Un Parlamento Abierto, el primer paso para restaurar la confianza
Un Parlamento Abierto, con datos transparentes y accesibles, es el primer paso para restaurar la confianza de los ciudadanos en el Congreso. Estos fueron los resultados del segundo Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, realizado por el IMCO.
Por Ramiro Suárez | @SuarezGalan*
De acuerdo con el Informe Latinobarómetro, el grado de confianza de los mexicanos hacia el Congreso es solo del 22%, muy por debajo de otras instituciones. Aunado a ello, la percepción de que nuestros legisladores utilizan su cargo para beneficio propio es de las más altas del mundo. Lo anterior es consecuencia de congresos que se han conducido bajo la opacidad y el derroche de recursos, cerrados a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. En muchos casos, omisos o cómplices ante los excesos de Gobiernos corruptos.
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Revertir esta situación luce complicado. Los congresos deben manejarse con austeridad y transparencia y ser un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo. Por otro lado, su funcionamiento debe abrazar las mejores prácticas de apertura parlamentaria, entendiéndolo como aquella institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva, y que utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación. Pero, sobre todo, que representa los intereses y preocupaciones de sus representados.
Con el ánimo de impulsar estas prácticas, es necesario tener una radiografía que describa la situación de las instituciones legislativas federales y estatales. Derivado de lo anterior, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos el segundo Diagnóstico de Parlamento Abierto en México. Este reporte permite conocer los resultados de cada variable sobre apertura parlamentaria, así como los avances y retrocesos comparados con la edición anterior. De esta manera, los congresos identifican sus fallas y omisiones para poder emprender una estrategia cuyo objetivo sea tener parlamentos abiertos, de la mano de sus representados.
El Diagnóstico se compone de 10 principios, y a excepción del que tiene que ver con el Derecho a la información (contemplado en las constituciones y leyes de transparencia), el resto de los principios tienen resultados insatisfactorios sobre nuestras instituciones legislativas.
Si bien la calificación en siete de los 10 principios tuvo avances respecto a la edición anterior, aún es evidente la falta de compromiso de nuestros legisladores en torno a la apertura de su trabajo y decisiones en los congresos. Esto se traduce en que los ciudadanos se enfrentan a dificultades para involucrarse en las discusiones y decisiones legislativas. En pocas palabras, sigue roto el vínculo entre representantes y representados.
A pesar de los malos resultados, resalta el principio de Legislan a favor del Gobierno abierto, el cual tuvo un aumento de más de 60 puntos porcentuales respecto a la primera edición del diagnóstico. Al menos en el papel, hay un interés de los órganos legislativos en reformar los marcos normativos para favorecer políticas de Gobierno abierto en los distintos poderes y ámbitos de Gobierno.
Sin embargo, las variables referentes a la Información presupuestal y administrativa fueron de las que sufrieron retrocesos al compararlos con el diagnóstico anterior. Lo anterior revela la opacidad del manejo de recursos públicos de las 34 instituciones legislativas del país, que en 2017 tuvieron un presupuesto aprobado superior a los 25 mil millones de pesos, mayor al presupuesto completo de varios estados. (Estudio de elaboración propia con datos de presupuestos de egresos de las entidades federativas y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017).
De seguir esta tendencia, la distancia entre los legisladores y la ciudadanía seguirá extendiéndose, por lo que la dificultad de los congresos para generar confianza y representación a los ciudadanos es relevante. No obstante, iniciar un proceso de apertura a través de los principios y variables de este diagnóstico es un primer paso. De mantenerse aislados a los ciudadanos y cerrados al escrutinio público, el desprestigio de nuestras instituciones legislativas continuará.
*Ramiro Suárez es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
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