El gran dilema de Pemex y los salarios de sus funcionarios

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es ya un documento histórico. No solamente porque se trata de la primera ley aprobada de manera exitosa por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con mayoría de Morena.

También, se trata de un producto legislativo que reglamenta los Artículos 75 y 127 de la Constitución y que le da vigencia a la nueva regla de que “nadie puede ganar más que el Presidente”. Máxima que ya se había querido aplicar durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), pero que nunca fue llevada a la práctica ante la falta de la ley reglamentaria y la resistencia de muchos funcionarios a ajustar a la baja sus sueldos.

Con la nueva ley, además, los legisladores han puesto punto final a las pensiones que hasta el día de hoy reciben los ex Presidentes, dándole cumplimiento a una de las promesas de campaña del Presidente electo.

Sin embargo, la nueva Ley de Remuneraciones será también objeto de polémica. Y no solamente por lo anterior, sino por las repercusiones indirectas (y seguramente inintencionadas) que tendrá en la industria petrolera de nuestro país.

Tan pronto fue aprobada, el pasado 13 de septiembre de 2018, varios actores políticos se apresuraron a ocupar los espacios que se abrieron en medios de comunicación para comentar su postura respecto a esta nueva realidad burocrática. Algunos a favor y otros en contra.

De igual modo, no pocos funcionarios públicos trataron el asunto en sus respectivas oficinas. Pero no a manera de rumor o simple comentario, sino de manera estratégica.

Reuters.

En las oficinas de Pemex, según se dio a conocer mediante trascendidos, circuló una ficha técnica firmada por el encargado de Enlace Legislativo de la petrolera. En ella, el experto aseguraba que la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no afectaría a Pemex, por lo que sus altos funcionarios podrían seguir cobrando sueldos que van de los 163 mil pesos, para un director corporativo, y los 220 mil 493 pesos que cobra todos los meses el director general.

Esta información provocó la respuesta inmediata del Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien aseguró que la ley también aplicará para Petróleos Mexicanos y que, en caso de que la interpretación de la ley le diera la razón a la ficha técnica, estaría dispuesto a reformar la ley con tal de imponer el salario del Presidente de la República como tope máximo para todos los funcionarios.

Lo anterior, sin embargo, ilustra el gran problema de la nueva ley. Pues a pesar de que ha sido presumida como producto de la Cuarta Transformación y la nueva Legislatura, la iniciativa que le dio origen data en realidad del 8 de noviembre de 2011. Fecha en la cual Felipe Calderón seguía siendo titular del Ejecutivo federal, la Ciudad de México seguía llamándose Distrito Federal, el salario mínimo no se había desindexado del tabulador de multas e infracciones, y Pemex junto con la CFE seguían siendo empresas paraestatales.

Independientemente de las razones por las cuales se usó una iniciativa con casi 7 años de antigüedad, resulta grave la pésima técnica legislativa empleada para aprobar el documento. Como grave es también no saber que Pemex es ahora una empresa productiva del Estado (que le da mayor autonomía que cuando era una paraestatal) y que no se discutan las consecuencias de cada caso por separado.

Y si bien la oposición legislativa (ahora compuesta por los otrora partidos tradicionales: PRI, PAN y PRD) ha argumentado que el Poder Judicial y los órganos autónomos y descentralizados deberían tener libertad de fijar sus sueldos con base en criterios propios, el caso de Pemex es muy particular.

En 2015, con la Reforma Energética ya vigente, se dio a conocer la salida del director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, quien había durado en su cargo nueve años. La razón de su salida: fue reclutado por Petro Bal, la petrolera del empresario Alberto Bailléres.

Para algunos, el hecho es una simple anécdota. O incluso un ejemplo de cómo las personas cambian de trabajo cuando encuentran mejores ofertas.

Notimex.

Congreso de la Unión.

Pero la importancia estratégica de nuestra industria petrolera nos obliga a ser autocríticos con un ejemplo como éste. Se trata, ni más ni menos, de nueve años de experiencia y conocimiento que la empresa petrolera del Estado mexicano perdió, y que fue arrebatado por un competidor privado que le ofreció un mejor sueldo.

Evidentemente, la discusión no se trata de si se tendría que derogar la nueva Ley de Remuneraciones y dar marcha atrás a la promesa de campaña del Presidente electo. Mucho menos de justificar los exorbitantes y nada justificados sueldos y prestaciones que muchos funcionarios cobran en México.

Pero sí es nuestra obligación poner sobre la mesa los problemas que podría ocasionar la oleada de austeridad republicana del próximo gobierno.

Pemex compite todos los días con sus pares, nacionales y extranjeros, del sector privado. Tanto en el campo de la extracción y la producción como en la búsqueda de talento. Ya que, al igual que ocurre en otros sectores como en el de la tecnología (siendo Silicon Valley el gran ejemplo de esto), todas las empresas están dispuestas a “robarle” empleados a sus competidores ofreciéndoles jugosas compensaciones económicas.

En 2014, según información transparentada por la propia petrolera, se jubilaron alrededor de 3 mil trabajadores de las distintas áreas de Pemex. En contraste, el mismo año en México se graduaron sólo 264 personas de carreras e ingenierías afines a la industria del petróleo.

2 mil 736 personas menos que las vacantes que quedaron abiertas tras las jubilaciones. Sin contar, por supuesto, las vacantes que se generaron por el “robo” de talento que ha sufrido Pemex desde la apertura del sector petrolero a la iniciativa privada.

Un panorama así obliga a Pemex a tratar de retener a sus trabajadores con lo único que puede ofrecerles: un ascenso o un aumento de sueldo. Algo que no podrán hacer, de cumplirse la amenaza del Diputado Mario Delgado.

Las medidas de austeridad, como estrategia política, son muy eficaces para volver tangible la promesa de cambio con la cual Morena y Andrés Manuel López Obrador hicieron campaña; y no hay razón para cuestionar las medidas, a sabiendas de que la administración pública ha sido -históricamente- el medio por el cual se han hecho millonarios muchos políticos corruptos.

Sin embargo, vale la pena sentarnos a definir de manera transparente hasta dónde llega la medida como un acto de justicia, y dónde empieza a ser un capricho que causará más problemas de los que pretende resolver.

@jpgalicia

Juan Pablo López Galicia Nahuatt es politólogo por la UNAM, analista político en medios de comunicación y profesor en la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán.

Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.

Juan Pablo Galicia Politólogo. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Consultor y analista político en medios de comunicación.