Plan de Infonavit para construir 1 millón de casas, ¿un mal negocio?
Además de que se usarían recursos de los trabajadores, se afectarían más de 7,000 Mipymes si el organismo se convierte en constructor de inmuebles.
El proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir 1 millón de inmuebles, de los cuales la mitad le correspondería edificar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), podría fracasar como ya ocurrió hace un par de décadas, debido a que el organismo prevé crear una empresa paraestatal para desarrollar viviendas, afectando con ello al sector.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ya advirtió que el desarrollo habitacional no debe estar directamente a cargo del Infonavit, pues una empresa del Estado para edificar viviendas afectaría a más 7,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que intervienen en el mercado mexicano de la construcción.
En contraste, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que en los próximos seis años se invertirán 288,000 millones de pesos para construir 500,000 inmuebles de interés social.
“La clave de todo, de acuerdo con la instrucción que nos dio la presidenta de la República, es la conformación de una empresa constructora para disminuir costos”, precisó Romero, quien en la administración pasada fue director de Pemex.
En ese tenor, los constructores del país, aglutinados en la CMIC, consideran que no es adecuado que sea el mismo Infonavit el encargado de los trabajos de edificación, pues -de entrada- la eficiencia de las empresas mexicanas, y obviamente su experiencia, es superior a cualquier ente gubernamental.
Además, la reducción de costos necesariamente implica subsidiar la construcción de los inmuebles, lo que se haría a través de los recursos de los trabajadores, usando un capital que en realidad debería generar rendimientos y no pérdidas.
En síntesis, contar con una constructora paraestatal es un mal negocio, tanto para los derechohabientes como para la industria de la construcción, por lo que lo más viable sería que el Infonavit licitara los proyectos para que sea la iniciativa privada la que los desarrolle.
Otra opción es la subcontratación de empresas privadas para llevar a cabo la edificación de las viviendas que proyecta el Infonavit, aunque este escenario suele ser sumamente opaco, a menos que en la actual administración se mejore, efectivamente, la transparencia y rendición de cuentas de este tipo de contratos.
Un pasado de corrupción
En México, de acuerdo con cifras de la CMIC, alrededor de 9 millones de viviendas están abandonadas, entre estas se incluyen cerca de 400,000 inmuebles que se encuentran en litigio, toda vez que presentaron fallas estructurales.
La rehabilitación de esas casas y departamentos, diseminados en todo el país, solo puede hacerse con planes de desarrollo urbano que deben implementar las autoridades de los tres niveles de gobierno, en colaboración con la iniciativa privada.
Esta problemática no está siendo atendida, sino que se quiere regresar al modelo de los años setenta, cuando el Infonavit edificaba viviendas, una época en la que el organismo presentó altos niveles de corrupción, en tanto que, por las características de los inmuebles construidos, se generaron importantes problemas sociales.
Las unidades habitacionales del Infonavit no respondían a las necesidades reales de las familias mexicanas de aquel momento, además de que esta institución, junto con otros organismos del Estado, nunca lograron satisfacer la demanda de vivienda social en nuestro país.
De acuerdo con una investigación de Beatriz García Peralta, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 1971 y 1980 solo se construyeron 748,346 viviendas de interés social, equivalentes al 20% de los inmuebles habitacionales edificados en esa década, cuando la población urbana en nuestro país creció más del 50%.
La académica asegura que la intervención estatal en vivienda en México siempre ha sido limitada, ya que no se invierten recursos fiscales suficientes, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en donde hay un sector de la industria de la construcción “apoyado por el Estado y otro que produce vivienda para el mercado con recursos privados”.
Factores a tomar en cuenta
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled, informó en un comunicado que su organización respalda “el propósito de la presidenta de incrementar la oferta de vivienda”.
Sin embargo, “asignar al Infonavit la construcción directa no es el camino correcto, debido a la afectación en la competencia con las Mipymes, que son un importante motor económico de México”.
Los constructores tienen razón en este aspecto, pues el Infonavit -legalmente- es una bolsa financiera cuyo objeto es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, con el fin de otorgar créditos a los trabajadores.
Por ende, tendrá que hacerse una reforma a la Ley del Infonavit para que el organismo se dedique a construir, una actividad para la que se requieren experiencia y análisis específicos que consideren factores como las nuevas dinámicas sociales, familiares y económicas de los mexicanos; los movimientos migratorios; y la infraestructura existente, entre otros.
La movilidad, la planificación urbana, los medios de transporte, el respecto al medio ambiente, las áreas recreativas y el consumo responsable de energía, son otros elementos importantes que deben incluirse en los desarrollos de vivienda para evitar que los inmuebles sean abandonados, o se conviertan en áreas susceptibles de presentar problemas de sobrepoblación, hacinamiento e inseguridad.
MÁS NOTICIAS:
- Apple cae 15% desde máximos y deja de ser la empresa más valiosa
- Con todo y reducción, el déficit fiscal en México será insostenible en 2025
- ¿Qué es Polo Ralph Lauren y cuál es su historia?
- Moody’s: Aranceles de Trump frenarían crecimiento de México al 0.6%
- Dow Jones gana 1.24% en primer día bursátil de la administración Trump
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.