Reforma judicial: Ministros de SCJN sí recibirán liquidación… si cumplen con esta condición
El problema es que la reforma no contempla ninguna partida presupuestal destinada a las indemnizaciones a las que tienen derecho los juzgadores.
La minuta de reforma al Poder Judicial en la que ya trabajan dos comisiones del Senado incluye otorgar una indemnización a los jueces y magistrados que concluyan sus labores y no sean electos por los ciudadanos, aunque el documento precisa que esos recursos no se pagarán con el Presupuesto de Egresos, sino con los fideicomisos del mismo Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el artículo Décimo transitorio del dictamen, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, se contempla que los jueces y magistrados que sean cesados se harán acreedores “al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho”.
El problema es que el mismo numeral agrega que el PJF debe extinguir los fideicomisos que posee, en un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma, a fin de que estos recursos se entreguen a la Tesorería de la Federación, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los destine “a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine”.
Es decir, la reforma discutida en las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado no contempla ninguna partida presupuestal para indemnizar a los juzgadores, sino que -en todo caso- tras la extinción de los fideicomisos del PJF, será la Secretaría de Hacienda la que decida sobre las liquidaciones.
Contradicciones legales
Son 13 los fideicomisos que tendría que desaparecer el Poder Judicial de la Federación, los cuales suman al menos 15,000 millones de pesos, que no son recursos públicos, sino que se trata de los ahorros que durante años han aportado los mismos trabajadores de ese poder.
Además, de aprobarse la reforma, se requerirán recursos adicionales para la organización de las elecciones de los juzgadores. De hecho, se calcula que el impacto presupuestal de la reforma superaría los 11,800 millones de pesos.
Asimismo, es importante destacar que, legalmente, los recursos de esos fideicomisos ya fueron comprometidos para formar parte del recientemente creado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En el decreto de creación de ese Fondo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo pasado, se establece claramente que formarán parte de su patrimonio “los remanentes que se generen de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación”.
Actualmente, los recursos de los fideicomisos del PJF no han podido destinarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar porque, desde octubre de 2023, existen varias suspensiones definitivas que favorecen a cientos de trabajadores de juzgados y tribunales, quienes promovieron Juicios de Amparo para evitar la extinción de esos instrumentos.
Reforma personal
Por otro lado, se destaca que la iniciativa avalada por los diputados incluye que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no serán beneficiarias de un haber por retiro”, a menos que presenten su renuncia al cargo antes de que se cierre la convocatoria para la celebración de elecciones.
No obstante, el haber de retiro no se otorgará a los ministros “cuyo nombramiento original concluya antes de la fecha de cierre de la convocatoria”.
Lamentablemente, aunque todas las leyes deben ser impersonales y no estar dirigidas a nadie en especial, esta disposición de la reforma está dedicada al ministro Luis María Aguilar Morales, quien concluye su nombramiento en noviembre de este año.
Si se aprueba la reforma, esta situación orillaría al ministro Aguilar Morales a renunciar antes de que entren en vigor los cambios constitucionales, con lo que recibiría solo una parte proporcional de su retiro, a pesar de que su carrera judicial inició en 1968, cuando entró a un Juzgado como mecanógrafo.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.