¿Por qué mantiene su fuero el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca?
La SCJN desechó la controversia promovida por el Congreso tamaulipeco, por lo que el gobernador seguirá en su cargo conservando el fuero.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se mantiene en ese cargo y conserva su fuero debido a que el Congreso de esa entidad así lo decidió, de conformidad con el artículo 111 de la Constitución federal, y los numerales 151 y 152 de la Constitución de Tamaulipas, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que desechó la Controversia Constitucional que al respecto había promovido el Congreso de esa entidad.
El fuero constitucional es la figura jurídica que impide que los servidores públicos sean procesados penalmente, en caso de que se presuma que cometieron un delito.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, al desechar la Controversia Constitucional del Poder Legislativo de Tamaulipas, reconoció que este, “en acatamiento del artículo 111 constitucional, (y) en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía”.
Es decir, el Congreso tamaulipeco decidió no retirar la protección o inmunidad procesal (fuero) al gobernador García Cabeza de Vaca, tal y como lo dispone la carta magna de nuestro país en su artículo 111, quinto párrafo, que establece que, si la Cámara de Diputados federal le quita el fuero a un gobernador en funciones, esa determinación debe enviarse al Congreso del estado que gobierna el funcionario, para que sus integrantes “en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Como el Congreso local procedió a tomar nota del desafuero de Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, y decidió -en ejercicio de su autonomía- no quitarle el fuero, la demanda de Controversia Constitucional quedó sin materia, por lo que prevalece la determinación del Legislativo de Tamaulipas, ergo, el gobernador de esa entidad sigue en el cargo, conservando su fuero.
“Este ejercicio se dio, como se desprende de los antecedentes narrados, como consecuencia del procedimiento previsto en el artículo 111 constitucional, párrafo quinto, iniciado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien resolvió que había lugar a declarar la procedencia, con el efecto de comunicar esta resolución a la legislatura local, para que en ejercicio de sus atribuciones procediera”, apunta el fallo que desechó la Controversia Constitucional.
Por ello, detalla el ministro Juan Luis González Alcántara, “se estima que no existe una afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente, pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado”.
En el auto que desechó la Controversia Constitucional “se insiste, (que) en uso de sus atribuciones constitucionales, (el Congreso de Tamaulipas) decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.
Esto significa que, como el Congreso local actuó de acuerdo con lo que dispone la Constitución federal y la carta magna de Tamaulipas, la Suprema Corte no tiene nada que analizar, pues la autonomía de ese estado, y las determinaciones de su Congreso no se han visto vulneradas.
Para mejor entendimiento de esto, podemos mencionar el siguiente ejemplo: Si en estos momentos la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera arrestar al gobernador de Tamaulipas, para lo cual necesitaría una orden de aprehensión emitida por un Juez de Distrito, entonces sí se estaría vulnerando la autonomía del Congreso de esa entidad, pues los diputados locales decidieron no quitarle el fuero al gobernador.
En este escenario, entonces sí habría materia para una Controversia Constitucional, y sería procedente su admisión en la SCJN, pues un acto de esa naturaleza, el arresto de un gobernador en funciones que conserva su cargo y fuero por determinación del Congreso local, sí sería una intromisión de la Fiscalía federal en la autonomía de Legislativo tamaulipeco.
FGR tiene que esperar
La Fiscalía General de la República acusa al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca de los delitos de defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Sin embargo, la Cámara de Diputados solo encontró indicios para desaforar al gobernador por el delito de defraudación fiscal equiparada. Tras esto, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, consideró que no había elementos para quitarle el fuero a su gobernador, no obstante lo aprobado por la Cámara baja federal.
Con todo esto, si la FGR quiere proceder en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tendrá que esperar a que este concluya su mandato, el próximo año 2022, para entonces solicitar a un juez una orden una de aprehensión y en su caso detenerlo.
Derecho y Política
El Congreso de Tamaulipas en un comunicado afirmó que “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho valer la supremacía de la Carta Magna y el arreglo federal que las y los mexicanos hemos pactado”.
Bajo lo resuelto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, “es evidente que el Congreso de Tamaulipas actuó conforme a sus competencias, de ahí que el gobernador siga teniendo fuero, pues la decisión en el ámbito local fue no homologar la declaración emitida por la Cámara de Diputados Federal”.
De su lado, el mismo titular del Ejecutivo de Tamaulipas, dijo en su cuenta de Twitter que lo resuelto por la Corte ha hecho prevalecer la Constitución y nuestro federalismo.
En su momento, cuando la Fiscalía hizo su solicitud de desafuero en contra de Cabeza de Vaca ante la Cámara de Diputados, el gobernador afirmó que, desde su perspectiva, se trataba “de una persecución política directamente desde Palacio Nacional”.
Lo cierto es que además de las cuestiones estrictamente jurídicas de la acusación de la FGR en contra del gobernador de Tamaulipas, las cuales tendrán que ser probadas en su momento por la misma Fiscalía, sí hay en ese expediente una carga política que no debe dejar de observarse, sobre todo porque las acusaciones surgen justo en plena campaña electoral.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.