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A un año de la llegada de AMLO al poder, un recuento necesario

18-12-2019, 6:25:07 AM Por:
AMLO
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A un año del gobierno de AMLO, es necesario un ejercicio para identificar los aciertos, que innegablemente existen, los desaciertos y los temas pendientes.

PA un año de gobierno de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es necesario un ejercicio de reflexión para identificar los aciertos, que innegablemente existen, los desaciertos y, en especial, los temas pendientes que se tienen para que se puedan corregir a tiempo en beneficio de los ciudadanos de México.

Como parte de los aciertos, es importante destacar que se ha respetado tener un presupuesto equilibrado, es decir, no se ha echado a andar el gasto dispendioso y que hubiera podido generar un déficit fiscal. Otro punto es que se ha respetado la autonomía del Banco de México, un tema muy importante que debe seguir intacto. En este rubro de puntos favorables también hay que señalar que se ha cuidado mucho la relación con Estados Unidos y en general en todos los temas de tratados comerciales; como muestra clara tenemos el T-MEC y su reciente modificación y aprobación.

De tal manera que, afortunadamente, en temas macro y en cuestiones de gran alcance no se ha caído en tentaciones de corte populista; lo que sin duda podría haber generado muchos más problemas de los cuales preocuparse.

Los puntos en los que al parecer no se han realizado las cosas de la manera acertada y, más allá de los dichos, las cifras lo destacan, es el caso del nulo crecimiento económico. Dicho factor es básicamente resultado de la enorme incertidumbre que se ha propiciado desde la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, y por lo mismo que las inversiones no estén fluyendo.

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Por otra parte, mientras la economía se frena es imposible que la recaudación aumente y el margen de maniobra del gobierno es muy limitado, por no decir que absolutamente comprometido. Lo anterior implica que el gobierno no va a tener recursos para hacer frente a la serie de compromisos que ha asumido, como son los programas de asistencia social. Aunque el objetivo de abatir o reducir los márgenes de inequidad y diferencias en el país es absolutamente necesario, la forma en la que se está llevando a cabo no es la más estructurada – una simple dadiva no trasciende en el mediano y largo plazo, cuando lo que realmente se requiere es una evolución permanente en la calidad de vida de los destinatarios. Esto nos plantea que, si no logramos elevar los niveles de desempeño económico, y por lo mismo de remuneración, nos podemos hundir en una situación de estancamiento complejo.

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Si a esto le agregamos la gran crisis de carencia de fondos para sostener pensiones en nuestro país, en caso de no hacerle frente, en pocos años va a explotar con una enorme decepción social, producto de un desencanto generalizado al ver que las pensiones no llegan ni a un tercio de los salarios al momento de la jubilación.

En este escenario, es fundamental reconocer que se requiere una reingeniería, una reforma fiscal de fondo que genere una mejor recaudación y que justamente permita aspirar a en tres o cuatro años a hacer frente a la crisis de las pensiones. De esta manera, se va a requerir de una mayor recaudación, léase, mayor número de impuestos. También va a requerir mayores niveles de aportaciones para que los fondos de retiro crezcan en sus niveles de flujo y en sus niveles de existencia en los siguientes años. Se trata de puntos complejos como generar más impuestos, generar más aportaciones y elevar la fecha de retiro, los cuales son temas que no son socialmente atractivos, pero que, si no se llevan a cabo, daremos paso a un problema social de proporciones épicas en un plazo tan cercano de tres o cuatro años.

En otro rubro, a un año de distancia hay que recordar que la única forma en que un Estado puede jactarse de eso, de ser un Estado y de rendirle cuentas a su electorado, es cumplir con sus obligaciones básicas, y una de ellas es brindar seguridad. Si no se corrige este rubro es difícil aspirar a que en las demás áreas del país se pueda tener éxito. Sin seguridad la economía no puede crecer y las familias no pueden aspirar a una digna calidad de vida y movilidad; sin ella la educación no puede crecer en calidad y capacidad, entre otras cosas. Por ello, es urgente un mejor desempeño en todo lo que se refiere a seguridad y justicia, y hoy es claro que no se está haciendo la tarea y las cifras son crudas y trágicas. Este año que acaba es ya el más violento en la historia reciente del país y no se ve que haya una mejoría. Por el contrario, tenemos de hecho una situación en la cual 2020 será todavía un año más violento. Por doloroso que resulte, siempre se puede estar peor.

Existen ejemplos que demuestran la gravedad de lo que aquí se señala, como el secuestro, el homicidio, los robos en sus distintas facetas y en especial la extorsión y el derecho de piso. Cuando un Estado permite que haya una organización que exija una contribución a cambio de no violencia, nos pone de frente a una situación en que queda claro que la pugna contra la delincuencia se está perdiendo.

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Finalmente, en materia de lucha contra la corrupción efectivamente se han dado señales de que se va a perseguir a personas involucradas en actos que son claramente de este cáncer como es el robo al erario. Ya hay obviamente algunos casos en los cuales se están persiguiendo y eso está bien. Lo único es que esa persecución no debería y no podría tener tintes políticos. La aplicación de la norma y en este caso, la persecución de quienes en cualquier caso lucraron ilegítimamente con los puestos que ostentaban, mediante la asignación ilegal de obras y de contratos, entre otros, no tendría que tener de ninguna manera orientación política. La justicia se tiene que aplicar ciegamente y los órganos de procuración tendrían que ser autónomos para evitar que haya personas protegidas. Lo anterior hoy en día no sucede, pues al hacer un análisis se encuentra una clara distinción entre, por ejemplo, el caso de Rosario Robles y el de Manuel Bartlett.

Además, es necesario completar la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene rango constitucional, pero que no ha tenido todas las piezas para ya entrar en funcionamiento pleno. Ojalá que pronto se hable del caso y que, aunado a la independencia y a la credibilidad de la forma que investiga, pueda ser justamente un arma que nos deje a todos tranquilos de que efectivamente hay un punto final a esta lamentabilísima situación e inercia de una corrupción que durante años ha existido en el país y que, particularmente en el sexenio pasado, cobró una dimensión obscena.

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Así es que en este primer aniversario del gobierno de AMLO se puede hacer un balance objetivo de lo que funciona y no. Se debe así reconocer la imperante necesidad de estimular la economía (como el propio AMLO lo admitió a propósito de la firma del T-MEC), fomentar la confianza (la reinstauración de la obra en Texcoco lo lograría), y dar seguridad y justicia en serio (con coordinación, inteligencia y fortalecimiento a todas las policías del país y no apostando a la militarización que implica la Guardia Nacional). Pero además es muy importante fortalecer instituciones y contrapesos, algo que no está sucediendo y que es uno de los grandes rubros de quejas sobre la ruta del actual gobierno.

Esperemos que, por el bien del país, se recapacite sobre lo que se está haciendo en los ámbitos de mejora posible y necesaria. Si AMLO quiere ser, como lo dijo al tomar posesión, el mejor Presidente del país, deberá hacer los ajustes en los temas referidos. Los grandes estadistas en la historia son los que han sabido corregir decisiones, no los que se empecinaron en no modificar a pesar de las claras señales de desgaste y nulo beneficio. Veamos a qué grupo quiere pertenecer el primer mandatario. Confiamos en que prevalecerá el bien superior de la nación en lo que se decida para el segundo año de gobierno.

Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja únicamente la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel

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mm Juan Francisco Torres-Landa, socio director de Hogan Lovells BSTL. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como abogado corporativo, ha asesorado a clientes de diferentes industrias.
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