Los ciudadanos inician hoy otra pelea contra la corrupción en México
A partir de hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción entra en operación y, a pesar de la falta de fiscal y magistrados, la ciudadanía está lista para abrir un nuevo frente de guerra contra la corrupción.
La guerra contra la corrupción hoy escribe un nuevo capítulo. A partir de este miércoles 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entrará en operación en el país y, a pesar de na haber sido designado un fiscal y los magistrados especializados en la materia, está listo para castigar a los corruptos.
“El SNA sí tiene una cabeza y es la Doctora Jacqueline Peschard Mariscal que, como ciudadana y como marca la Constitución, encabeza el sistema anticorrupción”, asegura en entrevista Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
La sociedad mexicana debe saber que el nuevo sistema contra los corruptos no se encuentra debilitado, ya que el Comité de Participación Ciudadana del SNA, que preside Peschard Mariscal, está fortalecido, explica el politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este día, entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual deroga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción de Contrataciones Públicas.
“El nuevo marco legislativo impulsará al Sistema Nacional Anticorrupción y está orientado no sólo al sector público sino, de forma muy importante, también a las personas físicas y morales del sector privado que contratan con el gobierno”, asegura un análisis realizado por la firma de abogados Hogan Lovells.
A pesar de la falta de piezas en el nuevo marco legal, como es el caso de fiscal anticorrupción y magistrados, la maquinaría de la nueva guerra contra la impunidad puede empezar a funcionar.
La Fiscalía Anticorrupción tendrá el objetivo de especializar y profesionalizar a los encargados de investigar en temas de corrupción desde la Procuraduría General de la República (PGR). En la actualidad, los recursos legales existentes permiten hacer más de lo que se cree para desmantelar redes de corrupción.
“Si no hay fiscal anticorrupción, no pasa nada. Porque el titular de la PGR sigue siendo el responsable de las investigaciones”, asegura Bohórquez, quien ejemplifica la fortaleza de las instituciones investigadoras con el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Durarte de Ochoa, el cual es procesado por supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En el caso de los magistrados especializados en materia de corrupción, los juzgadores forman parte de la vía administrativa y no penal, lo que también busca profesionalizar a la parte acusadora, como podría ser la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación, y a quienes juzgan.
“Hacia el futuro, nos gustaría que se nombren a los magistrados en el ánimo de profesionalizar y especializar la materia de anticorrupción”, dice Eduardo Bohórquez.
#VamosPorMás
Sin embargo, la falta de designación de un fiscal anticorrupción y magistrados por parte del Senado de la República sí demostró la resistencia de la clase política para impulsar la demanda ciudadana de poner fin a la corrupción.
“Nos preocupa que el propio Senado se esté resistiendo y no avance en el caso de nombramientos y en otros temas legislativos… La legislatura no puede terminar cuando los legisladores se involucran con los procesos electorales o quieren hacer campaña política para acceder a una gubernatura; la legislatura termina cuando la ley lo marca”, asegura el Maestro en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.
Transparencia Mexicana y otras organizaciones civiles, académicas y empresariales presentaron el pasado lunes la iniciativa #VamosPorMás, que intentará reforzar el SNA a través de propuestas y de exigir al gobierno federal, Congreso de la Unión, gobernadores y legislaturas el cumplimiento de cuatro puntos: conformación una Fiscalía General autónoma e independiente; nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local; recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales anticorrupción; reformas legislativas que, entre otras, incluyen las leyes de Adquisiciones y Obra Pública.
La legislatura actual concluye su encargo en abril de 2018. La lucha contra la corrupción se enfoca, por ahora, en el orden administrativo y de delitos del orden penal, pero hay temas conciernen a la corrupción política, que se planteará en los próximos meses.
Eduardo Bohórquez es entusiasta por el nuevo capítulo que escribe la ciudadanía en la lucha anticorrupción y quiere ir por más. “Gradualmente empezaremos a ver un nuevo tipo de funcionario público, ya que los candidatos que se metan de lleno en la lucha contra la corrupción para comprenderlo y entenderlo van a tener una ventaja comparativa frente a la demanda ciudadana”.
http://www.altonivel.com.mx/diego-luna-empresarios-le-declaran-una-nueva-guerra-a-la-corrupcion/
José Roberto Arteaga Periodista: aprendiz del periodismo de datos y escudero de Don Quijote. "Deja que el mundo te cambie y podrás cambiar al mundo."