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Opinión

¿Revocación de mandato o el fantasma de la reelección?

López Obrador ha asegurado que en los primeros 3 años de su gobierno no haría modificaciones profundas a la Constitución Política, además de firmar un compromiso de no buscar la reelección

19-03-2019, 6:15:01 AM

Existe mucha confusión acerca de la reforma aprobada en días pasados por la Cámara de Diputados, en materia de Revocación de Mandato.

En estos días, colegas, conocidos y amigos se han acercado con la pregunta sobre si la revocación es lo mismo que la reelección, o si haber aprobado la revocación es la puerta de entrada a una futura reforma que permitirá la reelección del Presidente.

Esta confusión, como muchas otras que se han generado a lo largo de los primeros cien días del gobierno de López Obrador, podría ser atribuida a una falta de brújula de la oposición para respaldar luchas sociales que les devuelvan la legitimidad para ser contrapeso, sino también para poder comunicar bien sus ideas y su agenda.

En primer lugar, es necesario aclarar que la aprobación de la Revocación de Mandato en la Cámara de Diputados no implica la consumación del acto. Pues aún falta que la minuta sea discutida y, en su caso, aprobada por la Cámara de Senadores y que además, por tratarse de una reforma constitucional, sea avalada por al menos 17 Congresos estatales. Tal y como ocurrió recientemente con la reforma que crea la Guardia Nacional.

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En segundo lugar, y ya para entrar en el punto nodal de la discusión, vale la pena entender en qué consiste la Revocación de Mandato.

Desde antes de que se convirtiera en el tema de todas las portadas de la prensa, la Revocación de Mandato se ha visto como un mecanismo de avanzada para darle más poder al ciudadano y hacer que los gobernantes rindan cuentas.

Básicamente, se trata de una consulta en la cual se le pregunta a la ciudadanía si consideran que el Presidente debe seguir en el cargo, o renunciar.

Pero existen detalles técnicos que no son menores.

Para que la Revocación de Mandato cumpla con su objetivo debe cumplir 4 requisitos específicos: 1) Debe ser regulada, vigilada y contada por una institución con autonomía que no sea subordinada del gobierno que está siendo evaluado; 2) debe tener porcentajes mínimos claros de participación ciudadana para que la solicitud de Revocación de Mandato sea activada y para que su resultado sea vinculante, es decir, obligatorio; 3) debe poder ser convocada por la ciudadanía; y 4) debe poder activarse en cualquier momento durante el periodo de gobierno.

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López Obrador

Tres experiencias estatales y la reforma federal

En el estado de Jalisco, desde 2016 existe la posibilidad de revocar el mandato otorgado al Gobernador del Estado, a los presidentes municipales y a los Diputados locales. Mientras que en Yucatán y Colima, los Congresos locales aprobaron modificar sus Constituciones estatales para dar cabida a esta nueva figura en los últimos días de febrero pasado.

En los tres casos estatales, según puede leerse en las minutas aprobadas, las características antes citadas están presentes de manera clara.

Sin embargo, la reforma aprobada por los diputados federales la semana pasada tiene algunas características que despiertan dudas sobre la verdadera finalidad de la Revocación de Mandato.

En la iniciativa aprobada se contempla, por ejemplo, que la revocación podrá ser convocada por el Congreso de la Unión a petición de una tercera parte de los legisladores de alguna Cámara, a petición de al menos el 3% de ciudadanas y ciudadanos de la Lista Nominal, o a petición del propio Presidente de la República.

Tan sólo desde este punto, la naturaleza del mecanismo como un instrumento ciudadano para hacer rendir cuentas a los gobernantes ya se ha tergiversado. Pues aun si la ciudadanía no convoca a la Revocación de Mandato porque se siente satisfecha con la labor del gobernante, éste podría convocar al ejercicio con la única intención de salir fortalecido, a sabiendas de que tiene el triunfo asegurado. Convirtiendo a un ejercicio de revocación en una ratificación.

Además, mientras que las reformas contempladas en los tres estados mencionados anteriormente no ponen una fecha para el ejercicio de Revocación de Mandato (cumpliendo el cuarto requisito antes mencionado), la iniciativa aprobada por los Diputados sí pone una: el mismo día que se celebre la elección intermedia.

Es importante saber que la razón por la cual ni Jalisco, ni Yucatán o Colima han contemplado una fecha para sus respectivos casos, es porque la naturaleza del ejercicio revocatorio responde a la coyuntura. Es decir, que la exigencia ciudadana por revocar el mandato del gobernante surge cuando hay alguna demanda específica o cuando algún escándalo ha golpeado la credibilidad del gobierno.

Dichas coyunturas, como puede intuirse, no tienen fecha en el calendario. Pueden ocurrir o surgir en cualquier momento del sexenio y, por lo tanto, fijar una fecha para el ejercicio revocatorio sería no solamente ocioso, sino que incluso limitaría el derecho de la ciudadanía.

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Imaginemos por un momento que un escándalo azote al gobierno lopezobradorista durante el cuarto año de gobierno; con la Revocación de Mandato aprobada por los diputados, sería imposible exigirle algo al Presidente, pues la única fecha para poder realizar el ejercicio ya habrá pasado de largo.

Además, la fecha impuesta por la reforma federal contrasta con una reforma que fue aprobada por los propios Diputados federales en la misma sesión.

Mientras que la Revocación de Mandato la empalmaron con la elección intermedia, a las consultas populares les quitaron esa calendarización. Algo que no tendría lógica si tomamos por válido el pretexto esgrimido por la iniciativa presidencial, al referir que es más eficiente y económico celebrar la Revocación de Mandato y las elecciones intermedias en la misma fecha. ¿No aplicaría igual para las consultas populares el mismo criterio de eficiencia?

Pero el mayor argumento para sentir extrañeza por la reforma que crea la Revocación de Mandato, tal cual como fue aprobada por los Diputados, es una combinación de las dos tergiversaciones anteriores.

Si puede ser convocada por el Presidente aun a sabiendas de que no tiene posibilidad alguna de ser derrotado, y además el ejercicio se celebra el mismo día que la elección intermedia, entonces tendremos a un Presidente de la República en campaña, al mismo tiempo que todos los candidatos a Diputados federales en 2021.

Con este escenario, no es difícil imaginar que la figura carismática de un Presidente como López Obrador podría generar un arrastre nunca antes visto en una elección intermedia (en las cuales no acostumbra salir a votar más del 50% de los votantes registrados) y un apoyo tácito a su partido político.

Ahora bien, ¿es la revocación una puerta a la reelección?

Frente a esta pregunta, es muy común escuchar como argumento que “así empezó Venezuela”. Pero no existe nada más alejado de la realidad.

En el caso venezolano, lo primero que hizo Hugo Chávez al asumir el poder en 1999 fue convocar a un Congreso Constituyente con el fin de generar una nueva Constitución para su país. Lo que le permitió convocar a elecciones nuevamente en el año 2001. Es decir, que no hubo una Revocación de Mandato de por medio, sino todo un proceso de reingeniería constitucional que le permitió a Chávez hacerse con mayores facultades.

En México, López Obrador ha asegurado que en los primeros tres años de su gobierno no haría modificaciones profundas a la Constitución Política, además de firmar un compromiso de no buscar la reelección, finalizando su mandato tal y como lo marca la ley, en 2024.

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Otro elemento, no menor, que debemos tomar en cuenta al momento de caer en la tentación de comparar lo que ocurre en nuestro país con lo que dicen que ocurrió en Venezuela, es que Hugo Chávez tenía 44 años cuando llegó a la presidencia de su país.

Andrés Manuel López Obrador, en cambio, tiene en este momento 65 años. Por lo que su apuesta no es tanto la perpetuación en el poder como la consolidación de su proyecto político.

En resumen, la Revocación de Mandato que se aprobó el jueves pasado en San Lázaro no abre la puerta a una reelección. Pero sí abre la puerta a tener al Presidente en funciones haciendo campaña a su favor y a favor de su partido en las elecciones intermedias. Algo que, sin duda, rompería con la norma no escrita que se ha mantenido vigente desde la transición política en el año 2000.

Una ruptura que busca sentar las bases para que el legado de este gobierno no sea solamente la honestidad y el combate a la corrupción que hoy presumen, sino nuevas instituciones que borren a aquellas que fueron construidas por el PRI y el PAN, para dar paso a unas construidas por Andrés Manuel López Obrador.

Juan Pablo Galicia (@jpgalicia) es consultor, analista político en medios y docente en la Universidad Modelo de Mérida.

Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel