EEUU reabre el caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena
Debido a que se comprobó que hay pruebas dudosas, un juez de California ordenó reponer todo el proceso penal de uno de los involucrados en el crimen.
Defectuosas e incluso falsas: Así se consideran las pruebas materiales que permitieron a Estados Unidos condenar a un expolicía mexicano por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, un caso que data de 1985, en el que también está involucrado el narcotraficante Rafael Caro Quintero, y que ahora será reabierto por órdenes del juez John A. Kronstadt, integrante de la Corte del Distrito Central de California.
El principal beneficiado con esta medida es Raúl López Álvarez, un expolicía judicial del estado de Jalisco, detenido en octubre de 1987 en suelo estadounidense, quien fue condenado a 240 años de prisión por ayudar, instigar y participar -en auxilio al crimen organizado- en el secuestro de Camarena; conspiración para secuestrar a un agente federal; secuestro de un agente federal, y participar en el homicidio grave del agente de la DEA.
Se trata de una decisión con la que estuvo de acuerdo la Fiscalía de Estados Unidos, debido a que el acusado fue encontrado responsable de participar en el crimen de Enrique Camarena con base en pruebas que ahora se sabe son dudosas, de acuerdo con el fallo del juez Kronstadt, cuya copia posee ALTO NIVEL.
Esos elementos probatorios fueron proporcionados en el juicio de López Álvarez por Michael Malone, un examinador senior de la Unidad de Cabellos y Fibras del FBI, quien “creó repetidamente informes de laboratorio científicamente insostenibles y proporcionó testimonios falsos, engañosos o inexactos en juicios penales”, revela un informe de un Grupo de Trabajo del Departamento de Justicia estadounidense, que sirvió para fundamentar la reapertura del caso.
Malone fue uno de los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que viajó a México semanas después del hallazgo del cadáver del agente Enrique “Kiki” Camarena, quien fue secuestrado y privado de la vida en Guadalajara, en febrero de 1985, por órdenes del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
En ese entonces, el gobierno de México permitió que personal del FBI recolectara pruebas en la casa en donde permaneció secuestrado Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que investigaba al ya desaparecido cartel de Guadalajara, cuyo líder era Caro Quintero.
Parte de los hallazgos que presuntamente se consiguieron en el inmueble sirvieron para acusar al expolicía Raúl López Álvarez, quien fue ubicado en la finca donde se torturó a Camarena a partir de un cabello. Esta prueba fue reforzada con las declaraciones que el mismo acusado hizo a un agente encubierto de la DEA, en las que presumió haber sido testigo del crimen.
Los inventos de Malone
Michael Malone es descrito en el informe del Grupo de Trabajo del Departamento de Justicia de Estados Unidos como un experto forense que “llegó a ser bien conocido por muchos jueces y la comunidad policial”, debido a su intervención en numerosos casos de alto perfil.
En el proceso penal en contra de López Álvarez aseguró haber encontrado varios cabellos en la casa donde se mantuvo en cautiverio a Enrique Camarena, una de esas hebras presuntamente le pertenecía al expolicía. En ese juicio no se puso en duda la prueba recolectada por el perito, ya que el mismo indiciado había dado detalles de las torturas a las que fue sometido el agente de la DEA.
No obstante, a lo largo de los últimos 20 años, al Departamento de Justicia de Estados Unidos se le han revertido varios casos tras comprobarse que las pruebas de Malone no pueden sostenerse en términos científicos.
“Su testimonio de que se podía determinar que un cabello individual pertenecía inequívocamente a una sola persona en el mundo, basándose únicamente en análisis microscópicos, no tenía base científica”, dice el reporte del Grupo de Trabajo ya citado.
Con esto, el juez John A. Kronstadt decidió anular la larga sentencia de Raúl López Álvarez para que este vuelva a ser juzgado en septiembre próximo, lo que pone en la palestra a todo el caso Camarena, pues el expolicía judicial de Jalisco fue condenado en un juicio cuyo acusado principal es Rafael Caro Quintero.
Como se recordará, este narcotraficante mexicano fue detenido por elementos de la Marina el 15 de julio de 2022. Un mes después Estados Unidos pidió a México su extradición para ser juzgado por delitos violentos en ayuda al crimen organizado; ayuda y complicidad delictiva; y el homicidio y secuestro de Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
Caro Quintero, de 69 años, permanece desde entonces en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, aunque su envío a la Unión Americana está en pausa gracias a una suspensión que le otorgó -en un juicio de amparo- un Juzgado del estado de Jalisco, medida cautelar que luego fue ratificada por un juzgador de la entidad mexiquense.
En ese tenor, al reabrirse este caso en Estados Unidos, la Fiscalía de ese país tendrá que volver a probar todo lo ocurrido con el secuestro y homicidio de Camarena Salazar, un crimen que se mantiene impune, al menos en lo que se refiere al autor intelectual del mismo.
En cuanto a Raúl López Álvarez, su nuevo juicio no necesariamente implica que podrá salir en libertad, pues el expolicía puede ser nuevamente condenado, a pesar de que ahora asegura que solo estaba “fanfarroneando” cuando, sin saber que su interlocutor era un agente de la DEA encubierto, detalló lo sucedido hace 38 años con Enrique Camarena, en una casa de la calle Lope de Vega en Guadalajara.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.