¿Qué pasará con la gran base de datos que administra el INAI?
La información de la Plataforma Nacional de Transparencia está en riesgo, sobre todo porque esta también incluye datos personales de los ciudadanos.
Unos 15,000 millones de registros, almacenados en 16.5 terabites, que fueron reunidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a lo largo de los últimos 21 años, y que contienen información pública, pero también datos personales de varios millones de mexicanos, están en riesgo con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La cantidad de información que posee la PNT equivale a tener 8,250 horas de video en HD, considerando que en un terabite se pueden almacenar 500 horas de material fílmico de alta calidad. En términos de documentación física, esta gran base de datos equivale a multiplicar 40 veces todo lo que se resguarda en el Archivo General de la Nación.
En este caso, se trata de la información generada a partir de las 4 millones 116,734 solicitudes de información que se han hecho en esta plataforma entre 2003 y septiembre de 2024.
Estamos hablando de archivos gubernamentales que se han hecho públicos, y con los que se han documentado casos de corrupción, pero también de datos personales introducidos en la Plataforma Nacional de Transparencia por los usuarios de esta, o que han sido solicitados específicamente por alrededor de 700,000 ciudadanos.
Vulneración de datos
La reforma constitucional que desaparece al INAI, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, que aún debe avalar el Senado, ordena que la PNT sea transferida al Poder Ejecutivo federal, sin considerar que esto violenta los derechos humanos de los ciudadanos en general, de los usuarios del sistema, y sobre todo de aquellos que solicitaron detalles sobre sus datos personales.
De acuerdo con el artículo Quinto transitorio del dictamen aprobado, “los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen”, pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo federal que asumirán las funciones de los organismos que dejarán de existir.
Con estos cambios, el trabajo del INAI será asumido por la Secretaría de la Función Pública, la cual se denominará Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
El problema es que, en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, no toda la información que esta contiene ha sido generada por el gobierno federal. De hecho, el 16.7% de las solicitudes realizadas en este sistema se refieren a datos personales sensibles, que incluyen -sobre todo- detalles sobre el estado de salud de los solicitantes y su historial laboral.
La importancia de esta base de datos no solo se centra en la información del gobierno que se ha hecho pública gracias al INAI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual corre el riesgo de desaparecer en cuanto pase al Ejecutivo federal.
También hay que considerar que, según las estadísticas del organismo, 687,983 ciudadanos han solicitado información de sus datos personales, los cuales deben ser protegidos o -en su caso- cancelados dentro la plataforma, con el fin de impedir que pasen a la Secretaría de la Función Pública, institución que, por cierto, en diciembre de 2020 sufrió un hackeo en sus bases de datos.
Esta dependencia informó entonces al INAI que fue víctima de una intervención ilícita en sus sistemas electrónicos que contenían información privada, y confidencial, de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
En este punto hay que aclarar que la información de la Plataforma Nacional de Transparencia nunca ha sido vulnerada, a pesar de que se han detectado más de 2 millones de intentos de hackeo.
Problemas y posibles soluciones
Con estos antecedentes, en términos prácticos, son dos los principales problemas que se enfrentan con la transferencia a la Secretaría de la Función Pública de la plataforma que administra el INAI:
- La información gubernamental, que hoy puede ser consultada en la PNT, puede alterarse, destruirse, o hacerse “inexistente”, eufemismo utilizado por los entes gubernamentales cuando estos se niegan a transparentar los datos que se les solicitan.
- La información privada, es decir, datos personales sensibles de ciudadanos que han hecho este tipo de solicitudes puede ser vulnerada, corriéndose el riesgo de un uso ilícito de los mismos.
Para el primer problema, no hay mucho por hacer, todo depende de los acuerdos que pueda establecer el INAI con el Senado y con el Poder Ejecutivo federal.
Al respecto, Julieta del Río, comisionada presidenta del INAI, dijo en una entrevista radiofónica que ese organismo no puede entregar esta base de datos, “porque también trae datos personales”. Hacerlo implica transgredir la ley y violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Además, “la vulneración de datos personales en posesión de sujetos obligados, la verdad, la mayoría de los casos que tenemos se han dado desde el Poder Ejecutivo, o sea, son los que vulneran los datos”, enfatizó.
No obstante, independientemente de los posibles cambios que pudieran darse en la reforma, cuando esta sea analizada por el Senado, y de los acuerdos a los que pudiera llegar el INAI, los ciudadanos que tienen una cuenta para acceder a la información de la PNT pueden solicitarle al mismo INAI, de manera urgente, que todos los datos personales contenidos en su perfil sean cancelados.
Antes de eso, el usuario puede descargar toda la información pública que haya solicitado a través de la plataforma. Con esto se evita que la Secretaría de la Función Pública conozca los detalles de los perfiles de los usuarios.
En cuanto al segundo problema, todos los ciudadanos que hayan hecho solicitudes de información de sus datos personales igualmente pueden pedir al INAI la cancelación de los mismos. En estos casos, la información obtenida debe ser descargada previamente para que esta solo esté en resguardo del solicitante.
Así, si una persona pidió, por ejemplo, su expediente clínico del IMSS, es factible que el titular de esa información confidencial solicite que dichos datos sean cancelados por completo en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lamentablemente, al desmantelarse organismos constitucionales autónomos como el INAI, también se anularán el acceso a la información pública y la protección de datos personales, lo que implica un importante retroceso en nuestros derechos humanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.