Así ocurrió (y ocultaron) el atentado contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz
El ministro en retiro José Ramón Cossío narra la historia de quien intentó asesinar al artífice de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Carlos Francisco Castañeda de la Fuente murió en dos ocasiones, y en ninguna obtuvo justicia: En la primera, en lugar de ser procesado penalmente por haber intentado asesinar en 1970 al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, el Estado mexicano le impuso una muerte civil al recluirlo durante 23 años en un hospital psiquiátrico; y la segunda, su fallecimiento físico, tras ser atropellado por un auto, quedó en el olvido sin ninguna consecuencia.
Lo que ocurrió entre esas dos muertes, desde la mañana del jueves 5 de febrero de 1970 y la madrugada del 4 de enero de 2011, cuando Castañeda pereció en una calle de la Ciudad de México, ha sido reconstruido por el ministro de la Suprema Corte en retiro José Ramón Cossío Díaz, en un libro que desvela uno de los episodios históricos más graves y menos conocidos de los años de la llamada guerra sucia que se padeció en nuestro país.
El texto “Que nunca se sepa” (Ed. Debate) muestra cómo fue que se ocultó el atentado en contra de Díaz Ordaz, y la forma en la que el aparato de seguridad gubernamental de aquel momento sometió al fallido magnicida, borrándolo como persona mediante un juicio de interdicción en el que se le declaró incapaz, débil y enfermo mental.
Hubo “una distorsión de todo el sistema, porque ese sistema estaba controlado por una sola persona, entonces Gustavo Díaz Ordaz”, apunta el ministro José Ramón Cossío Díaz, en entrevista con ALTO NIVEL.
Aunque era el ocaso de su presidencia, el engranaje represivo de la época se mantenía intacto. Por eso Carlos Castañeda, de 28 años, pudo ser detenido y ocultado por meses en las mazmorras de la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y en las celdas del Campo militar número 1.
Luego, en vez de ser juzgado penalmente, se decidió su traslado al hospital psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, obligando a su familia a solicitar, mediante un procedimiento civil, que se le declarara incapaz para actuar como cualquier otro mayor de edad, con lo que se legitimó su permanencia en el nosocomio durante 8,723 largos días, la mayoría en completa soledad.
Ocultamiento e ilegalidad
“Para mí la maldad del caso es que privatizaron, déjame decirlo así, hicieron privado un asunto público, porque disparar contra un presidente -insisto- es un asunto muy muy grave, y pudieron haberlo llevado a un juicio público, acusarlo” y sentenciarlo, detalla José Ramón Cossío.
En cambio, el gobierno federal decidió ocultar el atentado, ocurrido el 5 de febrero de 1970 en las inmediaciones del monumento a la Revolución de la capital mexicana, donde se llevaba a cabo un acto oficial para conmemorar a la Constitución.
Ahí, portando una pistola Luger, Carlos Castañeda ni siquiera pudo acerarse a Gustavo Díaz Ordaz, y solo atinó a dispararle a la carrocería del auto donde viajaba Marcelino García Barragán, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
No obstante, detenido y sometido a tortura, Castañeda reconoció que quería privar de la vida al presidente, al considerarlo responsable de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
El homicidio en grado de tentativa era uno de los delitos por los que debió ser acusado ante una autoridad jurisdiccional, lo que no ocurrió. En contraste, un hermano y una hermana de Castañeda de la Fuente también fueron apresados, y con ello obligados para que -meses después- accedieran a declararlo incapaz.
“Sí hubo una tortura a los hermanos, los detuvieron, estuvieron incomunicados también en la Dirección Federal de Seguridad, que entonces era dirigida por el capitán (Fernando) Gutiérrez Barrios”, revela el ministro en retiro de la Suprema Corte.
Tras el juicio civil de interdicción solicitado por los hermanos de Carlos Castañeda, en el que nunca se mencionó el atentado a Díaz Ordaz, se privatizó el conflicto. El gobierno hizo que “algo que tenía una dimensión pública y política pareciera un asunto familiar ordinario”, lamenta Cossío.
En este caso, agrega el ministro, se violaron por supuesto los derechos humanos de Carlos Castañeda de la Fuente, y los de sus familiares. Pero -sobre todo- se registró el uso político del derecho, de los medios de comunicación, que no publicaron nada sobre lo acontecido, y más grave aun “el uso político de la psiquiatría”.
Daños permanentes
Si a Castañeda se le hubiera castigado de conformidad con la legislación penal de 1970, “hubiera estado bastantes años en la cárcel”, comenta Cossío. El problema fue que se decidió no llevarlo a juicio y, en una acción completamente ilegal, el Estado mexicano lo nulificó como persona al dejarlo en un hospital psiquiátrico desde 1970 a diciembre de 1993.
Fue “la ocupación completa de un ser humano, la desaparición completa de un ser humano por el hecho que cometió”, dice José Ramón Cossío.
Al no haber un proceso penal en su contra, se ejerció la fuerza estatal de manera irregular, lo que “también muestra una enorme debilidad del Estado mexicano”, considera Cossío, para quien -en este caso- hay una lección que se destaca: “No debemos permitir la concentración del poder en una sola persona, sino debemos mantener vivos los mecanismos institucionales, los contrapesos”.
Durante su reclusión en las instalaciones del nosocomio Dr. Samuel Ramírez Moreno, que se ubica en el municipio de Chalco, en el Estado de México, Carlos Castañeda vivió aislado al menos cuatro años en un pabellón que fue construido especialmente para él.
Ahí, nos dice el autor, no tenía contacto con nadie, era vigilado las 24 horas del día por agentes de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que recibía tratamiento farmacológico antipsicótico, lo que le causó daños físicos y mentales permanentes.
Carlos Castañeda volvió a nacer cuando fue liberado a la edad de 51 años en diciembre de 1993, aunque no pudo adaptarse al hogar de su hermano. Desde 1994 vivió en la indigencia en las calles de la Ciudad de México, pedía limosna para solventar sus gastos, hasta que su segunda muerte lo encontró deambulando el martes 4 de enero de 2011, cuando de madrugada fue atropellado por un vehículo que nunca logró identificarse.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.