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SCJN avala penas mayores para quienes asalten a cuentahabientes de bancos

13-06-2024, 8:41:26 AM Por:
Robo a cuentahabientes
© Depositphotos

El aumento de la sanción para quienes cometan este delito aplica con independencia de la capacidad económica de la víctima, sentenció la Corte.

El aumento de las penas de prisión por el delito de asalto a cuentahabientes no es discriminatorio, y tampoco se trata de una sanción desproporcionada, por lo que castigar con mayor severidad este ilícito es constitucional, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros del máximo tribunal del país consideraron, de manera unánime, que es correcto que este delito sea una modalidad agravada del robo, pues se comete con violencia utilizando incluso armas de fuego.

Por ende, no se trasgrede el orden constitucional si el tipo penal de asalto a cuentahabientes impone -a quien resulte responsable- penas de prisión más severas, pues esto “no puede considerarse irrazonable”, ni discriminatorio, sino que se trata de una sanción justificada.

En este caso, la Primera Sala de la SCJN revisó una sentencia dictada en un juicio de amparo promovido por un hombre que, de forma violenta y en compañía de otra persona, despojó de 15,000 pesos a un cuentahabiente que acababa de retirar esos recursos de una institución bancaria.

Por estos actos, ocurridos en el Estado de México, el imputado fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de robo agravado, ya que este se cometió con violencia después de que la víctima hizo el retiro de dinero.

Protección a todas las víctimas

La persona sentenciada promovió un Juicio de Amparo argumentando que el artículo del Código Penal que castiga el asalto a cuentahabientes es discriminatorio, “porque viola el derecho a la igualdad y no discriminación, en la medida en que realiza una distinción injustificada por razón de condición social”.

De acuerdo con el expediente del caso, cuya copia posee ALTO NIVEL, el quejoso consideró que la ley “protege a la población con una economía más elevada -“clases alta o media”- que posean cuentas bancarias y no protege a personas con “nivel económico bajo”, por lo que esto se traduce en un trato diferenciado” y discriminatorio.

Es decir, según el solicitante de amparo, “es discriminatorio que se sancione más severamente a las personas que roban a cuentahabientes que a las que roban a personas de nivel económico bajo”.

El Tribunal Colegiado que inicialmente resolvió el Juicio de Amparo ratificó la sentencia y negó la protección de la justicia federal al delincuente, y lo mismo hizo la SCJN en el Recurso de Revisión.

“La agravante impugnada no puede considerarse irrazonable ni potencialmente discriminatoria, sino justificada, porque el aumento de la sanción para las personas que cometan esa agravante aplica con independencia de la capacidad económica de la víctima y del monto de dinero en efectivo retirado”, apunta el fallo de la Corte.

La finalidad de que se sancione con mayor severidad a quienes cometen el delito de asalto a cuentahabientes es proteger por igual a todos los usuarios de las instituciones bancarias, independientemente de la clase social a la que estos pertenezcan.

A partir de estas razones, la Primera Sala confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado.

LEE: Estos son los delitos que subieron y bajaron en 2023

Severidad por daños causados 

El Código Penal del Estado de México, como la mayoría de las legislaciones penales del país, considera como robo agravado cuando este se comete en contra de una persona que porte dinero tras haberlo retirado en efectivo de una institución financiera o de sus equipos (cajeros automáticos).

Además, si en la ejecución de este delito se utiliza algún tipo de violencia, la pena para el responsable también es mayor, y puede alcanzar hasta los 16 años de prisión.

Este criterio es similar al que emitió el máximo tribunal con respecto al robo cometido en el transporte público, el cual también se castiga con mayor severidad debido a la indefensión en la que se encuentran las víctimas.

En abril pasado, la Corte estableció que se justifican y son constitucionales las agravantes con las que se sanciona a quienes cometen el delito de robo en el transporte público, pues este ilícito no sólo atenta contra el patrimonio de las personas, sino también produce afectaciones psicológicas e inseguridad social.

En nuestro país, el año pasado se cometieron 2.29 millones de delitos, de estos el 40% fueron ilícitos cometidos en contra del patrimonio de los ciudadanos, destacándose los robos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De manera específica, en 2023 se registraron 581,510 robos de distintos tipos en todo el país, de los cuales el 10.7% corresponden a robos a transeúntes en la vía pública. El gobierno federal no tiene estadísticas diferenciadas que precisen los robos a cuentahabientes.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.

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