Demandas contra la Ley Bonilla ya se analizan en la Corte

La constitucionalidad de la reforma que amplió el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, será analizada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco González Salas, siempre y cuando este admita las cinco demandas que ya han llegado al máximo tribunal del país, impugnando esos cambios.

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato del morenista Jaime Bonilla, mientras que el actual Poder Ejecutivo de Baja California demandó a través de una controversia constitucional.

Formalmente, el próximo gobernador bajacaliforniano, Jaime Bonilla, tomará posesión del cargo el próximo 1 de noviembre para un periodo de dos años, toda vez que así lo determina la constancia de mayoría que le acredita como ganador de los comicios, además de que la convocatoria con la que este registró su candidatura establecía claramente ese lapso.

Sin embargo, el mismo Bonilla ha declarado que él pretende fungir como Ejecutivo estatal cinco años, de acuerdo con la reforma realizada en julio por el Congreso de la entidad. No obstante, el político también ha reconocido que acatará la sentencia de la Suprema Corte, cuando esta resuelva las controversias respectivas.

Mandato inconstitucional

En julio pasado, el Congreso de Baja California reformó un artículo transitorio de la Constitución del estado, ampliando el periodo del próximo gobernador de dos a cinco años, lo que violenta los principios que establecen los artículos 41 y 116 de la Constitución mexicana, por lo que es muy probable que esa reforma sea declarada inválida por la SCJN.

Las bases normativas de la representación política que rigen al sistema electoral mexicano están plasmadas en el artículo 41 de la Constitución federal, por lo que ninguna otra ley, incluyendo las constituciones de los estados, pueden estar por encima de aquella.

De igual forma, en materia electoral, la fracción IV del artículo 116 de la carta magna nacional establece que las leyes y constituciones de los estados deben garantizar lo que dice el artículo 41 de la misma Constitución: el sufragio universal, libre, secreto y directo, en comicios auténticos y periódicos.

La reforma hecha por el Congreso de Baja California, que aumenta el periodo del próximo gobernador, trasgrede ambos numerales de la carta magna federal porque ese poder, el Legislativo local, ha realizado una intromisión injustificada en la decisión autónoma, libre y certera, que ya tomaron los ciudadanos al votar por un candidato que estaría en el poder solo dos años.

La alteración del periodo trasgrede la representatividad por la que optaron los ciudadanos, pues estos decidieron que el candidato de Morena (Bonilla) los represente en uno de los poderes públicos de Baja California, el Ejecutivo, por un tiempo previamente determinado: dos años.

Por eso es inadmisible que el Congreso local imponga una gestión mayor a ese lapso, pues al hacerlo violenta la certeza de los comicios que ya se realizaron, y al mismo tiempo trasgrede las facultades que la Constitución federal les otorga a los congresos de las entidades federativas.

La facultad que tienen las legislaturas estatales se limita a lo que dice la Constitución nacional, los congresistas pueden reformar las constituciones locales en los temas específicos que sean de su competencia. Debido a que los principios electorales y de representación política son de carácter federal, ningún Congreso local está facultado para cambiar esa configuración.

En este caso, la reforma del Legislativo bajacaliforniano supera las facultades que la Constitución federal les otorga a los congresos locales, pues los cambios que se hicieron a un artículo transitorio de la carta magna de esa entidad se refieren a un tema que solo puede ser modificado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Amenaza a la democracia

Los partidos políticos de oposición a Morena consideran en sus acciones de inconstitucionalidad que la ampliación del periodo de Jaime Bonilla no solo es una violación a la certeza electoral, sino que también se está alterando el pacto federal y con ello se amenaza a la democracia mexicana.

Las demandas también cuestionan el procedimiento realizado en el Congreso de Baja California, debido a que este debió citar y escuchar a los presidentes municipales de la entidad antes de que se aprobara la reforma.

Según los artículos 30 de la Constitución de ese estado, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, los diputados debieron citar a los titulares de los Ayuntamientos con cinco días de anticipación a la fecha de sesión en la que fue reformada la carta magna estatal.

Todos estos argumentos se añaden a varias tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se establece que hay un “límite infranqueable” en materia electoral, que no puede ser alterado por los Congresos estatales. Ese límite es el respeto a los derechos de libertad, igualdad, certeza y participación política que señala la Constitución federal.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.