Combate a la corrupción: la deuda que AMLO tiene por cumplir
De promesa de campaña a tarea por cumplir para AMLO, el combate a la corrupción en México permanece como tema central de su gobierno
Una de las banderas de mayor relevancia en la campaña electoral de hace un año del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y en especial de su entonces candidato a la presidencia de la República fue, sin duda alguna, dar un combate frontal a la corrupción y a la impunidad.
Un año después del triunfo de Morena, la ingeniería jurídica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indudablemente avanza con el nombramiento de quien la encabeza, pero también es a todas luces un avance insuficiente. Lo anterior toda vez que sigue pendiente el nombramiento de los integrantes del Tribunal Colegiado Especializado en materia anticorrupción, omisión que genera un vacío del espacio en que se deben litigar los casos ligados a estos delitos.
Preocupa que, descontando los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira, realmente no hemos visto acciones contundes en contra de la corrupción, y si como se ha dicho, esta administración trata de marcar en la materia un antes y un después, tendríamos que estar siendo testigos de investigaciones profundas y exhaustivas de tantos y tantos casos que hemos conocido como resultado, principalmente, de investigaciones periodísticas, incluso algunos ya documentados.
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Esperemos que se esté dando una gran prioridad de hacer las investigaciones con sumo cuidado, y que esa sea la razón por la cual no hemos visto mayor actividad aún. Me gustaría pensar que las autoridades están actuando con mucho sigilo, con mucho cuidado para que los siguientes casos que se den a conocer sean realmente emblemáticos y que demuestren que la tolerancia a esos excesos ya no existe.
Hasta que no se muestre una actitud realmente ejemplar, preocupa que realmente aplique la designación del Ejecutivo de un borrón y cuenta nueva, cuestión con la que desde luego no coincidimos. Lo que procede es que se retomen los casos del pasado, y así exista la prueba fehaciente de que se combate la corrupción en este sexenio. Hablamos de casos como la Estafa Maestra, Casa Blanca y otros en los cuales es evidente que se presentaron abusos e incumplimientos de ley, con la práctica de robos sistemáticos – un sistema de cleptocracia a base de políticas de cuotas y cuates.
Ese silencio actual sobre el pasado lesiona, ya que, a pesar de la notoriedad de los hechos delictivos no vemos que se estén atacando los casos más visibles (y deben haber cientos más). Por ello, hasta que no se pruebe lo contrario pareciera que ni siquiera se investigan, lo que genera una gran deuda con la ciudadanía. Así las cosas, para saldarla se requiere que la evidencia haga a un lado la tolerancia y que entonces finalmente lleguemos a la muy deseada determinación de que quien la hizo la debe pagar.
Además, para que la aplicación de la ley en el combate a la corrupción y la impunidad sea efectiva y que se vaya más allá de la voluntad, se requiere de pericia jurídica y mejores prácticas por parte de las autoridades, ya que ésta es la única manera de acabar con la llamada puerta giratoria, denominada así porque los delincuentes entren por una puerta y salen por otra (pero no en lo general porque haya alguna corruptela entre los jueces, sino porque los cargos vertidos en las respectivas carpetas de investigación están deficientemente presentados).
Ante esta realidad, no debemos olvidar que en materia penal tenemos un sistema acusatorio, mismo que nace de la reforma constitucional de 2008 y que entró en vigor en junio de 2016. Estamos así justamente a tres años de que entró en vigor obligatoriamente en todo el país, con lo que se armó un andamiaje legal previsto en la Constitución que incluye la presunción de inocencia – misma que obliga a las autoridades de procuración de justicia a hacer bien su trabajo con pruebas sólidas que sostengan legal y científicamente la culpabilidad de quien sea acusado de la comisión de un delito. Así es que procesalmente se puede revertir la presunción de inocencia, y sólo de esa forma la persona vinculada a proceso sea considerada imputable de algún delito. Recordemos que en el pasado si el acusado era sujeto a consignación por parte del Ministerio Público (MP) en la averiguación previa, ello lo colocaba en ser prácticamente culpable, por lo que tenía que demostrar su inocencia; ahora, es a la inversa, el MP tiene que demostrar la culpabilidad.
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Este nuevo sistema, en lo que hace a la lucha contra la corrupción, es muy importante porque demanda garantizar que sí se confirme la carga probatoria, la investigación y el proceso en el cual justamente se acredite la culpabilidad. El sistema muchas veces se critica como lo dijimos antes, pero la realidad es que la puerta giratoria en la gran mayoría de los casos es resultado de la impericia con la cual se conducen las investigaciones, y la judicialización de la carpeta de investigación no resulta en una sentencia condenatoria, pero porque el trabajo previo no se hizo bien, al ser un hecho que policías, fiscalías y demás involucrados no actuaron en la forma en que la ley lo requiere.
Regresando al tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, hay que destacar que de las diversas prácticas que generaron grandes fugas de recursos gubernamentales, con la complicidad desde luego de servidores públicos, fueron las que se desarrollaron en el tema de adquisiciones y compras gubernamentales. En este particular, la actual administración ha optado por encausar la práctica de centralizarlas y de realizar muchas de ellas por adjudicación directa. Esto no es asunto menor puesto que ambas no se presentan como las mejores opciones si de lo que se trata es de abatir la corrupción. La concentración de recursos y la opacidad en asignaciones no son las mejores opciones posibles.
No podemos dejar de lado el mandato del artículo 134 constitucional, mismo que impone a la administración pública actuar siempre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, en particular para lograr la consecución de los objetivos a los que estén destinados los mismos.
La centralización de las compras gubernamentales no puede solo depender de un grupo de personas, y así resulta ser una mala estrategia de mediano y largo plazo, por razones muy sencillas, entre ellas que por definición las personas somos falibles – no se trata de considerar simplemente que las personas a cargo sean franciscanamente honestas; la historia está llena de casos en los cuales la falta de controles propicia la corrupción.
En segundo lugar, debemos reconocer que las compras gubernamentales requieren de especialización, pues se trata de artículos sumamente diversos. Es diferente hacer compras de medicinas que lo que aplica en el sector de la infraestructura, así como resulta en materia de educación, por citar un par ejemplos nada más.
Por ello, es inviable pretender que una sola oficina se pueda encargar eficientemente de todas las materias en las cuales el gobierno tiene necesidades. Nos parece que esa práctica está destinada al fracaso, no porque las personas sean malas, sino porque nadie tiene tal cantidad de conocimientos y experiencia como para ser eficiente en materia de compras y adquisiciones tan amplias.
Justo es mencionar que la palabra corrupción normalmente está asociada a una persona que literalmente mete la mano a las cuentas y toma recursos para sí, que por supuesto es una forma de corromper, pero otra forma de hacerlo también es por ineficiencia, ineficacia, o ineptitud en el uso de los recursos públicos, lo que infringe las reglas apuntadas que señala el artículo 134 constitucional.
Así las cosas, para concluir no debemos perder de vista que en el combate a la corrupción, como en muchos otros temas, la ciudadanía debe tener un papel ejemplar y ser exigentes, informarse, y ser cien por ciento intolerantes ante la corrupción y la impunidad. Para ello se requiere de la más elemental congruencia, porque no podemos aspirar a que exista una lucha frontal contra la corrupción, si nosotros mismos la fomentamos, la toleramos o en algunos casos inclusive somos participes directos. De nosotros depende en gran medida que el gobierno actúe contundentemente contra estos flagelos al ver que la sociedad ya no está dispuesta a ser parte del problema, sino de la solución. Sí se puede.
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel
Juan Francisco Torres Landa Juan Francisco Torres-Landa, socio director de Hogan Lovells BSTL. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como abogado corporativo, ha asesorado a clientes de diferentes industrias.