Aprehensión, delito y amparo: Esto es lo que sigue en el caso del gobernador de Tamaulipas
La FGR buscaría detener a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aunque esto, por tratarse de un funcionario con fuero, es un delito.
La posible detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada, a pesar de que este no ha perdido su fuero, y se mantiene en el Ejecutivo tamaulipeco por determinación del Congreso de esa entidad, tiene enormes y graves consecuencias jurídicas, incluso delictivas, además de que se configura como un caso inédito en términos políticos.
Sin que se informara oficialmente por la FGR o por el Consejo de la Judicatura Federal, la noche del miércoles varias televisoras mexicanas detallaron que un juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, habría girado una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.
Esto actualiza un delito contra la administración de justicia, de acuerdo con el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal, que establece claramente que se sancionará con prisión de cuatro a diez años, y de 100 a 150 días multa, al funcionario que abra un “procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”.
Aquí no cabe ningún tipo de interpretación, pues el gobernador de Tamaulipas mantiene su fuero, de conformidad con el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución federal. Esto ya fue confirmado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, en el auto que desechó la Controversia Constitucional promovida al respecto por el Congreso de ese estado.
La declaración de procedencia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es decir, su desafuero, aprobado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados, solo tuvo el “efecto de comunicar esta resolución a la legislatura local, para que en ejercicio de sus atribuciones procediera”, detalla el documento elaborado por el ministro González Alcántara.
Con esas atribuciones que le confiere la Constitución al Congreso de Tamaulipas, este decidió no homologar el desafuero del gobernador aprobado por la Cámara baja, por consiguiente, este sigue en el cargo y conserva su inmunidad procesal (fuero).
Si aun así la Fiscalía General de la República pretende detener a García Cabeza de Vaca, procede el Juicio de Amparo en contra de la orden de aprehensión, porque ese mandamiento estaría trasgrediendo el derecho al debido proceso del Ejecutivo de Tamaulipas, e igualmente violenta el artículo 111 de la carta de la magna, y el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este último numeral, en su segundo párrafo, apunta que por lo que toca a los gobernadores, “a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia (desafuero) que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal”.
En este caso, ejerciendo sus atribuciones, el Congreso tamaulipeco decidió no quitarle el fuero al gobernador.
Con todo esto no se está prejuzgando sobre si García Cabeza de Vaca es o no responsable de los delitos por los que se le acusa, pues eso al final tendrá que ser determinado por un juez penal, aquí solo estamos mostrando que el intento de aprehenderlo trasgrede las normas y la Constitución mexicana.
Otra vez la controversia
A su vez, es previsible que el Congreso de Tamaulipas acuda nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una Controversia Constitucional, porque la orden de aprehensión en contra del gobernador, en caso de que se materializara y se hiciera efectiva, estaría vulnerando la autonomía del Legislativo estatal, agraviando su esfera constitucional de competencias y atribuciones.
La Controversia Constitucional que ya había promovido el Congreso tamaulipeco fue desechada por el ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara, debido a que -en los hechos- la Fiscalía no había intentado detener el Ejecutivo de ese estado, por lo que de parte del gobierno federal no se estaba vulnerando la autonomía del Congreso local.
Como el legislativo de Tamaulipas tomó nota del desafuero de Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados, y decidió no homologarlo, es decir, no quitarle el fuero, la demanda de Controversia Constitucional quedó sin materia, manteniéndose la determinación de los diputados del estado.
Al cambiar esta situación, si la FGR pretende detener a García Cabeza de Vaca, esto puede reclamarse ante la Corte por tratarse de una intromisión en la autonomía del Congreso de Tamaulipas.
División de poderes
Debido a que este ya es un tema político, más que jurídico, hay que destacar que el anuncio de la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca lo dio un político de Morena, que pertenece a un poder distinto del Ejecutivo y del Judicial.
Sin considerar justo la división de poderes, y las atribuciones constitucionales que cada uno de estos tiene, el senador y coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, se convirtió en portavoz de la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.
Además de calificar como insólito el mandamiento judicial, Monreal apuntó que “el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo” al gobernador, “cuando tuvo que haber nombrado sustituto”, determinación que por cierto no se encuentra en ninguna ley, y mucho menos en la Constitución federal.
Casi en el mismo tono, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dijo -también en Twitter- que en esta administración hay cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, “sobre todo a quienes se creían intocables”.
El adjetivo se aplicaría a García Cabeza de Vaca, cuyas cuentas fueron congeladas por orden de la UIF, junto con las cuentas de una red relacionada con este que incluye a 12 personas físicas, y a 25 personas jurídicas (empresas).
Igualmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) detalló que, a solicitud de la FGR, emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el propósito de verificar, registrar e informar a esa instancia “sobre los movimientos de ingreso y salida” del país del gobernador de Tamaulipas.
Resalta que el INM, que depende de la Secretaría de Gobernación, cuya titular es la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, no afirma que la alerta es para detener al Ejecutivo tamaulipeco, sino solo para informarle a la Fiscalía sobre sus movimientos, en caso de que entre o salga del territorio mexicano.
De su lado, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Tamaulipas dio a conocer un comunicado en el que dice que el gobierno federal, además de que no le ha permitido conocer la carpeta de investigación abierta en su contra, está utilizando “la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido”.
Agregó estar “consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho”, ante lo cual se defenderá frente a lo que considera “falsas imputaciones”.
Estamos pues ante un caso que, en vez de dirimirse por los cauces legales, ya es parte de la contienda electoral en vísperas de los comicios intermedios del próximo 6 de junio.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.