OpiniónPolítica y Sociedad

El sismo que despertó a los ciudadanos y espantó a los políticos

El sismo hizo que la sociedad civil se uniera y exigiera a los partidos políticos renunciar a los recursos destinados para la contienda electoral.

25-09-2017, 2:08:25 PM
La sociedad se une para obligar los políticos en el sismo.
Reuters. La sociedad se une para obligar los políticos en el sismo.

Septiembre de 2017 es el mes en el que en la consciencia colectiva de las y los mexicanos se hizo de nueva cuenta presente —como sucediera en 1985— el poder de incidencia que tenemos como sociedad cuando el dolor de la tragedia nos moviliza a la organización y la solidaridad para con el otro.

Para la historia quedarán los titulares de la prensa internacional donde se dio fe de la respuesta inmediata de esa sociedad civil que, tras los terremotos de los días 7 y 19 atiborró camiones con víveres, compartió información en sus redes, ofreció su casa para quienes lo perdieron todo, salió a recoger escombros y se emocionó con cada historia de vida rescatada como si se tratase de una hermana o hermano propio. Ese México que une, que engrandece y que tiene poder de transformar. Ese México que debiera permanecer, al que no deberíamos renunciar.

Ahora, que estamos en las horas finales del rescate tras el último seísmo y transitamos de lleno a la fase de reconstrucción, se da paso también al análisis sobre las lecciones manifiestas y los debates que la tragedia dejan abiertos:

Entre las lecciones está la ruptura del mito de la apatía de los millenials, la generación del selfie se manifestó, organizó y movilizó aportando, además del voluntariado en tierra, otra de sus características al servicio de la comunidad: su dominio del uso de las redes sociales e internet. El caso de la plataforma #Verificado19S queda como ejemplo emblemático de esto y dará pie en el corto plazo, sin duda, a merecidos análisis en profundidad sobre su modelo con el fin de ser replicado y perfeccionado en otras coyunturas.

En la arena del debate, subsistirá durante las semanas siguientes el tema de la reasignación de los recursos públicos a partidos políticos para las tareas de reconstrucción y apoyo a damnificados. Esta exigencia que nació desde la indignación ciudadana ha crecido como la espuma, rompiendo incluso récords de tráfico en la plataforma Change.org y obligando a los dirigentes de todas las fuerzas políticas del país a manifestarse al respecto.

Dicha exigencia popular debe analizarse con cabeza fría, ya que se presta a discursos demagógicos que ya se están manifestando, que lucran con la tragedia y que encubren el peligro de conducirnos hacia salidas “fáciles” que pueden resultar mucho más costosas para la vida democrática del país.

Lo primero es señalar y dimensionar el origen del reclamo: la crisis de representatividad que arrastramos desde hace años y que va en tendencia ascendente —según la serie de Consulta Mitofsky, de 2012 a 2016, la confianza en los partidos políticos se ha mantenido como la más baja de entre las 17 instituciones que evalúa anualmente, pasando de 5.8 a 4.8 en ese periodo en una escala de 1 a 10.

Ante el sistema electoral que basa su financiación principalmente en recursos públicos el mexicano se siente estafado. No siente que recibe la calidad de democracia que paga (y que, por cierto, es una de las más onerosas del mundo). Y ahora, que los terremotos han dejado poblaciones destruidas y a miles de familias sin techo, su lógica lo lleva a querer quitarle la alcancía a quienes percibe como poco provechosos en sus funciones.

Esto ha ocasionado la aparición de una dinámica de concurso entre los dirigentes partidistas para ver quién se lleva “la medalla de la solidaridad”. El “quién ofrece más” de los recursos públicos etiquetados para sus instituciones, enmarcado a modo de subasta caritativa:

Empezó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de Morena,  con la “oferta de salida” del 20% de sus gastos de campaña de 2018, diciendo que sometería la medida a consulta de su Consejo Nacional, y anunciando que sería un fideicomiso organizado por el mismo partido quien administraría dicha suma. Esto es entender falsamente que los recursos federales se pueden usar a discrecionalidad y hacen saltar los focos amarillos por posibles prácticas clientelares.

Después, Enrique Ochoa del PRI anunció la renuncia de un 25% de sus recursos anuales para la misma causa con el matiz —tras las críticas anteriores a Morena— de pedir que fueran regresados directamente a la Tesorería de la Federación. AMLO subió entonces el porcentaje inicial a un 50%, para terminar con la oferta final del Frente Amplio Opositor (PAN-PRD-MC) de renunciar por completo a la financiación pública para pasar a un esquema de recaudación sólo por la vía de cuotas de militantes y simpatizantes, a la que el dirigente de Morena dijo estar dispuesto a sumarse —medida que, por cierto, requeriría una reforma constitucional y que por tiempos es imposible se haga efectiva antes del proceso de 2018. ¿Acaso no lo sabían Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado cuando publicaron su video con esta propuesta? Claro que sí, pero es que no podemos olvidar que el lenguaje de los partidos hoy en día ya es en clave electoral.

Por esto mismo y por más impopular que resulte, es necesario analizar las razones que sustentan el actual sistema de financiación pública de los partidos y que, desde mi perspectiva, sigue siendo el más conveniente en el contexto mexicano:

Lo que este sistema ha pretendido es garantizar la equidad en la contienda, la transparencia y la autonomía en el actuar de la clase política una vez en el gobierno.

Equidad porque un porcentaje de los recursos, el 30%, se destinan de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas, intentando “emparejar” un poco el piso entre los grandes y pequeños partidos. Transparencia y autonomía porque se busca evitar que los candidatos estén sometidos a grupos de interés que, a cambio de financiarles sus campañas, los comprometan a devolverles el favor desde el gobierno fomentando la corrupción.

Sí, es verdad de Perogrullo que estos vicios ya existen y que tanto grupos empresariales como organizaciones criminales se han “colado” en muchos de los procesos electorales, pero quitar el financiamiento público sería abrir por completo la puerta a la dependencia de los partidos y candidatos hacia quienes pueden pagar una campaña y que en su gran mayoría lo hacen bajo una dinámica de “inversión” a favor de intereses fácticos no siempre honorables. Es ilusorio pensar que las cuotas impuestas o voluntarias de “ciudadanos de a pie” podrían sustituir los costos reales de la mayoría de las campañas. Por mucho que nos duela y aunque deseo y pongo mi esperanza en que esta realidad cambie, los casos de éxito como el de la campaña austera del candidato independiente Pedro Kumamoto, al día de hoy, son la excepción y no la regla.

Entonces, ¿cuál es la salida? Por supuesto que es legítimo el reclamo de las y los mexicanos por reencausar parte de los recursos de los partidos de este y el próximo año a subsanar los daños que han dejado los terremotos, pero esto exige de parte de todos los líderes de las fuerzas políticas seriedad para poder llegar a un pronto consenso que defina claramente tanto un monto viable como la ruta de ejecución, donde quede fuera toda posibilidad de manejar esta acción como “donativo” administrado o entregado por los propios partidos, sino que debiera ser alguna autoridad del Estado quien reciba el dinero y lo ejerza en las zonas que más lo necesiten fuera de toda dinámica de rentabilidad electoral. Si realmente su afán es ayudar entenderán que los damnificados no pueden esperar. Lorenzo Córdova, el presidente del INE, ya ha anunciado que existen vías legales para realizar esta enmienda, y ha subrayado la necesidad de consenso para lograrla.  

Esperemos entonces que todas las fuerzas abandonen el tono de show mediático para que, con altura de miras, logren un acuerdo que demuestre su voluntad de restablecer lazos con esa ciudadanía que los percibe ajenos. El ajuste consensuado a la baja de su presupuesto por los daños de los seísmos les otorga la oportunidad de un primer acercamiento, pero deben tener claro que la profunda crisis de credibilidad que atraviesan desde mucho tiempo atrás se superará sólo con un compromiso real y sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen ejercicio de los gobiernos que encabecen.

La sociedad mexicana estos días se ha demostrado cuán poderosa es su capacidad de movilizarse para afrontar la adversidad y para exigirle a la clase política que responda a las circunstancias. Para que se logre restablecer el lazo entre las dos partes es también indispensable que la ciudadanía no olvide dicha capacidad y la ejerza en lo cotidiano; involucrándose, organizándose y manifestándose en aras de consolidar una democracia que no tenga objeción en financiar porque le de resultados efectivos.

La autora es consultora en comunicación política, socia-directora de la firma hispanomexicana Abella y Valencia. Ganadora del Victory Award como Líder Emergente 2017.

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