¿Qué pasa si la CIDH se pronuncia en contra de la reforma judicial de México?
Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a emitir recomendaciones a México, el Estado está obligado a acatarlas.
México está obligado a acatar cualquier medida o resolución que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la reforma judicial, debido a que desde el 24 de marzo de 1981 nuestro país se adhirió voluntariamente a esa institución, reconociendo sus facultades, entre las que se encuentran la emisión de recomendaciones y medidas cautelares.
Si bien aún está en estudio la admisibilidad de la queja en contra de esta reforma, promovida ante la CIDH por organizaciones de jueces y colectivos defensores de los derechos humanos, la Comisión puede dictar medidas cautelares para proteger a los juzgadores ante el riesgo en el que se encuentran sus derechos.
Esas medidas, en caso de que sean emitidas por la CIDH, deben ser cumplidas por el Estado mexicano, de lo contrario se incurriría en una responsabilidad internacional, pues el fundamento de las mismas se encuentra en los artículos 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18.b del Estatuto de la Comisión; 25 del Reglamento de la CIDH, y 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada en México por el Senado el 18 de diciembre de 1980 (DOF 9 de enero de 1981); mientras que la Carta de la Organización de los Estados Americanos es un instrumento que nuestro país firmó el 30 de abril de 1948, y que la Cámara alta avaló el 12 de noviembre de ese mismo año (DOF 13 de enero de 1949).
Lo mismo ocurriría si la Comisión llegara a emitir recomendaciones al Estado mexicano para que repare el daño causado por la reforma judicial. Es decir, el cumplimiento de la legislación interamericana, y de las decisiones de la CIDH, no es optativo para México, ya que nuestro país adquirió -de manera voluntaria- las obligaciones que señalan esas normas.
Procedimiento ante la CIDH
Independientemente de que la Comisión decida o no ordenar medidas cautelares en favor de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el análisis de la denuncia en contra de la reforma judicial en esa instancia interamericana deberá seguir los siguientes pasos:
- La Comisión solicitará al Estado mexicano sus comentarios sobre la admisibilidad del caso (cuestiones procedimentales de forma y no de fondo).
- La CIDH debe enviar a los quejosos la respuesta del Estado, a fin de que estos también hagan comentarios al respecto.
- Tras esto, ya con las posturas de las partes, la Comisión debe emitir un informe de admisibilidad o inadmisibilidad del caso.
- Si la resolución es admitir la denuncia, la CIDH entonces entrará al fondo de la misma, solicitando información a las partes.
- Enseguida, la Comisión debe emitir un informe de fondo en el que determinaría si la reforma judicial es o no violatoria de derechos humanos.
Con el informe de fondo, si la CIDH considera que se han trasgredido derechos fundamentales, esta instancia emitirá recomendaciones al Estado mexicano, las cuales, entre otras, pueden ser:
- Que cesen los actos violatorios de los derechos humanos
- Reparar los daños ocasionados
- Introducir cambios al ordenamiento legal
- Adoptar medidas o acciones a fin de evitar violaciones similares en el futuro
Si el Estado no cumple con las recomendaciones, la Comisión turnará el asunto, mediante una demanda, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que puede condenar a México por su responsabilidad internacional ante la violación de estos derechos.
Estadísticas en contra
De 2006 a 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido 9,514 peticiones (quejas o denuncias) por parte de personas u organizaciones de México. En 1,984 casos se le ha solicitado a la CIDH la emisión de medidas cautelares, aunque la Comisión solo las ha otorgado en 94 asuntos (4.7%).
A su vez, en este mismo lapso, la CIDH ha analizado el fondo de 1,234 denuncias (12.9% del total de peticiones), en tanto que 15 casos han sido enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1.21% de los casos de fondo).
En esta Corte, cuya jurisdicción y competencia fue reconocida por México el 16 de diciembre de 1998, nuestro país ha sido condenado en 16 ocasiones por haber incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
De estas 16 sentencias, emitidas por la Corte entre 2008 y 2023, se han cumplido completamente 4 (25%), quedando 12 casos pendientes.
De estos, en 11 el cumplimiento ha sido parcial (68% de todas las sentencias contra México), mientras que, en un fallo que se dictó en enero de 2023, no ha habido ninguna respuesta del Estado mexicano.
En este 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente de resolver otros tres casos contenciosos en contra de México.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.