¿Es realmente necesaria una reforma fiscal en México?
Si se reduce el ingreso disponible (después de impuestos) de las familias, se restringe su libertad económica.
Por: Alejandro J. Saldaña Brito*
El 8 de septiembre pasado, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Paquete Económico 2022. Dentro de este, se encuentran los Criterios Generales de Política Económica, donde se plasman las distintas proyecciones macroeconómicas (PIB, precios y volumen de extracción del petróleo, tipo de cambio, tasas de interés, etc.) y que son el punto de partida para estimar el siguiente elemento, que es la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Una vez que se tienen las proyecciones de ingresos, Hacienda elabora la distribución del gasto, que se desglosa en el Proyecto de Presupuestos de la Federación.
En resumen, el Gobierno Federal espera recibir ingresos por 6,173 mmdp, que es igual a 21.9% del PIB, y estima un gasto por 7,048 mil millones de pesos (mmdp), equivalente a 25.1% del PIB. De cumplirse esto, resultaría en un déficit presupuestario por 876 mmdp (3.1% del PIB) y los requerimientos financieros del sector público para el ejercicio serían de 997 mmdp (3.5% del PIB). Pese al déficit, Hacienda estima que la deuda (saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público) en términos del PIB se quede en 51%, mismo nivel que la proyección 2021.
Al respecto, se ha señalado que existen amenazas para que se logre la estabilidad fiscal y en el nivel de endeudamiento que proyecta Hacienda. Por un lado, se menciona que algunas de las estimaciones económicas para 2022 son optimistas, como la expectativa de que el PIB crezca 4.1%, corriéndose el riesgo de sobrestimar los ingresos. Por el otro, se habla de presiones crecientes del gasto. Por ejemplo, se espera que el gasto no programable, aquel que se tiene que realizar forzosamente, aumente por un mayor servicio de la deuda e incrementos en las participaciones a estados y municipios; en cuanto al programable, se alerta del alza para los próximos años en conceptos como pensiones (menos requisitos para ser beneficiario y envejecimiento de la población) y apoyos extraordinarios a Pemex.
Entonces, dada la preocupación de que el nivel de endeudamiento se incremente aún más, en lugar de encaminarse a la baja y acercarse a los niveles pre-pandémicos (44.5% del PIB en 2019), muchos concluyen que debe buscarse una reforma fiscal, que ayude a incrementar la recaudación y dar mayor estabilidad a las finanzas públicas.
Sin embargo, recordemos que una reforma fiscal implica trasladar más recursos de los gobernados al Estado, a través del incremento en los impuestos. Si se reduce el ingreso disponible (después de impuestos) de las familias, se restringe su libertad económica, pues tendrán un menor disfrute del pago obtenido por su trabajo y poder para decidir qué y cómo se debe de producir en la economía; por el contrario, el Estado tendrá un mayor tamaño e injerencia en las decisiones económicas (qué y cómo se debe de producir). Además, esto lastimará a la productividad y el crecimiento económico, ya que la historia ha probado repetidamente que los privados hacen una asignación más eficiente de los recursos que los burócratas.
Entonces, por todo lo mencionado arriba, antes de concluir que se necesita una reforma fiscal, habrá que cuestionarse en qué y cómo el Estado está usando los recursos que toma de los gobernados. Garantizar seguridad física y contractual, proteger los derechos básicos, como a la vida, la libertad y la propiedad privada, y proveer algunos bienes públicos son las funciones esenciales de un Estado, que lo hacen ser lo que es, además de permitir que los individuos realicemos nuestras actividades económicas de una forma eficiente. El problema surge cuando el Estado asume funciones adicionales, con costos crecientes en términos de libertad y eficiencia económica.
Las cifras de Hacienda ilustran que gran parte de los recursos no se destinan a las funciones esenciales del Estado, sino a otros fines, como la redistribución del ingreso, que es quitarle a “X” para darle a “Y”, o la intervención en sectores económicos, como el energético. El gasto programable solicitado en el Paquete Económico para 2022 es de 18.7% del PIB, 1.4 puntos porcentuales (pp.) más que en 2019 (excluyo los datos de 2020 por la situación extraordinaria de la pandemia). La mayoría de los recursos y del aumento en los mismos se van al concepto de “Desarrollo Social” (12.1% del PIB, +1.2 pp), destacando el apartado de “Protección Social” (5.3% del PIB, +1.0 pp.); en segundo lugar, encontramos “Desarrollo Económico” (5.0% del PIB, +0.2 pp), con una notable concentración en “Energía” (3.9% del PIB, +0.0 pp.); la menor asignación se observa en “Gobierno” (1.6% del PIB, +0.1 pp), que es justamente donde se encuentras las funciones primordiales del Estado, como “Justicia” (0.4% del PIB, +0.0 pp.), “Legislación” (0.1% del PIB, +0.1 pp.), “Seguridad Nacional” (0.4% del PIB, -0.1 pp.) y “Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior” (0.3% del PIB, +0.1 pp.).
Entonces, les invito a reflexionar, ¿de verdad se necesita cederle más de nuestros ingresos al Estado?, ¿no sería preferible tener una administración pública más concentrada en sus funciones básicas y que, por lo tanto, libere muchos de los recursos empleados en otras actividades que no son propias de la función gubernamental, en su sentido más estricto?
*Alejandro J. Saldaña Brito es Economista en Jefe de Grupo Financiero B×+.
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja únicamente la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
LEE TAMBIÉN:
- ¿Qué pasa con los servicios en línea de Coppel? Esto sabemos del ciberataque
- 5 pasos para mezclar tus finanzas con las de tu pareja
- Cofece aplicó multas por más de 5,000 mdp entre 2022 y 2023
- ¿Esperas un paquete por correo? Cuidado, alertan sobre nuevo fraude para vaciar tu tarjeta
- El peso ‘rebota’ 1% y cotiza debajo de los $17.00 por dólar
