Industria Eléctrica: Regulación y control, o libertad y competencia
La reforma a la industria eléctrica implica fortalecer a la CFE a costa de los privados. ¿Existe alguna justificación real para ello?
Por Alejandro J. Saldaña Brito, economista en jefe Grupo Financiero B×+
El creciente papel en la economía que se le busca dar al Estado, debe hacernos reflexionar sobre cuáles son los costos que pueden surgir, cómo puede afectar nuestro bienestar y libertad. En esta ocasión, usemos el ejemplo de la iniciativa para modificar a la industria eléctrica.
En algunos casos y, hasta cierto punto, es posible justificar la intervención del Estado sobre la economía. Por ejemplo, cuando se habla de corregir “fallas de mercado”, como lo son las externalidades, la existencia de bienes públicos y situaciones de competencia imperfecta; en todas estas situaciones, se argumenta, que es deseable la intervención gubernamental porque los agentes privados son incapaces o no tienen incentivos suficientes para proveer eficientemente algún bien o servicio, lo cual es debatible, pues muchas veces el problema de fondo es una incorrecta protección o definición de la propiedad privada. Ahora, preguntémonos si esto es lo que sucede en la industria energética en México.
Para todo lo comentado en este espacio, me voy a referir al sector de generación y suministro de electricidad, y no a la transmisión y distribución, pues el segundo es un caso muy particular de “monopolio natural”. El ejecutivo presentó a fines de enero una iniciativa de decreto para la industria que pretende, se asegura en la misma, mejorar la “confiabilidad energética”, contribuir a la seguridad energética y no incrementar las tarifas de electricidad (encima de la inflación). Para ello se propone forzar a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la primera en alimentar al sistema eléctrico, retirar la obligatoriedad de las subastas de largo plazo, modificar certificados de energías limpias, revertir permisos de autogeneración y terminar contratos con los privados. Esto implica fortalecer a la empresa del Estado a costa de los privados. ¿Existe alguna justificación real para ello?
Tras abrirse en diciembre de 2013, las inversiones y el desarrollo de la industria tuvo un auge: la inversión extranjera directa entre 2014-2018 ascendió a 9.9 mil millones de dólares (mmdd) contra 2.7 mmdd entre 2009-2013. Además, la iniciativa privada probó ser capaz de generar electricidad de forma más eficiente y limpia que la CFE.
Por ejemplo, se estima que el costo unitario variable de las centrales de la empresa estatal es de $931 MWh, por $682 MWh producido en las centrales de productores independientes y $583 MWh obtenido en las subastas de largo plazo*. Al abaratarse los precios de la electricidad, bajan los costos en industrias que van desde la alimentaria y las manufacturas hasta el comercio y la educación, lo que incide directa e indirectamente en los bolsillos de los consumidores.
Entonces, ¿por qué impedir a los agentes privados de participar libremente y competir en igualdad de condiciones en el mercado eléctrico, si estos son capaces de producir a un costo bajo y con menor impacto ambiental?, ¿por qué privar al usuario intermedio (otras industrias) y final (hogares) de energía barata y limpia?, ¿por qué desalentar las inversiones en este y otros sectores? Los daños de esta iniciativa en materia de libertad y bienestar son claros; los beneficios, no lo son.
Gráfica. IED en Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
*Montserrat Ramiro, Jesús, “Participación Privada en la Generación de Energía Eléctrica”, PUED (UNAM), 2020.
