Rosario Robles seguirá en prisión porque el delito en su contra sigue vigente
Así lo determino en audiencia el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos al dar respuesta a un amparo ganado por la exfuncionaria.
La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se mantendrá en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, pues el delito de ejercicio indebido de funciones por el que se le procesa penalmente no ha prescrito y se encuentra vigente, así lo determinó este viernes en audiencia el juez de control federal Ganther Alejandro Villar Ceballos.
Luego de que la exfuncionaria ganó un amparo para que se revisara la posible prescripción del delito por el que permanece en prisión desde agosto de 2019, el togado determinó que el ilícito “no está derogado” del Código Penal Federal, por lo que “resulta improcedente el sobreseimiento (finalización)” del caso, debiéndose continuar con el procedimiento penal, detalló el Consejo de la Judicatura Federal.
El amparo concedido a Robles Berlanga le ordenaba al juez volver a analizar la vigencia del delito por el que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la exservidora pública.
Para ello, según la ejecutoria del amparo, el juzgador debía aplicar un control difuso de constitucionalidad, es decir, contrastar el Código Penal Federal con la Constitución y los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos signados por el Estado mexicano.
Villar Ceballos aplicó esta metodología y dio cuenta de ello la tarde del viernes, en una audiencia en la que Rosario Robles compareció de manera remota, a través de videoconferencia, debido a que recientemente contrajo Covid-19, padecimiento del que ya se recuperó.
El juez enfatizó que, al no estar derogado el tipo penal en la legislación vigente de nuestro país, “resulta improcedente el ejercicio del control difuso”, por lo que el proceso penal en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social debe continuar hasta su última etapa.
Rosario Robles Berlanga se encuentra detenida desde hace 30 meses en el penal capitalino de Santa Martha Acatitla, por presuntamente haber participado en la trama de corrupción denominada la Estafa Maestra.
Específicamente, la Fiscalía General de la República la acusa de dos delitos de ejercicio indebido de funciones, ambos presuntamente cometidos de manera continuada, con los que el erario público habría tenido una afectación de 5,000 millones de pesos.
Esos ilícitos no son considerados graves en el Código Penal Federal, por lo que no ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque en el caso de Robles la privación de su libertad se denomina prisión preventiva justificada, una figura que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que se ordena por el juez siempre que se pruebe que el imputado es peligroso o existe riesgo de evasión.
El año pasado, en dos ocasiones la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ganó sendos amparos para que se revisara su detención preventiva, aunque -al hacerlo- el juez le negó seguir el proceso en libertad condicional por existir riesgo de fuga.
La FGR ya ha pedido que Robles sea sancionada con 21 años de prisión, la pena máxima con agravantes para los delitos presuntamente cometidos por la exfuncionaria.
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El Ministerio Público federal argumenta que Rosario Robles presuntamente omitió cumplir con sus obligaciones como servidora pública al celebrar diversos convenios con universidades, a pesar de que estas, cuando se les contrató, no contaban con la experiencia y la infraestructura adecuada para ejecutar diversos programas sociales en la administración del hoy expresidente Enrique Peña Nieto.
El abogado de la imputada, Epigmenio Mendieta, ha reiterado que su cliente no es responsable de esos delitos, por lo que, junto con su defendida, considera que el trato mostrado por la Fiscalía, en realidad tiene un trasfondo político.
Robles fue encarcelada de manera preventiva en agosto de 2019 debido a que la FGR presentó una licencia de conducir de la acusada con un domicilio distinto al manifestado oficialmente por esta. La defensa de la exfuncionaria argumenta que esa licencia es apócrifa, lo que ya está demostrado en el expediente, aunque se le sigue manteniendo en prisión ante la sospecha de que pudiera evadirse de la acción de la justicia.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.