Uber y Cabify, ¿deben ser prohibidas tras la muerte de Mara?

Hace dos semanas, el gobierno de Puebla anunció una medida fulminante: el registro de la empresa Cabify en el estado quedaba cancelado de inmediato. Nadie podrá acusar a dicha administración de actuar con lentitud: el viernes 15 de septiembre fue localizado el cuerpo de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien había abordado un coche registrado con la plataforma de esa empresa el 8 de septiembre.

Medida arbitraria, pero sobre todo inútil

Por desgracia la medida fue tan arbitraria como inútil. Porque es de dudarse que el gobierno local hubiera cancelado un sitio de taxis ante una tragedia similar. Ya no hablemos de una ruta de microbuses. Es un clásico ejemplo de la búsqueda de mostrar rapidez y contundencia, plena de forma, pero carente de fondo. Porque las popularísimas plataformas de coches para uso privado (que son taxis en todo menos el nombre) tienen problemas claros, pero que no se resuelven cancelándolas. Si no hubiera competencia en Puebla, sobre todo por parte de Uber, la cancelación sería un golpe a los usuarios de esa clase de transporte.

El gobierno de Puebla informó que el conductor presuntamente asesino de Mara Castillo había trabajado antes para Uber, y despedido había pasado a Cabify. Pero la empresa ahora sin registro afirma que el conductor fue contratado después de presentar un certificado de que carecía de antecedentes penales… emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla. De acuerdo con Cabify, había aprobado los exámenes psicométricos y toxicológicos. La tragedia es evidente, no así si la sanción impuesta corresponde, y menos con tal premura.

Lo que una muerte, por desgracia, muestra

La muerte de Mara Castilla no será en vano, aunque la cancelación de Cabify en Puebla no haga diferencia real excepto para la propia empresa (cuyos conductores ya deben estar aplicando a Uber en estos momentos). No será en vano porque ha evidenciado la necesidad de utilizar información fácilmente disponible y hasta ahora no requerida (como conductores despedidos de una empresa).

Porque todo indica, aunque la evidencia es anecdótica, que el rigor con el que llegaron varias plataformas a México se ha degradado de manera importante (incluso alarmente). Lo que era una entrevista formal con un psicólogo, por ejemplo, se transformó en contestar un cuestionario en línea. Los filtros, relativamente serios y duros, se relajaron para dar cabida a prácticamente cualquier conductor que llegara con un coche.

No es de sorprender que la oferta explotara, dada una demanda igualmente pujante. Retirados, estudiantes (universitarios), desempleados, profesionistas con algunas horas en sus manos, brincaron ante la oportunidad de la flexibilidad laboral (tan despreciada por los políticos que gustan de aplaudir la rigidez en los mercados de trabajo) ofrecida por empresas como Uber y Cabify. Había personas que hasta combinaban con inusual maestría sus actividades (un vendedor de seguros que así conoce clientes potenciales, por ejemplo). Para las agencias automotrices con autos “adecuados” ha sido el agosto, alimentado además por tasas de interés que no se habían visto en décadas. Muchos querían entrar, y se abrieron las puertas relajando lo que antes era estricto.

Por el lado de la demanda, pasajeros, también hubo una relajación inadecuada. Los servicios eran elitistas por una razón: la necesidad de una tarjeta de crédito. Pero ese plástico no sólo era una garantía de pago sin necesidad de traer efectivo, una maravilla en los inseguros tiempos actuales, sino una identificación del tenedor. En tiempos inciertos, uno y otro, se suponía, tenían una certeza: uno porque la empresa lo había contratado con seriedad, el otro porque podía ser identificado. La aceptación de efectivo (producto de requerimiento de autoridades en ciertos casos) rompió lo segundo. Un usuario sin tarjeta podía registrarse simplemente como “Mickey Mouse”. Los asesinatos de conductores en mucho se explican gracias a ese anonimato.

Volver a los orígenes, o incluso mejor

El asesinato de Mara Castilla tiene el potencial de obligar a las plataformas de transporte a esa auto-regulación original, u otorga a las autoridades un apoyo para valorar su importancia y exigirla. Muestra el imperativo de que las plataformas reduzcan esa arrogancia de considerar que deben dar cabida a todos los que quieran subirse (o casi todos), al cabo que no son “empleados” de ellos, sino simples usuarios de una aplicación por la que pagan una excelente comisión. No se trata de alterar el esquema laboral, sino de asegurar un nivel mínimo de certidumbre y seguridad al usuario. Al menos, pero ojalá más, de esa certidumbre que inicialmente se ganó la confianza del público a raudales.

Uno de los errores más graves de Cabify fue un tuit en que lamentaban el “fallecimiento” de Mara Castilla. ¿Temor a implicaciones legales? Quizá, pero sin duda transmitiendo una singular arrogancia. Porque el mensaje era que la empresa era por ajena al “fallecimiento”, casi como si hubiera tenido un repentino ataque cardiaco en el coche registrado en su plataforma. El imperativo es una implicación real con el servicio que ofrecen esas plataformas, no imaginarse como inocentes intermediarios cuando ocurre una tragedia que no debió suceder.

Por otra parte, la autoridad correspondiente debe evitar gestos a la galería en busca del aplauso rápido. La velocidad no está reñida con la eficacia. Mucho se puede lograr prestando oído fino a lo que demanda la sociedad al tiempo que se negocia con las plataformas cara a cara, sin desplantes publicitarios. Toda proporción guardada (una muerte es mucho más grave) recuerda la reacción del gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando una mezcla de mayor demanda y menor oferta (por un doble no circula) llevó a una “tarifa dinámica” en Uber estratosférica (aunque aceptada con pleno conocimiento por parte de los clientes respectivos). La pirotecnia fue tan llamativa como inútil, esto aparte de tener a un gobierno en situación de emergencia (con el transporte público desbordado) mostrando preocupación por personas con bastantes recursos en la cartera.

México no es sólo un país con una inusual cultura de la muerte, es ahora una sociedad en que la muerte violenta se ha normalizado. Sólo aquellas que salen de lo ya “habitual” llegan a provocar una reacción pública. Ojalá que la de Mara Castilla llegue más allá y traiga mejoras que eviten muertes similares.

Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.

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Sergio Negrete Cárdenas Doctor en Economía (Essex), economista (ITAM) y comunicólogo (UNAM). Profesor, Escuela de Negocios del ITESO, Investigador Asociado CEEY. Trabajó en el FMI.