En este tenor, debido a la polarización que se vive en la Cámara baja, y que Morena ya anunció que no pretende construir acuerdos con la oposición, desde ahora se prevé que los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que ser elegidos mediante insaculación, debido a que los aspirantes a esos puestos difícilmente podrán obtener los votos de las dos terceras partes de los legisladores.
Este es un escenario que está previsto en la Constitución, en el que incluso puede intervenir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que también puede realizar la insaculación de los nuevos consejeros electorales que sustituirán a Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, y al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quienes concluyen su periodo el próximo 3 de abril.
La insaculación es un sorteo en el que se deja a la suerte la elección de los nuevos consejeros, según lo prevén los incisos d) y e) del Apartado A de la Fracción V del artículo 41 de la Constitución.
En este caso, primero se debe integrar un Comité Técnico de Evaluación que se encarga de seleccionar a los candidatos mejor calificados, de entre los inscritos como aspirantes a consejeros electorales. Este grupo debe elaborar cuatro quintetas para que cada una sea votada en el pleno de la Cámara de Diputados, pero esa votación es calificada, es decir, debe reunir a las dos terceras partes de los legisladores presentes.
Si ningún candidato de las quintetas obtiene esa votación, la Cámara baja debe realizar una sesión en la que la elección será mediante insaculación de las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación. Ergo, en una urna deberán introducirse papeletas con los nombres de los candidatos, y alguien designado para ello deberá sacar el nombre del elegido.
Asimismo, si la insaculación no puede llevarse a cabo en la Cámara de Diputados, el mismo artículo 41 constitucional prevé que “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación (de los nuevos consejeros) mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación”.
Oposición preocupada
¿Por qué se está pensando desde ahora que será la suerte la que al final determinará quienes serán consejeros del INE? La respuesta es sencilla: Morena no tiene mayoría calificada en la Cámara baja, y tampoco tiene la intención de construir consensos con el bloque opositor, según adelantó esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
“Ustedes son gente de convicción y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, pues yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron (candidatos) por insaculación, pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales”, apuntó el encargado de la política interior del país al reunirse con los diputados de su partido.
Los partidos contrarios a Morena, aunque se unieran, tampoco alcanzan la mayoría calificada que se requiere para esta elección.
En términos generales, llegar al extremo de la insaculación no es lo que debe preocuparnos, pues en realidad un sorteo no es negativo si todos los candidatos son profesionales apartidistas que cuenten con la experiencia y los conocimientos necesarios para formar parte del Consejo general del INE. Esto último, la idoneidad de los aspirantes que sean elegidos por el Comité Técnico de Evaluación, es lo más importante.
Por eso a la oposición le preocupa la integración de este Comité, el cual debe estar conformado por siete personas “de reconocido prestigio”.
El artículo 41 de la Constitución establece que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados debe nombrar a tres de los comisionados; otros dos los designa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y los dos restantes los elige el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como se recordará, en diciembre de 2022 ya hubo una polémica por uno de estos nombramientos, cuando la CNDH designó a María del Socorro Puga Luévano como miembro del Comité Técnico de Evaluación, en cuyo perfil destaca ser ama de casa, experta en yoga, y militante de Morena. Luego de las críticas que desató esta designación, la Ombudsman mexicana anunció el 27 de diciembre pasado que ya analiza una nueva propuesta.
Plan B a la Corte y juzgados
A su vez, el Senado ya se prepara para concluir el proceso legislativo de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Para concretarse, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser votado parcialmente por los senadores, destacándose la eliminación de la “cláusula de la vida eterna” que había sido incluida a favor de los partidos políticos.
Esta cláusula fue añadida en la Cámara alta en diciembre, pero luego la Cámara de Diputados la eliminó porque permitía que los partidos políticos intercambiaran votos entre sí, en caso de que alguno de estos estuviera en riesgo de perder el registro, al no alcanzar el 3% de la votación en elecciones generales.
Específicamente, los senadores deben avalar que están de acuerdo con sus pares en la Cámara baja en lo que se refiere a la eliminación de esa cláusula. Tras ello, dará inicio un largo camino para poder implementar esta reforma, pues la oposición la impugnará ante la Suprema Corte, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, en tanto que los ciudadanos también pueden explorar la posibilidad de promover Juicios de Amparo en su contra.
El mismo Consejo General del INE también prevé combatir estos cambios con una Controversia Constitucional, ya que el Plan B electoral del presidente incluye diversas trasgresiones a la carta magna al reestructurar sus funciones, lo que debilita severamente al organismo.
Las nuevas disposiciones normativas intervienen la autonomía de la institución, compactan las actividades de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); y desaparecen al menos 40 Juntas Distritales de las 300 que existen actualmente.
Esto último pone en riesgo no solo la organización de las elecciones, sino también los datos personales sensibles de los ciudadanos, pues esta reestructuración incluye el despido de cientos de empleados del INE que en cada distrito se encargan de los módulos en los que se expide la credencial para votar.
Igualmente se ordena revisar los salarios que percibe el personal del INE, y se acaba con la veda electoral que obligaba al gobierno y a sus funcionarios abstenerse de emitir propaganda y publicidad oficial antes, y durante las elecciones. Asimismo, se limita la facultad de los magistrados del Tribunal Electoral para anular candidaturas, en los casos en los que los aspirantes trasgredan la legislación.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.