11 propuestas para combatir y terminar con la corrupción
México encabeza la lista de los países más corruptos de América Latina. El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado a raíz de la crisis de corrupción que enfrenta México pero los resultados no son tangibles. ¿Qué se necesita para un verdadero combate a la corrupción?
México encabeza a los países corruptos en América Latina. De acuerdo con el ‘Barómetro Global de Corrupción 2017’ de Transparencia internacional
El informe arrojó que, el 51% de los mexicanos aceptó dar un soborno en rubros como servicios, salud y educación, con lo que se colocó como el país más corrupto del continente.
Aunque el soborno es solo uno de los diferentes tipos de corrupción que existen. No hay una, sino múltiples expresiones que van desde un soborno a un funcionario hasta el lavado de dinero, por lo que la corrupción puede definirse como el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Diversos estudios calculan que le cuesta a México entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto.
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“Hay de corrupción a corrupción. Está la del día y está la de altos vuelos la que ahora se está denunciado como las empresas fantasmas, involucra mucho dinero y afecta gravemente a la economía nacional, al patrimonio del Estado (…) La de monopolio. Esa parte es la que primero tendríamos que atacar”, dijo en una entrevista previa a Alto Nivel, Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y comisionado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Es en este contexto que el 79% de los mexicanos asocia a la corrupción con el gobierno, los políticos, la policía y los servidores públicos. Es decir, para los mexicanos la corrupción es una actividad característica de trabajadores del Estado, de acuerdo con un estudio de la organización civil Opciona.
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En los últimos años diversas investigaciones periodísticas han revelado casos de corrupción y conflictos de interés que involucran a altos funcionarios, como el caso de la Casa Blanca, la casa de Malinalco o los supuestos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht que entregó a autoridades gubernamentales de México, así como los señalados desvíos de recursos públicos del exgobernador de Veracruz, César Duarte, solo por mencionar algunos.
Precisamente esta situación llevó a la creación del SNA, que nació en julio del 2017, sin embargo, su implementación avanza a marchas forzadas.
El SNA es una instancia de coordinación entre autoridades federales y locales que busca combatir a la corrupción. Para esto se integra por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva.
El SNA debió haber empezado a funcionar en julio del 2017, lo cual hasta ahora no se ha concretado porque todavía hacen falta el fiscal anticorrupción, 18 magistrados anticorrupción y que terminen de integrarse todos los Sistemas Locales Anticorrupción con sus correspondientes nombramientos.
No obstante, hasta ahora parece que el CPC carece de “dientes” para dar un combate frontal a la corrupción.
A mediados del 2017, el CPC solicitó a la Coordinación del SNA que pidiera al gobierno federal la información sobre el software Pegasus, luego de que diversas organizaciones, activistas y periodistas denunciaron que sus comunicaciones privadas habían sido espiadas, pero el pleno de la Comisión votó en contra y rechazaron tener atribuciones para dicha solicitud al argumentar que el espionaje no es un delito considerado dentro del catálogo de corrupción.
Por lo que en diciembre del 2017, los miembros del CPC señalaron al New York Times una serie de obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno, que por su parte aseguró que ha respaldado a los integrantes del Comité.
Por lo pronto, esta semana varias organizaciones como el IMCO, México Evalúa, Fundar, Transparencia Internacional, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras, presentaron 11 propuestas para combatir la corrupción e indicaron que esta lucha requiere de propuestas claras y detalladas de los candidatos a la presidencia de México, a quienes pidieron pronunciarse sobre este tema en el debate que tendrán el 22 de abril.
Los temas son:
- Reformar el Artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.
- Completar y fortalecer el SNA, incluyendo la Plataforma Digital Nacional, para que se convierta en el centro de inteligencia contra la corrupción y que integre el procesamiento de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.
- Utilizar evidencia y análisis automatizado para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción.
- Promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos. Impulsar una Ley General en materia de adquisiciones y obra pública que establezcan parámetros, principios, procesos, criterios y funciones homogéneas y comparables para todo el país.
- Desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio, tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe ser completamente transaccional y transparente.
- Diseñar políticas anticorrupción basadas en evidencia y el análisis automatizado de datos que permitan enfocar los esfuerzos de auditoría y control de manera estratégica. Interconectar a las Fiscalías Anticorrupción a las bases de datos de la nueva Plataforma de Contrataciones Públicas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Consolidar una nueva cultura de integridad corporativa que tenga como objetivo central hacer negocios de manera limpia y responsable.
- Generar una Cédula Nacional de Identidad con datos biométricos que garantice la eficiencia de los programas sociales.
- Eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales. El efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable.
- Desarrollar un modelo de publicidad oficial que asegure una prensa libre y crítica.
- Asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos, tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el trabajo del Congreso. México necesita Gobiernos y parlamentos abiertos.
