El regreso de la ‘Ley Televisa’ y la amenaza a las audiencias

En 2006, en un hecho sin precedentes en materia legislativa, se aprobaron una series de cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la de Radio y Televisión (LFRT), una reforma que se conoció como “Ley Televisa”: en unos minutos fue aprobada casi por unanimidad y sin darle lectura previa.

A poco más de diez años de que se diera este hecho, un dictamen presentado en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en la cancha del Senado podría ser una nueva “Ley Televisa”, ya que contraviene los derechos de las audiencias (cuya entrada en vigor se pospuso) luego de la controversia constitucional presentada por el Senado y el presidente Enrique Peña Nieto.

La propuesta realizada por los diputados  Federico Döring y Lía Limón, busca que los propios concesionarios (Televisa y TV Azteca, por ejemplo) se autorregulen en materia de transmisión de contenidos, y sean ellos mismos quienes puedan decidir si se violan o no los derechos de las audiencias, mientras que en caso de vigilancia, sea la Secretaría de Gobernación y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien haga la sanción.

Proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de las… by Saladeprensa.org on Scribd

“Este dictamen, si sigue adelante, tiene tintes de regresión autoritaria, pues el órgano de control político el gobierno en turno (Segob)  no puede vigilar los contenidos que se transmiten en radio y televisión”, indica Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

Un tema que también llama la atención a los expertos es la proximidad del proceso electoral, primero en cuatro estados este año y la inminente elección presidencial de 2018.

“Se le califica como Ley Televisa porque es una imposición y representa sólo a los intereses de los regulados, y se hace justo antes de uno de los procesos electorales más disputados en los últimos años. Los legisladores y el gobierno pretenden revertir los avances logrados en derechos de las audiencias porque hay obligaciones que incomodan a un sector de la industria”, indica Gabriel Sosa Plata, experto en radiodifusión de la UAM.

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Uno de los argumentos usados para echar para atrás los lineamientos de derechos de las audiencias ha sido el tema de libertad de expresión.

“Es por demás grave no sólo para la libertad de expresión, sino para la democracia que desde una institución estatal – IFT- se emitan cánones regulatorios que pretendan asegurar los derechos de las audiencias y que tenga como consecuencia la suspensión de transmisiones de radio y televisión”, dice el dictamen.

“Vemos una orquestación desde la industria hacia los legisladores, quienes no están dispuestos a tener una controversia con los medios, quieren asegurar que las campañas políticas se es aseguren beneficios como publicidad o propaganda oculta”, dice Francisco González, presidente de A Favor de Lo Mejor, asociación que busca proteger los derechos de las audiencias y de niños.

Violencia y discriminación al aire

Hace tan sólo unas semanas, una grabación de Marcelino Perelló en su programa en Radio UNAM cimbró las redes sociales y provocó diversas reacciones por la violencia de género a las que hacía alusión en torno a la la violación de Daphne a manos del grupo conocido como “Los Porkys”.

“La ley y los lineamientos establecen mecanismos mínimos para materializarlos. Si se deja al IFT sin facultades y todo se deja a la autorregulación, seguirá siendo fácil engañar a las audiencias con publicidad y propaganda presentada como información periodística o en otro tipo de contenidos, pero también de discriminar, hacer apología de la violencia, utilizar un lenguaje sexista y más, sin que exista algún tipo de contrapeso para evitarlo”, destaca Sosa Plata.

Por tratarse de un medio público, la UNAM decidió interrumpir las transmisiones de este programa. No obstante, de aprobarse el dictamen presentado por Döring, sería la propia empresa quien establecería qué sí y qué no viola los derechos de sus audiencias.

“En este debate hemos levantado la voz para decir que esta nueva iniciativa que toman las comisiones de radio y televisión de modo ‘exprés’, para las audiencias representa un retroceso, pues hacen que a los defensores y la colocación del código establecido se diluya, quitando al IFT la facultad para reglamentar”, comenta González.

Este no es el único tema en el que la asociación ha puesto sobre la mesa. En semanas pasadas presentó una demanda de acción colectiva contra la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Normatividad de Medios debido a la expedición de los nuevos lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales en televisión abierta y de paga.

“El tema con los políticos es que construyen campañas en radio y televisión de manera velada”, dice Calleja,

En las próximas semanas, la discusión de quién tiene que vigilar a las televisoras y estaciones de radio estará en manos del Senado de la República, por lo que la Asociación Mexicana de Derechos de las Audiencias (AMDA) ha pedido que se haga una consulta pública buscando que se sigan dando atribuciones al IFT y sea una obligación contar con un defensor de las audiencias para que resuelva temas controversiales.